El acuerdo entre Pachakutik y la Revolución Ciudadana, firmado a cambio de apoyo electoral, podría costarle a Ecuador al menos $10.000. Menores ingresos fiscales combinados con mayor gasto público plantean un desafío económico sin precedentes para el país.
El pasado 30 de marzo de 2025, la dirigencia del movimiento Pachakutik (PK), brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y la Revolución Ciudadana (RC) firmaron un acuerdo programático que contiene 25 puntos de cara a las elecciones presidenciales de segunda vuelta del 13 de abril de 2025.
A continuación, LA HORA hace un análisis de cuánto podría costarle al país cumplir con esos 25 puntos en un eventual Gobierno del correísmo con Luisa González a la cabeza:
Análisis de costos punto por punto:
1.- Lucha contra la inseguridad: En concreto, González se comprometió a «Luchar contra la inseguridad en Ecuador a través de dotación inmediata de equipamientos de calidad a nuestras fuerzas públicas, así como la implementación de planes y políticas públicas que enfrenten urgentemente la problemática social y la pobreza que atraviesan los ecuatorianos. Implementar un respeto a los derechos humanos».
Solo la dotación inmediata de equipamiento y la implementación de programas sociales requerirían una inversión mínima de $1.500 millones anuales en seguridad y bienestar social.
2.- Restricción a la minería legal y combate a la minería ilegal: En concreto, González se comprometió a implementar «acciones inmediatas y permanentes para enfrentar la minería ilegal, auditoría y moratoria minera, eliminar la minería a gran escala de cielo abierto en zonas de recarga hídrica y de biodiversidad. Así como cumplir con las consultas populares de Yasuní, Chocó Andino, Azuay y otros, respeto a la consulta previa, libre e informada, evitar la ampliación de la frontera petrolera y generación de un plan nacional para enfrentar cambios climáticos y fomento de energías renovables».
Ecuador podría perder entre $2.000 y $3.000 millones al año en exportaciones con el freno a la minería a gran escala y la moratoria minera (no entregar licencias ni permisos), además de $1.340 millones en impuestos y regalías. Esto también pondría en riesgo miles de empleos y el desarrollo de infraestructura.
El campo Sacha es uno de los principales yacimientos petroleros del país, con una producción promedio de 75.000 barriles diarios. La concesión a privados podría generar ingresos de más de $10.600 millones en 20 años, sin incluir lo que podría generar el aprovechamiento del gas asociado.
Lo más de $10.600 millones incluyen $1.500 millones de ingresos inmediatos vía anticipo o prima, que el Estado hubiera recibido este 2025 y que incluso están registrados como el en presupuesto prorrogado que está ejecutando el Gobierno de Daniel Noboa. Sin embargo, la concesión al consorcio Sinopetrol no se concretó.
Si el Estado mantiene el control sin inversión privada, podría enfrentarse a menores ingresos y mayor dificultad para mantener los niveles de producción. Solo en 2025, como analizó LA HORA, la no concesión de Sacha permitiría una caída del 27% en la producción petrolera y que no se puedan reemplazar los 15.000 barriles que se dejarán de producir en el ITT. Solo esto último representaría dejar de percibir ingresos por más de $350 millones al año.
3.- Garantizar y fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe: Requeriría una inversión inicial de al menos $200 millones para infraestructura, capacitación docente y materiales educativos.
4.- Iniciar acciones inmediatas para el cobro de valores pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI) de los mayores deudores con el Estado: Aunque podría generar ingresos importantes, las dificultades legales y administrativas hacen incierta la posibilidad de recuperar los valores en el corto plazo.
5.- Condonación de deudas vencidas de hasta $ 10.000 a los sectores más pobres del Ecuador en el ámbito agropecuario y pesquero: Esta medida podría costar al menos $2.000 millones y afectar la estabilidad del sistema financiero, desincentivando el pago de créditos.
6.- Restablecer el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 12 %: El fisco perdería $1.500 millones anuales, agravando el déficit fiscal y limitando el financiamiento de servicios públicos esenciales.
Para cubrir esa pérdida, un eventual Gobierno de González, como analizó LA HORA, se tendrían que subir otros impuestos como:
–Impuesto al patrimonio, que afectarían a personas con altos niveles de riqueza y al sector productivo.
-Aumento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), lo que encarecería las transacciones internacionales.
-Incremento de aranceles a las importaciones, lo que podría afectar el costo de vida y la competitividad empresarial.
7.- Derogatoria de todos los decretos emitidos por Daniel Noboa que atentan contra el ordenamiento jurídico y contra los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como derechos humanos de los ecuatorianos: Esto podría generar inseguridad jurídica y afectar la confianza de los inversionistas.
8.- Descartar la convocatoria a una asamblea constituyente que restrinja o menoscabe los derechos de la naturaleza o atente contra las conquistas sociales de los pueblos indígenas, negros, cholos y montuvios: Evitar la reestructuración del sistema político y económico podría dar estabilidad, pero también impedir reformas estructurales necesarias. Esto mantendría a la economía del país sin crecimiento y la informalidad aumente.
9.- Proteger la producción nacional y garantizar la soberanía alimentaria, privilegiando el financiamiento de programas productivos sustentables para los pueblos campesinos, indígenas, negros, cholos y montuvios: Para garantizar la soberanía alimentaria se requeriría al menos $500 millones anuales en subsidios y programas agrícolas.
10.- Implementación urgente de programas integrales que faciliten la generación de empleo, crédito para vivienda, desarrollo de microempresas, EPC, emprendimientos y acceso laboral para los jóvenes y a otras iniciativas: Esto implica al menos $1.000 millones en créditos subsidiados y programas de capacitación.
11.- Garantizar en el corto plazo el derecho a la salud gratuita y de calidad con inversión en medicinas y equipos para los hospitales públicos, así como la contratación y estabilidad de profesionales de la salud: Se requeriría una inversión inicial de $1.800 millones y un gasto recurrente de $250 a $300 millones anuales.
12.- Garantizar en corto plazo el derecho a la educación pública gratuita y de calidad con inversión urgente de infraestructura de escuelas, colegios y universidades otorgando el presupuesto que se requiera para mejorar y recuperar la educación de niños y jóvenes: La infraestructura y el presupuesto educativo necesitarían una inyección de al menos $2.000 millones para recuperar y mejorar el sistema.
13.- No permitir la privatización de nuestros sectores estratégicos y empresas públicas: Mantener empresas estatales ineficientes podría generar pérdidas de entre $900 y $1.500 millones al año.
14.- Garantizar una política de respeto a la diversidad de los pueblos e implementación de las políticas para la construcción de un Estado plurinacional e equitativo con los indígenas, con los negros, con los cholos y los montuvios: Esto podría implicar una reestructuración institucional con costos desconocidos.
15.- Promover en todas las políticas públicas el acceso equitativo y el respeto a las mujeres y diversidades libres de toda forma de violencia y con garantías de derechos como elemento esencial en el desarrollo del país: Implementar estas políticas requeriría un presupuesto de al menos $200 millones anuales.
16.- Garantizar los derechos de todos los trabajadores y evitar la regresión laboral: Esto podría implicar costos adicionales para el sector público y restricciones para el privado. En concreto, se impediría que baje la alta informalidad laboral que supera los 5,2 millones de personas en Ecuador.
17.- Pago a la brevedad posible de la deuda social y optimización de los gastos del Gobierno central para destinarlos al cumplimiento de obligaciones con todos los proveedores del Estado: Se necesitaría una inyección inmediata de al menos $3.000 millones.
18.- Transparentar las contrataciones en materia eléctrica y de sectores estratégicos cumpliendo con la ley: No implica un costo directo, pero podría mejorar la eficiencia estatal.
19.- Re institucionalizar la política pública y la gestión comunitaria del agua. El Estado debe promover la inversión en obras y de infraestructura, sistema de riego de agua y saneamiento: Esto requeriría un presupuesto de $500 millones anuales.
20.- Promover las alianzas público-privadas-comunitarias a través del financiamiento internacional y el impulso nacional de fuentes diversas, como la banca pública y la economía popular solidaria: Sin incentivos ni reglas claras, podría no atraer suficiente inversión. Solo en el sector petrolero, se necesitan inversiones privadas del extranjero de más de $40.000 millones.
21.- Fortalecimiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y restablecimiento del seguro social campesino: Se necesitaría un aporte adicional de $1.000 millones al año, además de $2.400 millones anuales hasta 2035 para pagar la deuda histórica.
22.- Realización de auditoría a la deuda con el fin de transparentar y fomentar el adecuado manejo económico que garantice la seguridad jurídica y que promueva la atracción de la inversión extranjera: El impacto de una auditoría de la deuda dependerá de con qué fines se haga.
Por ejemplo, si la auditoría, como sucedió en 2009, se utiliza para declarar ilegítimos tramos de la deuda pública y no pagarlos, el resultado será más riesgo país, menos inversión y el cierre del financiamiento de organismos multilaterales. La solución, durante la década correista, fue acudir a China que desembolsó créditos por más de $20.000 millones para varios fines. También se hipotecó gran parte de la producción petrolera a futuro como colateral de créditos caros.
Sin embargo, actualmente China ya no se ve como el gran financista de América Latina como en otras épocas.
23.- Garantizar y fortalecer la dolarización: Para esto se requeriría disciplina fiscal, difícil de mantener con un alto gasto público. Es decir, es incompatible con muchos de los compromisos firmados ente Pachakutik y González.
24.- Implementar planes de asistencia para nuestros hermanos migrantes que retornan al Ecuador: Esto podría costar entre $200 y $500 millones anuales en programas de reinserción económica y social.
25.- Construir una agenda legislativa en defensa de los derechos de los ecuatorianos que permitan la gobernabilidad y el fortalecimiento del Estado constitucional de derechos: Su impacto dependerá de las leyes propuestas.
El cumplimiento total de este acuerdo podría representar un costo adicional de entre $10.000 y $14.000 millones. Con un déficit ya proyectado en al menos $5.000 millones para 2025 y necesidades de financiamiento superiores a los $14.000 millones, el país enfrentaría una crisis fiscal sin precedentes si no se acompañan estas medidas con nuevas fuentes de ingresos o recortes en otras áreas
