Los paros nacionales de 2019 y 2022 dejaron a Ecuador pérdidas multimillonarias de hasta $74 millones por día, con caída del PIB, destrucción de empleos y graves impactos en producción y comercio. Hoy, la Conaie convoca a una nueva paralización indefinida.
El fantasma de las millonarias pérdidas que dejaron los últimos paros indígenas vuelve a rondar al país. La Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó el jueves 18 de septiembre de 2025 a un paro nacional “inmediato e indefinido”, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, que elevó el precio del combustible a $2,80 por galón.
La decisión revive el recuerdo de lo ocurrido en 2019 y 2022, cuando las paralizaciones no solo trastocaron la vida cotidiana, sino que también golpearon con fuerza la economía nacional.
2019: 11 días con pérdidas por $821 millones
El paro de octubre de 2019, que se extendió durante 11 días, costó al país $821,68 millones, según el Banco Central y el Banco Mundial. Eso significó pérdidas diarias de alrededor de $74,7 millones. El golpe se sintió especialmente en los sectores productivos ($465,8 millones) e infraestructura ($312,3 millones). Comercio, energía, turismo, industria y transporte fueron los subsectores más golpeados, arrastrando a miles de pequeños y medianos negocios a pérdidas irreparables.
En términos macroeconómicos, la protesta redujo en 0,13% el Producto Interno Bruto (PIB) de 2019. En términos humanos, significó quiebras, desempleo y un duro retroceso en sectores que sostienen gran parte del empleo formal e informal del país.
2022: 18 días con un costo de $1.115 millones
Tres años después, entre el 13 y el 30 de junio de 2022, Ecuador vivió otra paralización nacional, esta vez de 18 días. El costo fue mayor: $1.115,4 millones, es decir, unos $61,9 millones diarios. Según el Banco Central, el impacto representó cerca del 1% del PIB corriente proyectado para ese año y derivó en una caída del PIB real de 0,6%.
El sector petrolero perdió $329,7 millones, mientras que el resto de actividades económicas registraron $785,7 millones en perjuicios. El comercio, la manufactura, la agricultura y el turismo encabezaron la lista de sectores no petroleros más afectados. Además, los daños materiales alcanzaron $10,6 millones en bienes públicos y privados.
Más allá de las cifras, el paro de 2022 significó la destrucción de cerca de 58.000 empleos formales, con un impacto multiplicador sobre unas 230.000 personas que dependían de esos ingresos. Los trabajadores informales —que viven del día a día y dependen del comercio, el transporte y las ventas callejeras— fueron los más vulnerables ante el bloqueo de carreteras y el desabastecimiento.
“Ambos paros demostraron que el costo de la protesta no se limita a cifras macroeconómicas. La destrucción de empleos, la reducción del consumo, la paralización del transporte y el deterioro de la inversión dejaron cicatrices sociales profundas. Emergencias médicas que no llegaron a tiempo, ambulancias bloqueadas y empresas familiares quebradas fueron parte del saldo humano”, acotó Andrés Rodríguez, economista.
La convocatoria de la Conaie a un paro nacional indefinido reabre una vieja herida: la de un país que ya ha pagado en el pasado un costo económico y social altísimo por paralizaciones que, solo en 2019 y 2022, sumaron casi $2.000 millones en pérdidas.
