Preocupación, es el término en el que coinciden representantes de organizaciones ambientalistas respecto a las políticas del presidente Daniel Noboa. Unos esperan un diálogo, otros ya articulan acciones de presión. El Gobierno no se pronuncia.
Varias organizaciones sociales se manifestaron contra el Gobierno Nacional, en la última semana. Cada una hizo una exigencia particular, pero todas coincidieron en rechazar las políticas ambientales del presidente Daniel Noboa.
El 20 de agosto de 2025, habitantes de la nacionalidad Waorani, respaldados por organizaciones ambientales, solicitaron a la Corte Constitucional (CC) que haga un seguimiento al cumplimiento de la consulta popular de agosto de 2023, la cual prohibió la explotación petrolera en el Yasuní.
Al siguiente día, el 21 de agosto de 2025, representantes de la Federación de Organizaciones Campesinas (FOA) del Azuay anunciaron una marcha y un levantamiento para que se respeten las consultas populares que prohibieron la minería en zonas de esa provincia y evitar el extractivismo en Kimsakocha.
Y el 22 de agosto, habitantes de Palo Quemado y Las Pampas, de Cotopaxi, protestaron en los exteriores del Ministerio del Ambiente, en Quito, para rechazar el proyecto minero La Plata.
Sin pronunciamiento del Gobierno de Daniel Noboa
“Lo dijimos en campaña y hoy cumplimos: el Yasuní debe detener toda actividad relacionada a la extracción petrolera”, publicó Noboa en sus redes sociales el 8 de mayo de 2024, cuando firmó el Decreto Ejecutivo 257 para crear un comité para ejecutar la voluntad popular sobre el retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción del petróleo en el Bloque 43 del Yasuní, en la Amazonía.
Pero los representantes de la nacionalidad Waorani recordaron que la CC estableció como plazo el 31 de agosto de 2024 para el cese de la explotación petrolera, fecha que el Estado no ha cumplido para el cierre técnico de todos los pozos.
Hasta el 22 de agosto de 2025, el Gobierno no emitió ningún pronunciamiento oficial sobre los reclamos de los ambientalistas. Aunque el Ministerio de Ambiente y Energía difundió en la red social X, el 20 de agosto, que el proceso de fusión de los ministerios continúa: “Nuestro compromiso es claro: impulsar políticas públicas que fortalezcan los sectores estratégicos y nos conduzcan hacia un desarrollo sostenible”.
La apuesta por el diálogo
Sigrid Vásconez, directora ejecutiva de la Fundación Ecuatoriana por la Equidad (Ñeque), comenta que junto a otras organizaciones hicieron llegar a Noboa, durante su campaña electoral, una propuesta sobre una nueva institucionalidad ambiental para Ecuador, pero no tuvieron respuesta.
En el documento detallaron lo que no estaba funcionando en el Ministerio de Ambiente y expusieron que la entidad atravesaba cuatro dimensiones críticas:
1. Conflicto de intereses estructurales.
2. Debilidad institucional crónica.
3. Desarticulación intersectorial.
4. Modelo extractivista de corto plazo.
“Con el decreto de la fusión (de ministerios) ahondaron aún más en la debilidad observada”, señala Vásconez.
Resume que hay varios elementos sobre la mesa del sector ambientalista. “En principio aplaudimos ese proyecto de ley (Ley de Áreas Protegidas) que salió para implementar un servicio nacional de áreas protegidas, un tema que hemos empujado desde hace mucho tiempo. Pero después se anunció la fusión del Ministerio de Ambiente y Energía, ahí nos dejó completamente atónitos porque esa ley que se aprobó queda colgada con una institucionalidad con muchas incógnitas por resolver”.
Explica que el ambiental es un tema crítico para el país, porque implica asuntos de agua, biodiversidad y cambio climático, que dentro de una nueva estructura como la que plantea el Gobierno “ya no tendrían la jerarquía necesaria”.
Por eso plantea la necesidad de un diálogo como iniciativa del Gobierno: “Tiene que haber una apertura a la discusión. Entendemos que hay una necesidad de mejorar la gestión ambiental en este país, pero las salidas no son simplemente fusionar y esperar que así se vaya a resolver la política ambiental”.
Las calles como escenario de presión
Gustavo Redín, vocero de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), concuerda en que hay algunas preocupaciones.
“Consideramos que es un retroceso completo en materia de control y autoridad ambiental. Es un error garrafal hacer esta fusión (de ministerios)”, menciona.
Junto a otras organizaciones, que son parte de la asamblea socioambiental y animalista (180 organizaciones), expuso que se encuentran analizando todas las normativas en materia ambiental.
“Nos preocupa el avance de las conversaciones sobre el proyecto de Ley de Fundaciones (Ley Orgánica de Transparencia Social), en donde encontramos un marco jurídico abierto que podría significar controles excesivos o de hostigamiento a organizaciones sociales”, argumenta.
Asegura que como asamblea han solicitado ser escuchados tanto en el Legislativo como en los ministerios en fusión, pero no han obtenido respuestas.
“Evidentemente (el tema ambiental) es un foco rojo para el Gobierno. Ha sido un Gobierno que se ha presentado abiertamente extractivo, a pesar de que ese no fue su discurso en la primera campaña electoral (2023). Tenía un discurso pro Yasuní, pero a la larga ha sido un Gobierno que se ha enfrentado directamente en contra de las posiciones de los movimientos ambientales e inclusive los derechos conseguidos. Basta con revisar lo que está pasando en Kimsakocha”, cuestiona.
Redín evalúa que con la falta de apertura al diálogo, el Gobierno de Noboa está minando las posibilidades de gobernanza con las organizaciones. “Si es que no se nos escucha de manera directa, no queda otra que buscar otros mecanismos para ser escuchados, como puede ser la calle”.
Anticipó que participarán en la marcha y levantamiento anunciados por la FOA para el 16 y 23 de septiembre de 2025 en Cuenca.
Por otro lado, Ricardo Buitrón, presidente de Acción Ecológica, resalta que la sociedad empieza a reaccionar y no descarta que más organizaciones sociales, no solo ambientales, se sumen al proceso de articulación en marcha.
El 16 de agosto, los ambientalistas participaron en la convención del Frente Unitario de Trabajadores, que congregó a diferentes sectores, donde definieron una movilización nacional para el 11 de septiembre por varios motivos.
“Creemos que tiene que ser prioritario el tema ambiental y lo que vemos es más bien un retroceso de décadas, en lugar de tomar todas las medidas necesarias para una protección ambiental que garantice la vida de la población y de las futuras generaciones”, enfatiza Buitrón.
Recuerda también que Noboa reflejó un discurso “refrescante” en campaña, pero dice que ha cambiado: “Se presentó como un defensor de la naturaleza y lo que vemos es que eso no sucede”.
LA HORA buscó la versión del Ministerio de Ambiente sobre qué va a pasar con los procedimientos dentro de las consultas y el otorgamiento de las licencias ambientales , debido a la fusión; qué rol tendrá respecto al cierre de los pozos petroleros y cuál es la postura respecto a las críticas de los ambientalistas. Pero no hubo respuesta.
También se consultó a la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, así como al Ministerio de Gobierno sobre si habrá apertura al diálogo con los ambientalistas. Tampoco hubo respuestas.
El ambientalismo, un recurso “sexi” de campaña
Verónica Arias, abogada en Derecho Ambiental, observa que el incumplimiento de la voluntad expresada en las consultas populares “erosiona el Estado de derecho”.
Refiere que las consultas ambientales y las licencias ambientales deben seguir procesos independientes y no de una misma institución.
“En una fusión como esa lamentablemente sí puede generar conflicto de intereses. Es juez y parte”, indica.
Arias resume el cambio del discurso de Noboa en que “en muchos gobiernos en campaña, el tema ambiental es muy sexy para una agenda política, es muy atractiva especialmente para los jóvenes y para ciertos sectores. Es un tema de utilización en campaña por votos, luego simplemente ya no es prioridad. Se dan cuenta de que en realidad sí cuesta y que siempre la agenda productiva o de explotación va a estar por encima de una agenda de conservación”.
Ante esto, sugiere que el Gobierno debería enfocarse en generar alternativas de ingresos económicos para el país para no depender solo de la minería y el petróleo. “Establecer a largo plazo una política de Estado, no una política de Gobierno coyuntural donde quieren generar resultados en los cuatro años, sino dejar las bases sentadas a futuro para que cambie el modelo de país”.
Para la jurista, no están claros los objetivos del Gobierno con los proyectos y leyes mencionadas por los ambientalistas. Subraya que hay un “deterioro de la institucionalidad ambiental del país”, en lugar de un fortalecimiento. Resalta que para no tomar decisiones atropelladas, el Gobierno debe escuchar a los sectores y explicar el fondo de sus medidas.
