“Ecuador y la India fortalecen su relación bilateral”, destacó la Cancillería ecuatoriana este 21 de septiembre de 2026 debido a un encuentro entre autoridades.

Roberto Kury, canciller de Ecuador, se reunió son su homólogo de la India, Subrahmanyam Jaishankar, en Nueva York, Estados Unidos, en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Las autoridades mantuvieron un diálogo para abordar oportunidades de cooperación y ampliar los vínculos entre ambos países, subrayó la Cancillería ecuatoriana.

La conversación incluyó temas de:

• Comercio
• Energía
• Salud
• Movilidad
• Formación de talento
• Cooperación multilateral

El presidente Daniel Noboa también se encuentra en Nueva York para participar en el evento, aunque hasta este lunes el Gobierno no ha revelado hora y fecha para su participación. 

El correísmo, liderado por el expresidente Rafael Correa, tiene partidarios y opositores. En el segundo grupo se encuentra el anticorreísmo, ahora con algunas variantes, según los analistas consultados. No obstante, consideran que actualmente hay escasas posibilidades de que todos los anticorreísmos se unifiquen porque no tienen los mismos principios ni intereses.

El correísmo, en cambio, está unificado. Rafael Correa reside en Bélgica y en Ecuador es Gabriela Rivadeneira quien dirige esa tendencia como presidenta de la Revolución Ciudadana (RC).

¿El anticorreísmo se ha incrementado y dividido en Ecuador?

Lolo Echeverría, periodista y analista político, observa que hay distintas clases de anticorreísmo y que este se ha fragmentado ante la creciente desconfianza hacia el presidente Daniel Noboa, que encarnó la totalidad del anticorreísmo.

Identifica tres variantes del anticorreísmo:

1. El anticorreísmo encarnado por Noboa y sus aliados: “Hay un noboísmo fiel y muy disciplinado que considera emocionalmente que es el lado bueno. Aceptan todo”. Pero advierte que aquí hay otro grupo que tiene mayor reflexión: el de los académicos, analistas políticos y grupos de empresarios, pero que tienen miedo al autoritarismo de Noboa.
2. El anticorreísmo decepcionado del Gobierno de Noboa: “Son los que quisieran apartarse de este autoritarismo, pero sin volver al correísmo. Le llaman la tercera vía, restitución de la democracia o sentido común”. Incluye en este grupo al sector popular del país que necesita soluciones a problemas como la inseguridad, la crisis económica o el costo del transporte público.
3. El anticorreísmo opositor a Noboa: “Es la ciudadanía que rechaza abiertamente a Noboa, son opositores por la forma de gobernar, por la incapacidad y la inoperancia del Gobierno”. Señala que en este grupo están quienes no votaron en las elecciones presidenciales por el correísmo ni por Noboa. “Es un grupo de intelectuales, pero jóvenes”. Incluye aquí a ecologistas, indígenas más ideológicos, a quienes se oponen a la minería.

El anticorreísmo legítimo y la construcción de una opción electoral

El abogado y político Andrés Páez expresa que en Ecuador el “anticorreísmo legítimo es una fuerza electoral inorgánica, no estructurada formalmente”, pero también existe un correísmo light. Lo explica: “Quieren ser benignos y contemplativos con el correísmo porque su propósito es plantear una supuesta tercera vía que ha venido fracasando en varios procesos electorales. Lo intentan nuevamente, utilizando al anticorreísmo, y eso no lo vamos a permitir”.

Para Páez, no es una opción que todos quienes se denominan como anticorreístas confluyan porque hay diferencia de principios: “El que nosotros encarnamos es un anticorreísmo que lo construimos luchando en las calles contra Correa cuando él tenía todos los poderes. Un puñado de gente fuimos perseguidos. Ese anticorreísmo sigue vigente frente a los 10 años de abusos. Otros por conveniencia en su momento quisieron aparecer como anticorreístas”.

Algunas figuras que en su momento fueron parte de Alianza País (hoy RC) tuvieron su paso por el Gobierno de Noboa. Páez lo analiza: “Incorporar figuras del correísmo al Gobierno de Noboa le desgasta y le hace un flaco favor. Tarde o temprano, el Gobierno entenderá los efectos de la traición, de la maledicencia y seguramente de algún acto irregular, lo inconveniente que resulta ser contemplativo con algunas figuras del correísmo que han aparecido por ahí”.

Sin embargo, Páez subraya que Noboa tiene algunos méritos en su gestión, como el manejo de la dolarización, la consolidación de un frente externo de la economía, y no tener control de la Corte Constitucional. “No veo a Noboa con un aparato de propaganda fascista al estilo nazi como el que montó Correa”.

El abogado destaca que el anticorreísmo legítimo busca:

• Evitar que el correísmo vuelva a gobernar el país.
• Que el correísmo se perennice en el poder.
• Que el país esté bajo el manejo del “brazo político de grupos criminales”.
• Sustituir la Constitución de 2008.
• Realizar una articulación del anticorreísmo legítimo.

“El desafío para el anticorreísmo legítimo es construir una opción electoral. Hay que comenzar a articular de manera más orgánica a las fuerzas ligadas al auténtico anticorreísmo, para convertirnos en un grupo que efectivamente pueda quitarle la máscara a quienes se dicen anticorreístas, pero que son los que verdaderamente jodieron al país”, plantea. Eso será para futuros procesos electorales, no para las seccionales de 2026, añade.

¿Cómo darle identidad al anticorreísmo en Ecuador?

Jorge Peñafiel, constitucionalista y exasambleísta, señala que el anticorreísmo no es una corriente ideológica ni política ni social. “No tiene una identidad ideológica clara ni proviene de una corriente social importante porque es una fuerza que se opone a que Correa y su movimiento vuelvan al poder”, observa. Bajo esa lógica, la fortaleza o debilidad del anticorreísmo depende del correísmo, agrega.

En cambio, dice, el anticorreísmo que sí tiene una esencia y puede disputar las elecciones será el que plantee una propuesta positiva, organizacional, política, con base a principios, ideología, programa político y económico para el país.

Jorge Peñafiel, abogado y exasambleísta de Construye.

Sin embargo, Peñafiel ve que no hay posibilidad de unidad en el anticorreísmo, mientras Noboa pretenda acaparar todo el anticorreísmo. Pone dos ejemplos: “Ha impedido la participación de organizaciones y líderes que no son correístas. El ejemplo más claro es el movimiento Construye. También se notó cuando el expresidente Osvaldo Hurtado, siendo uno de los más anticorreístas, criticó la forma de gobierno de Noboa”.

Para plantear una propuesta hacia lo electoral, se requiere tener requisitos, indica Peñafiel, como:

• Una organización política habilitada, con presencia, que aglutine a liberales y demócratas.
• Recursos económicos para la organización política y campañas.
• Elecciones justas.
• Ciudadanía que quiera militar y ejercer.
• Liderazgos.

¿La tercera alternativa se está bloqueando en Ecuador?

“No somos anticorreístas, no queremos venganza ni resentimientos, pero sí tenemos memoria. (Correa) se aprovechó disfrazándose de ecologista y abriendo las puertas a la minería. Por ese gobierno tenemos una Ley de Minería”, declara Yaku Pérez, candidato a la alcaldía de Cuenca por la alianza entre Somos Agua, Unidad Popular (UP), Futuro e Izquierda Democrática. UP auspicia al correísmo en Quito.

Compara a Noboa con Correa: “Noboa trata de convertirse en el líder del anticorreísmo, pero con las mismas prácticas del correísmo, es decir, es el mismo lobo, con un collar distinto”.

Frente a eso, Pérez aún ve la opción de otra alternativa para el país: “Estará enterito el construir la tercera vía libre de todas esas taras coloniales, racistas, xenófobas, extractivistas, colmadas de corrupción y de totalitarismo. Falta construir la unidad en una diversidad, pero no por ser diversos se puede aceptar a anticorreístas que se han camuflado”.

“Es incomprensible e inentendible que olvidemos con una facilidad extrema, es no tener memoria el hacer alianzas con quienes antaño nos persiguieron. Eso es lo que yo no entiendo. Eso es lo que frustra la construcción de esa tercera vía”, afirma Pérez.

¿Cómo superar eso? “Con una política de extremo cuidado en la ética y desempolvando todas las travesuras que hicieron estos regímenes que han sido letales para la política ecuatoriana”, responde. (KSQ)

Daniel Elmir, viceministro de Desarrollo Urbano Sostenible y Vivienda, que es parte del Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT), lideró el evento Expo Construye New York 2026 durante el 19 y 20 de septiembre en Estados Unidos (EE.UU.).

Mediante ese evento, el MIT aceró a los ecuatorianos que viven en EE.UU. las alternativas que dispone el Gobierno para acceder a vivienda.

En el evento también participó la cónsul general del Ecuador en Nueva York, Gicela Andrade. El presidente Daniel Noboa también se encuentra en EE.UU. debido a su agenda oficial para asistir a la Asamblea Nacional de la Organización de las Naciones Unidas. Pero el mandatario no estuvo en la Expo Construye New York 2026.

¿De qué se trató la Expo Construye New York 2026?

El evento reunió a más de 45 stands del sector:

• Inmobiliario
• Banca
• Academia
• Gobierno nacional

El propósito fue brindar información sobre opciones de:

• Financiamiento
• Proyectos habitacionales
• Programas disponibles para adquirir una vivienda en Ecuador

“Más de 5.000 ecuatorianos residentes en diferentes ciudades y sectores de EE.UU. recibieron orientación sobre las alternativas para acceder a una vivienda y construir patrimonio en Ecuador”, destacó el MIT.

El viceministro Elmir destacó en el evento: “El Gobierno nacional ha creado una política pública que atiende las necesidades de los ecuatorianos. Sabemos que muchos han trabajado toda su vida y que tener una casa propia es un anhelo que, estando fuera de su país, puede parecer lejano. Hoy estamos aquí para acercar esas oportunidades y contribuir a que esos sueños se cumplan”.

El funcionario, además, refirió que es clave que el Gobierno nacional se articule con los constructores privados para ofrecer las mejores soluciones y que los ecuatorianos cumplan su sueño de tener una vivienda propia.

Metas del Gobierno en vivienda

El Gobierno nacional buscar reducir el déficit habitacional y avanzar hacia la meta de 200.000 soluciones habitacionales. La Expo Construye forma parte de las acciones ejecutadas y en marcha para llegar a las 50.000 a escala nacional, este avance se desarrolla en el marco de 2026, declarado Año de la Construcción, subrayó el MIT.

En el evento también hubo espacios informativos de otras instituciones como el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otras entidades financieras que ofertan para vivienda. 

El clima en Quito tendrá cambios durante este lunes 21 de septiembre de 2026. El pronóstico meteorológico señala una mañana con periodos de cielo poco nuboso y parcialmente nublado, mientras que durante la tarde aumentará la posibilidad de lluvias.

En Quito, la temperatura máxima estará entre 21 y 25 °C. Durante la mañana se prevé cielo poco nuboso y parcialmente nublado, pero en horas de la tarde se esperan chubascos dispersos con probabilidad de tormentas.

Uno de los factores que requiere atención es el nivel de radiación ultravioleta (UV), que se ubicará en la categoría de extremadamente alto. Por ello, la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación representa un riesgo para la piel y los ojos.

Para quienes se movilicen por Quito, el pronóstico implica tomar en cuenta tanto la radiación UV extremadamente alta durante las horas de mayor exposición como la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. 

Una trama de corrupción sin precedentes para burlar los controles del sistema de justicia y penitenciario en Ecuador fue al descubierto. En rueda de prensa, el ministro del Interior, John Reimberg, reveló la desarticulación de una presunta red criminal formada por siete médicos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). La organización recurría a un insólito método: utilizaban un guante de látex con la huella dactilar de un peligroso narcotraficante de origen albanés para simular que este acudía periódicamente a registrar su asistencia física ante las autoridades ecuatorianas.

El beneficiario de este ardid era Dritan Rexhepi, un conocido capo de la mafia albanesa condenado en Ecuador a 13 años de prisión por narcotráfico. Pese a estar sujeto a medidas cautelares que le obligaban a presentarse de forma regular ante el SNAI, el procesado había abandonado el territorio ecuatoriano el 7 de septiembre de 2022 a través del paso fronterizo de Rumichaca, valiéndose de una identidad falsa. Posteriormente, en noviembre de 2023, fue capturado en Turquía y extraditado más adelante.

El modus operandi: Tecnología, sobornos y firmas falsas

A pesar de que el criminal llevaba más de un año fuera del país y posteriormente encarcelado en el extranjero, los sistemas oficiales en Ecuador continuaban registrando periódicamente sus marcaciones biométricas como si estuviera presente de manera física.

Según detalló el ministro Reimberg, la red colocaba el guante de látex con el molde de la huella dactilar de Rexhepi directamente sobre los lectores biométricos del SNAI al momento del control. Para cubrir las ausencias cuando el truco del guante no bastaba o para justificar irregularidades, la estructura recurría a la emisión masiva de documentación fraudulenta:

1. Certificados médicos irregulares: Documentos avalados por los profesionales del MSP para respaldar supuestos problemas de salud que impedían temporalmente su asistencia.
2. Falsificación de firmas: Uso de rubro farsa en expedientes e informes técnicos oficiales.
3. Pagos e incentivos económicos: Los implicados habrían recibido sumas periódicas de dinero a cambio de validar los registros y certificar diligencias que jamás se llevaron a cabo.

Allanamientos y reactivación del caso

Las investigaciones para desmantelar esta red tomaron más de ocho meses de trabajo de inteligencia. Durante la presentación del caso, Reimberg cuestionó severamente la inacción previa de la justicia, afirmando que el expediente de este caso permaneció archivado e inactivo «en el cajón de los olvidos» antes de ser derivado a una unidad especializada que impulsó los operativos.

La fase resolutiva se concretó con 11 allanamientos simultáneos en las ciudades de Guayaquil, Quito y Macas, que dejaron un saldo de ocho personas aprehendidas. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para la formulación de cargos por delitos que abarcan falsificación de documentos, delincuencia organizada y fraude procesal. (DLH)

La clase media ecuatoriana sostiene el consumo, mueve parte importante de la economía y mantiene vivas las aspiraciones de movilidad social. Sin embargo, detrás de esa imagen existe una realidad más compleja: bajos ingresos, empleo informal, dificultad para acceder a vivienda y educación que ya no garantiza estabilidad económica. Estas son las cifras que explican por qué la clase media en Ecuador sigue siendo una de las más vulnerables de América Latina.

1. Ecuador tiene una clase media más débil que la mayoría de la región. El Índice de Fortaleza de la Clase Media 2026 ubica a Ecuador con apenas 46,8 puntos, dentro del grupo de países con “clase media vulnerable”. El país ocupa el puesto 11 entre 19 economías latinoamericanas, lejos de líderes regionales como Chile (75,8), Uruguay (71,2) y Panamá (68,3).

Esto significa que gran parte de los hogares ecuatorianos vive sin capacidad real de resistir una crisis económica, una pérdida de empleo o un aumento del costo de vida.

2. Solo el 30% de los ecuatorianos pertenece a la clase media consolidada. De acuerdo con el Banco Mundial, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos forman parte de una clase media estable. El promedio regional alcanza el 42,3%.

En la práctica, Ecuador tiene una clase media pequeña y con menor capacidad de consumo y ahorro que otros países de América Latina.

3. Un tercio del país vive en situación vulnerable. La población vulnerable, personas que no son pobres, pero tampoco tienen estabilidad económica, representa alrededor del 33% de los ecuatorianos.

Esto implica que millones de hogares pueden caer nuevamente en pobreza ante cualquier choque económico o sanitario.

4. El 64% de los trabajadores está en la informalidad. Aunque el desempleo formal es de menos del 3%, el verdadero problema es la calidad del empleo.

Actualmente, más de 6 de cada 10 trabajadores ecuatorianos están en la informalidad, con ingresos inestables, sin seguridad social y sin acceso pleno a derechos laborales. La informalidad es el principal freno para consolidar una clase media sólida.

5. Más de 7,3 millones de personas sobreviven con menos de $250 al mes. Dentro de la población económicamente activa, alrededor del 60% no supera ingresos efectivos de $250 mensuales.

Esto evidencia que el salario básico oficial no refleja la realidad de gran parte del mercado laboral ecuatoriano.

6. El 90% de los ecuatorianos gana hasta $750 mensuales. Solo el 1% de la población económicamente activa recibe más de $2.000 al mes. La gran mayoría del país vive con ingresos limitados, lo que reduce la capacidad de ahorro, inversión y consumo sostenido.

7. La economía ecuatoriana produce apenas $499 mensuales por persona. El ingreso per cápita mensual de Ecuador se ubica en $499,92.

Ese nivel de productividad limita la posibilidad de pagar salarios más altos y explica parte del estancamiento económico de la última década.

8. Ecuador creció menos que su propia población durante 10 años. Entre 2015 y 2024, el crecimiento económico promedio fue de apenas 1,15% anual, por debajo del crecimiento poblacional del 1,5%.

En otras palabras, el país prácticamente no generó riqueza suficiente para mejorar de forma sostenida el nivel de vida promedio y tener una clase media consolidada.

9. El consumo mensual puede variar entre $80 y $470 por persona. Los estudios sobre consumo muestran que Ecuador funciona como varias economías paralelas.

• Los hogares más pobres sobreviven con hasta $80 mensuales por persona.
• Los sectores medios rondan los $175.
• Los hogares de mayores ingresos alcanzan hasta $470.

La diferencia no es solo de dinero, sino de capacidad de elegir, ahorrar y enfrentar emergencias.

10. El acceso al crédito divide a los hogares. Los sectores de menores ingresos dependen únicamente del dinero disponible en el momento, mientras los hogares con mayores recursos pueden financiar compras, diferir pagos y “suavizar” el consumo.

La falta de crédito formal se convierte así en una barrera directa para la movilidad social.

11. El 46,2% de las familias tiene déficit habitacional. Más de 2,34 millones de hogares no cuentan con una vivienda adecuada.

El problema no es únicamente falta de construcción, sino incapacidad económica para acceder a vivienda formal.

12. El 80% de la población no puede comprar una vivienda formal. El ingreso promedio de los hogares ronda los $562 mensuales, mientras una vivienda básica supera ampliamente la capacidad de pago de la mayoría.

Actualmente, una casa promedio cuesta alrededor de $1.200 por metro cuadrado.

13. La vivienda social casi no recibe crédito. Aunque el acceso a vivienda es uno de los principales problemas sociales, la vivienda representa solo el 6,98% de toda la cartera crediticia del país. En el caso de vivienda social, apenas llega al 0,20%. Esto limita el acceso hipotecario para sectores medios y vulnerables.

14. Tener título universitario ya no garantiza buenos ingresos. Aunque un trabajador con título universitario tiene un ingreso mediano de $717 mensuales, el 25% más vulnerable de profesionales gana apenas $473, por debajo del salario básico. Esto refleja una desconexión creciente entre educación superior y mercado laboral.

15. Uno de cada tres trabajadores de clase media sigue siendo informal. Incluso dentro de la propia clase media, cerca de un tercio trabaja en condiciones informales.

Eso explica por qué muchos hogares mantienen una percepción de fragilidad permanente, pese a tener empleo o educación superior.

16. Según un estudio de Kantar Ecuador y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 52% de los quiteños pertenece a la clase media, superando a Guayaquil, donde este grupo representa el 40%, y a Cuenca, con el 34%. En un análisis más amplio, la Sierra tiene un promedio de clase media del 36%, mientras que en la Costa este porcentaje desciende al 26%. En otras palabras, solo en la capital la clase media es más del 50%.

El 17 de abril de 2026, se conoció que, en el caso Ligados, la jueza Daniella Camacho llamó a juicio a siete procesados por el presunto delito de asociación ilícita.

Los investigados por la presunta trama son los ex consejeros del Consejo de Participación y Control Social (Cpccs), Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor. Además de la consejera Nicole Bonifaz; el excandidato presidencial y vicepresidencial del correísmo, Andrés Arauz; la ex asambleísta del correísmo, Esther Cuesta; y el exsuperintendente de Bancos, Raúl González.

Según la Fiscalía, entre 2024 y 2025, los procesados habrían pretendido tomar el control de varias instituciones del Estado a través de la designación irregular de sus autoridades, como la Superintendencia de Bancos. También, habrían implementado una estrategia para dilatar o evitar decisiones de la justicia electoral, para mantenerse en sus cargos.

La investigación se dio tras una denuncia y un allanamiento realizado el 24 de enero de 2025 en las instalaciones del Cpccs, donde se incautaron los celulares de Augusto Verduga. La información extraída de esos celulares fue incorporada como elemento de convicción para sustentar el dictamen acusatorio. ¿Qué señaló la Fiscalía de cada uno?

Andrés Arauz

Habría sido el encargado de realizar direccionamientos para hacerse del control del ente rector del Sistema Financiero Nacional, a más de las gestiones que se desarrollaron desde la Asamblea Nacional. Por lo que la Fiscalía acusó al político de tener influencia directa sobre los consejeros procesados.

Además, presuntamente dirigió y coordinó junto con Verduga las acciones a seguir para que Raúl González ejerciera como máxima autoridad de la Superintendencia de Bancos. Habría facilitado las preguntas a Verduga para que él las formule a Roberto Von Buchwald en la presentación de su plan de trabajo en el proceso de selección impulsado en el Cpccs, para perjudicarle, y quien, a cambio de otorgar ayuda a Raúl Agustín González Carrión para que ejerza como Superintendente de Bancos, le exigió la entrega de cuatro cargos de libre remoción en esa institución. Por lo que habría impulsado y direccionado la designación de perfiles para las ternas. Habría coordinado presuntos procesos de fiscalización con el Legislativo para retrasar el cronograma.

Augusto Verduga

Según la Fiscalía, incidió directamente en las votaciones internas, incluso interrumpió su licencia de paternidad. Se presume que mantuvo comunicación con Raúl González, a quien le proporcionó documentos y argumentos para ser favorecido con la ratificación como máxima autoridad en la Superintendencia de Bancos.

Y, como consejero del Cpccs habría encabezado un plan al interior de la institución por lo que trasladó a Raúl González el requerimiento de Andrés Arauz de que se otorguen cuatro cargos de libre remoción.

Yadira Saltos

Habría acudido a las reuniones de coordinación realizadas en el domicilio de Verduga para organizar las gestiones en la ratificación de Raúl González.

Habría solicitado a Augusto Verduga explicar a Eduardo Franco Loor el plan, para tener el voto favorable. Se presume que el 22 de enero de 2025, en la sesión del Pleno del Cpccs, actuó de manera alineada a los acuerdos llegados y presentaría su moción y voto según el acuerdo.

Eduardo Franco Loor

La Fiscalía planteó que se habría alineado a los intereses de la organización, por lo que suscribió con su firma electrónica la solicitud de la convocatoria a la sesión para el 3 de enero de 2025, para que el Pleno del Cpccs trate el tema de Raúl González. Y el 22 de enero de 2025, actuaría alineado a las gestiones acordadas, y apoyó las mociones de sus compañeros.

Nicole Bonifaz

Habría coordinado las gestiones para apoyar con su voto a la ratificación de Raúl González como Superintendente de Bancos, y mantuvo contacto directo con Augusto Verduga el 26 de diciembre de 2024 y 15 de enero de 2025; para coordinar acciones a través de su exasesor Wilson Gallardo, quien se reunió con Verduga.

Esther Cuesta

Al asumir la presidencia (e) de la Asamblea Nacional envió un oficio al Cpccs en el que preguntaba quién debería asumir la titularidad de la Superintendencia de Bancos, este documento habría sido previamente coordinado con Arauz.

Por lo que habría aceptado enviar el oficio con la aparente consulta al Cpccs, para evitar la posesión de Roberto Von Buchwald y generar la discusión jurídica que permita al Pleno resolver sobre la ratificación de Raúl González.

Raúl González

Presuntamente, tuvo comunicación directa a través de conversaciones de chat y llamadas telefónicas con Augusto Verduga, y fue convencido para ser favorecido por la asociación para retomar su cargo como Superintendente de Bancos, por lo que habría proporcionado argumentos para defender su designación y posesión por encima de Roberto Von Buchwald, y habría compartido documentos y decisiones de la Corte Constitucional para respaldar su pedido.

El proyecto de Ley, de iniciativa del movimiento de Gobierno ADN, orientado a fortalecer la seguridad jurídica, evitar el uso indebido de las acciones de protección y optimizar los plazos en el sistema de justicia constitucional, abrió un debate fuera de los límites de la Asamblea Nacional.

Se trata de las reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que se tramita en la Comisión de Participación Ciudadana y que, en las próximas semanas volverán al pleno del Legislativo para su aprobación final.

Las alertas apuntan a que la normativa delimita, por ejemplo, las competencias de los jueces para conocer acciones constitucionales y establece reglas para los hábeas corpus. También da un plazo de 45 días a la Corte Constitucional (CC) para resolver consultas, con la advertencia de que, si transcurrido este lapso no existe un pronunciamiento, el organismo perderá la competencia para resolver el caso.

Entre constitucionalistas, abogados y ex autoridades existen criterios diversos sobre las implicaciones que tendría el proyecto, de ser aprobado.

Luis García: “se debería dotar a la Corte de recursos para que responda dentro de los términos propuestos”

Luis García, constitucionalista y ex asesor en la CC, dijo que el Legislativo está facultado a determinar, dentro de un debate político, las reglas que se utilizarán dentro de las garantías jurisdiccionales. Pero aclaró que se deben “marcar las líneas de juego” para que no contravenga la Constitución.

Por ejemplo, consideró que se debe reflexionar en los límites que se busca implementar. “Las reformas no pueden limitar lo establecido en la Constitución, por jerarquía normativa tienen que respetarse principios para que los derechos no sean vulnerados y entender, además, que la Corte es el máximo organismo de justicia constitucional. Por tanto, tiene una dinámica distinta a un juzgado de instancia”, afirmó.

Insistió que se debe entender, que los plazos que se establezcan tienen que responder a factores técnicos. “No es marcarles plazos o términos de 10, 15, 30 o 50 días pensando que es un número racional, sino realizar ejercicios de derecho comparado o tomar en cuenta las jurisdicciones de otros países”, pidió.

Cree que, si se van a imponer plazos para que despache de manera más célere, también se le debería dotar a la CC de recursos técnicos, humanos y presupuestarios para que responda dentro de los términos propuestos.

“Una mala utilización de los términos y plazos establecidos en la ley podría volver ineficaz el ejercicio de la Corte, y este dique del poder político y los resultados desde la autoridad máxima de justicia constitucional no tendría las condiciones óptimas para poderse llevar a cabo”, señaló.

Marcelo Dueñas: “por un dolor de estómago se plantea una acción de protección”

El abogado penalista, Marcelo Dueñas, vio de manera positiva las reformas que se plantean porque se pretende agilizar, por ejemplo, los trámites de una acción de protección que a veces, en las judicaturas, demoran meses o superan el año para resolver. “Que se acorten plazos para conocer y resolver una acción en 45 días me parece muy positivo”.

También destacó la propuesta de que se fije con claridad el domicilio de acuerdo a la jurisdicción donde se vulnere el derecho constitucional. “Y no como ocurre ahora que, en cualquier lugar recóndito del país se plantea una acción, quizá buscando conveniencia o el favor de una judicatura en esos lugares”.

También celebró que se busque limitar la facultad o el derecho que tiene el usuario de plantear la acción de protección pues se observa que de manera indiscriminada “o porque a alguien le duele el estómago se plantea una acción de protección”.

Y defendió los plazos que se busca dar a la CC “porque no puede dejarse a criterio o al mal criterio, o a la subjetividad de alargar meses y meses o años (…) si ahora resuelven cronológicamente las acciones planteadas, creo que se tiene que esperar hasta tres años cuando no es de prioridad”. Sugirió que se debería ver la forma de evacuar la carga laboral.

Según cifras de la Asamblea Nacional, entre 2018 y 2022, las acciones de protección se incrementaron en 211 %, pasando de 7.927 a 21.603 casos.

Germánico Maya: “Ley debe ser ampliamente debatida”

A criterio del expresidente del Consejo de la Judicatura, Germánico Maya, históricamente, la acción de protección “ha sido la sinvergüencería más grande de la que han hecho uso algunos pícaros para paralizar procesos de designación de autoridades o juicios”, expresó.

No obstante, aclaró que una normativa tan delicada como las garantías constitucionales debe actualizarse en función de la experiencia y el conocimiento “algo que en la Asamblea no hay”, dijo. Para Maya, la ley debe ser ampliamente discutida, socializada y debatida, evitando, sobre todo, que se apruebe entre “gallos y medianoche” para que tengan un efecto a largo plazo. 

Lenín Moreno y su esposa Rocío González asistirán hoy, 11 de mayo de 2026, a la audiencia de juicio fijada para las 08:30 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito.

La pareja no vino solo por el llamado a juicio por el caso Sinohydro, así lo confirma en diálogo con LA HORA el propio Moreno, exvicepresidente de Ecuador entre 2007 y 2013, y expresidente de la República entre 2017 y 2021.

¿Lenín Moreno y su familia asistirán de forma presencial o virtual a la audiencia de juicio?

En el caso Sinohydro la Fiscalía investigó una presunta red de corrupción, en relación con el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría funcionado entre los años 2009 y 2018. Según la Fiscalía, se habrían pagado alrededor de $76 millones en coimas supuestamente entregadas por Sinohydro Corporation durante la contratación y ejecución del proyecto.

Se persigue un presunto delito de cohecho y entre los acusados que fueron llamados a juicio están Moreno en calidad de autor directo cuando fue vicepresidente de Correa, su esposa y su hija Irina Moreno (ambas en calidad de cómplices). David Meza es el abogado de los tres.

Moreno y González asistirán de forma presencial a la audiencia: “Claro que sí, así es, como debe ser. No se olvide que junto con todo el pueblo ecuatoriano rescatamos la institucionalidad, hay que aprender a respetar”, precisa el exmandatario. Su hija Irina Moreno asistirá por vía telemática, desde Miami, Estados Unidos.

“Nosotros no estamos obligados, ni ella tampoco, a asistir en persona (a la audiencia), lo estamos haciendo únicamente para demostrar buena fe”, expone el expresidente.

Él tiene una discapacidad física y usa silla de ruedas. No contará con seguridad privada para asistir a la audiencia, no le preocupa: “No creo que necesitemos, realmente. Aspiro que la guardia que tienen allá sepa proteger a las personas que asistimos al juicio”.

Meza ratificó que la audiencia está convocada a las 08:30 de hoy. Pero el exmandatario dice que la hora de su llegada podría variar. “Yo tengo que hacerme un tratamiento médico todos los días, la hora siempre queda un poco abierta”, anticipa.

Lenín Moreno regresó a Ecuador no solo por la audiencia de juicio

Moreno y su esposa llegaron a Quito el 6 de mayo de 2026 desde Paraguay, donde residían. Cuenta los motivos de su retorno.

• Extrañaba Ecuador: “Uno no puede estar de forma permanente lejos de la tierra que uno quiere tanto”.
• La razón que ya no permitiría: “Pensé que ya era hora de venir al país. No tenía ninguna razón para no venir antes, que no sea el haber recibido excesivas amenazas por parte de las huestes (seguidores) correístas desde que perdieron las elecciones en el 2021. Mi WhatsApp y mi correo estaban llenos de mensajes amenazantes que fueron subiendo de tono, amenazando incluso mi vida”. Eso hizo que Moreno acepte una propuesta laboral en Estados Unidos y luego en Paraguay.
• La audiencia de juicio fue el principal motivo. “Fui llamado al inicio del juicio para el día lunes (11 de mayo de 2026)”.

El retorno de Moreno no es temporal. “Yo he venido a quedarme en mi país. Aquí quiero vivir el resto de la vida que me queda”, afirma.

¿Qué expectativa tiene Lenín Moreno sobre la audiencia de juicio?

Moreno tiene una expectativa: “Si la justicia se acoge a las pruebas que se han presentado y a la falta de seguridad en las acusaciones, en ese momento debe declarar nuestra inocencia. De todas formas, estamos a la expectativa y siempre seremos cumplidores de cada una de las convocatorias que haga la CNJ”.

Moreno recalca que no tuvo responsabilidad en el caso investigado: “Yo no tenía, en primer lugar, ninguna disposición por parte del (ex)presidente Rafael Correa de ejercer ninguna función respecto de los sectores estratégicos. La única persona que trabajaba sobre sectores estratégicos y obras emblemáticas era Jorge Glas (actualmente en prisión)”.

Dice que su abogado recopiló información de las pericias de cada acusación para desmentirlas “No hay absolutamente ninguna razón para hacer una acusación”.

Por eso enfatiza en su retorno: “Decidimos volver con mi esposa y dar la cara, que es lo más importante, al saber que hemos presentado todas las pruebas, que se han rebatido todas aquellas acusaciones que se forjaron por parte, en un inicio, del correísta Ronny Aleaga (exasambleísta de la Revolución Ciudadana -RC), que recibió la orden de Correa de acusarme de cohecho en el tema de Coca-Codo Sinclair”.

Aunque prefiere confiar en la justicia, Moreno no descarta la posibilidad de que haya intervenciones “extrañas”. Tiene una sospecha: “En el periodo de Correa se infló la burocracia y también la burocracia de la Fiscalía. Hay mucha gente adentro que es la que ha estado, de alguna forma, alimentando las investigaciones para que coincidan casualmente con las acusaciones que se hacían por medios digitales”.

Lenín Moreno reacciona sobre algunas declaraciones e hipótesis que surgieron alrededor de su retorno.

P. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la RC, dijo que su retorno fue con parsimonia (tranquilidad), ¿hay algún tipo de acuerdo con el Gobierno de Daniel Noboa?

Ni con el presidente Noboa ni con sus ministros, nunca he hablado con ninguno de ellos. Son las típicas presunciones sin ningún fundamento de esta gente. Siempre está pensando mal de las cosas. Siempre han actuado con mucha siniestralidad y no veo por qué ahora sea diferente.

Lo único que haría con respecto a estos señores es decirles: ¿no se dan cuenta de la calidad moral de su jefe? No los merece. Habrá mucha gente de valía dentro del grupo (la RC). ¿Creen que una persona como Rafael Correa los representa? ¿No les da vergüenza estar recibiendo órdenes miserables y mentirosas de un sujeto como este? Eso es lo único que les preguntaría a ellos.

Lo que deben hacer es librarse ya de ese yugo. Es por eso que se han ganado incluso el nombre, que yo no lo pronuncio nunca, de borregos. ¿Por qué? Porque hacen exactamente lo que dice el pastor. Lastimosamente, un pastor que no representa a la gente buena que también habrá dentro de ese movimiento.

P. ¿Considera que la acusación judicial en el caso Snihydro es una persecución política?

Totalmente, por eso estoy acá. Como lo dije en el video, recibí una acusación de un sindicado por la muerte de Fernando Villavicencio, Aleaga. Una persona útil a los deseos de su jefe Correa y él hizo inmediatamente la acusación (…). En el 2010 Jorge Glas, encargado de hacer la obra, fue a China a gestionar el financiamiento.

Cuando fui electo presidente yo prometí abrir toda la información. Ordené que se revise la obra y se detectó que tenía más de 17.000 fisuras. Inmediatamente, ordené que se haga la denuncia para un arbitraje internacional, que ha seguido su curso.

Correa me amenazó con vengarse, no solamente de mí, sino de muchas otras personas. Es más, en una grabación, que salió en los medios, del general Víctor Aráuz denunciaba que Correa le había propuesto que sea candidato a presidente en determinada oportunidad. Pero con la condición de que me meta a la cárcel para, más o menos en estos términos, él (Correa) saber qué hace conmigo adentro, además de mi esposa y dos personas que trabajaron en ministerios durante mi Gobierno. Es totalmente político.

P. Rivadeneira también lo señala de ser el causante de una “catástrofe institucional”, ¿qué responde a eso?

Nunca en el Ecuador hubo tanta libertad de expresión e institucionalidad como durante mi Gobierno. Si no hubiera sido por los alzamientos generados por el correísmo en el mes de octubre (paro de 2019), viviríamos en paz. Después vino la pandemia, que fue extremadamente difícil, se puso en peligro la dolarización por la falta de ingresos económicos hacia el Estado. Yo siempre respeté la institucionalidad.

(El Índice de la Captura del Estado registra que durante el periodo de Moreno hubo menos captura política estatal, pero empezó a incrementarse durante el Gobierno de Noboa).

P. ¿Qué sugerencia daría a Noboa para evitar que aumente la Captura del Estado?

Esa sugerencia no me la ha pedido el presidente Noboa. Y si me la pidiera, se la daría con mucho gusto. La sugerencia es que no deje, bajo ninguna circunstancia, que haya intromisión en otras funciones del Estado. Que cada función cumpla con su tarea. Cada función del Estado también tiene organismos que la controlan. Hay que tener cuidado de que estos organismos estén funcionando correctamente. 

Lo que comenzó como una “tasa de seguridad” para financiar el control en la frontera norte terminó convirtiéndose en una guerra comercial que ya pasa factura a empresas, consumidores y cadenas productivas de Ecuador y Colombia.

La promesa oficial era recaudar cerca de $400 millones para reforzar la seguridad fronteriza. Pero, según Roberto López, economista y experto en comercio exterior, esa meta nació con un problema de origen: mientras más alto es el arancel, menor es el comercio y, por tanto, menor la recaudación.

“La respuesta directa es no, eso es imposible económicamente”, advierte López. La razón es simple: cuando se castiga con aranceles las importaciones, el comercio cae y el Estado termina recaudando menos de lo previsto.

Eso ya está ocurriendo. En apenas dos meses de tensión comercial entre ambos países, el intercambio bilateral, sumando exportaciones e importaciones, cayó de $430 millones a $313 millones, según cifras citadas por el Ministerio de Producción y Comercio Exterior.

El resultado inmediato: una pérdida de $117 millones en apenas dos meses.

Si esa tendencia se mantiene durante el resto del año, las pérdidas podrían bordear los $700 millones. Pero con aranceles del 100%, el golpe podría superar incluso los $1.000 millones o $1.500 millones.

En términos prácticos, la medida es lo mismo que “cerrar la frontera”.

Aunque Colombia respondió con aranceles escalonados, de 35%, 50% y 75%, y no con un castigo generalizado del 100%, varios sectores ecuatorianos ya están sintiendo el impacto.

Los productos que lograron salvarse de los mayores castigos fueron justamente los más importantes para Ecuador:

• Camarón.
• Crustáceos.
• Atún en conserva.
• Tableros de madera MDF.

Estos cuatro rubros representan cerca del 50% de las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia; y tienen un 40% de arancel

Colombia decidió no golpear con más fuerza estos sectores porque reemplazarlos rápidamente habría generado inflación y escasez dentro de su propio mercado.

Pero otros sectores sí quedaron atrapados en la guerra comercial.

Entre los más afectados están:

• Cuadernos y libretas.
• Libros impresos.
• Cocinas a gas.
• Refrigeradoras.
• Productos plásticos.
• Acero.
• Aluminio.
• Derivados de petróleo.
• Café.
• Azúcar.
• Aceite de palma.
• Pinturas.
• Neumáticos.
• Textiles.
• Calzado.
• Papel y cartón.

En total, cerca de 190 partidas arancelarias ecuatorianas enfrentan ahora restricciones.

El impacto no será uniforme. Para algunas industrias, Colombia representa una porción crítica de su mercado:

• Productos de madera: entre 20% y 25% de sus ventas
• Aceites y grasas: 45%
• Plásticos: 30%
• Acero: 28%
• Papel y cartón: 45%
• Calzado: 62%
• Textiles: 33%
• Arroz: 95%

El caso del arroz es particularmente delicado. Colombia absorbe casi todo el arroz ecuatoriano exportado. Si ese mercado se cierra, el exceso de producción provoca caída de precios internos, pérdidas para productores y nuevas tensiones sociales en la Costa.

No sería un escenario nuevo: durante la pandemia ya hubo protestas de arroceros cuando se frenó temporalmente el comercio.

El sector automotor y los repuestos ya sienten el golpe en Ecuador

La industria automotriz ecuatoriana también comenzó a reflejar con claridad el impacto de la disputa bilateral.

Datos de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae) muestran que las ventas de vehículos provenientes de Colombia cayeron a su nivel más bajo en al menos cinco años.

Entre enero y abril de 2026 se comercializaron apenas 1.200 unidades, frente a 2.103 vehículos vendidos en el mismo período de 2025.

Eso representa una caída de 42,9%. La contracción coincide con la escalada arancelaria entre ambos países, luego de que Ecuador aplicara recargos de hasta 100% a productos colombianos. Aunque recientemente el Gobierno redujo la sobretasa al 75%, el golpe al sector ya está en marcha.

Los vehículos ensamblados en Colombia tienen una fuerte presencia en segmentos de consumo masivo y de trabajo en Ecuador, especialmente por sus precios más accesibles.

Entre los modelos más comercializados están Renault Duster Intens y Zen, Renault Stepway, Renault Logan Zen, Renault Kwid Zen, Chevrolet Joy hatchback, Chevrolet Joy sedán y camiones Hino XZU640.

Pero el impacto no termina en la venta de autos nuevos. El mercado de repuestos también enfrenta presión porque Ecuador mantiene una dependencia importante de autopartes provenientes de Colombia, especialmente en segmentos de mantenimiento y reparación para vehículos livianos y comerciales.

Según datos del sector automotor, alrededor de entre el 20% y el 25% de ciertos repuestos y autopartes comercializados en Ecuador provienen de Colombia, especialmente baterías, filtros, piezas de suspensión, componentes plásticos y partes para vehículos ensamblados en ese país.

El periodista y analista económico independiente, Sebastián Angulo, resume el impacto: el mercado automotor se ha convertido en uno de los sectores más golpeados por la disputa entre Quito y Bogotá, porque afecta vehículos de entrada y de trabajo, segmentos donde los modelos colombianos tenían alta participación por precio y disponibilidad.

Medicinas, azúcar y productos de cuidado personal: el golpe que puede llegar al bolsillo

El impacto más inmediato se siente dentro de los hogares ecuatorianos. Esto ocurre porque Ecuador depende de Colombia para cientos de productos que sirven como materia prima, insumos industriales o bienes de consumo final.

Aquí aparece el problema más delicado: Ecuador sí impuso un arancel general del 100% a prácticamente todas las importaciones colombianas. Eso encarece directamente productos esenciales.

Entre los sectores más expuestos están:

1.- Cosméticos e higiene. Ecuador importa alrededor de $200 millones al año en productos cosméticos e higiene desde Colombia.

Eso representa cerca del 40% de las compras ecuatorianas en este segmento.

Perfumes, cremas, maquillaje y productos de cuidado personal podrían subir de precio rápidamente.

2.- Plásticos para floricultura y agricultura. Ecuador importa cerca de $140 millones en productos plásticos colombianos.

Aquí aparece una alerta importante para el sector florícola: muchos plásticos utilizados en invernaderos provienen de Colombia y no se fabrican localmente.

Esto podría elevar costos para uno de los sectores exportadores más importantes del país.

3.- Medicamentos. Uno de los focos más sensibles. Ecuador compra aproximadamente $125 millones al año en productos farmacéuticos colombianos.

El problema no solo es el encarecimiento. Algunos medicamentos no pueden reemplazarse rápidamente con proveedores de India, China u otros mercados. Eso abre la puerta a escasez temporal, retrasos en entregas, mayores costos para hospitales, dificultades para pacientes crónicos

El riesgo es especialmente delicado en tratamientos médicos continuos, como diálisis y enfermedades complejas. (JS)

4.- Productos químicos. Las importaciones desde Colombia alcanzan aproximadamente $121 millones. Son insumos claves para múltiples industrias manufactureras.

5.- Azúcar. Ecuador importa $71 millones en azúcar colombiana. Eso representa cerca del 50% de las importaciones totales del producto.

Si el costo sube, también subirán productos derivados como alimentos procesados, bebidas, productos de panadería y confitería.

6. Textiles y manufactura. También podrían encarecerse ropa, calzado, insumos textiles, maquinaria eléctrica y productos manufactureros.

Buscar nuevos mercados no es una solución a corto plazo

Desde el Gobierno se ha planteado que Ecuador puede reemplazar fácilmente a Colombia con mercados como:

• China
• Corea del Sur
• Emiratos Árabes
• Brasil
• Perú

Pero la realidad es mucho más compleja. La relación comercial entre Ecuador y Colombia lleva décadas consolidada bajo el paraguas de la Comunidad Andina.

Ambos países han operado con aranceles cercanos a cero durante años. Cambiar esas cadenas de suministro de un día para otro implica:

• nuevos contratos
• logística diferente
• mayores tiempos de entrega
• costos más altos
• adaptación empresarial

Muchas empresas ecuatorianas incluso tienen inversiones directas en Colombia. Romper esa dinámica genera incertidumbre adicional.