El 15 de noviembre de 2025, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, presentó una denuncia por presunta infracción electoral en contra de la presidenta y el secretario de la Revolución Ciudadana, Luisa González y Andrés Arauz.

La denuncia de Atamaint fue ingresada ante el TCE por inconsistencias en la rendición de cuentas de las elecciones anticipadas de 2023, y este viernes 7 de mayo de 2026, el pleno del TCE resolvió:

1. Negar el recurso de apelación que interpuso Luisa González, Andrés Arauz, y Estefanía Molina, en su calidad de responsable del manejo económico, en contra de la sentencia del 7 de abril de 2026 dictada por el juez Guillermo Ortega.
2. El TCE ratificó la imposición de una multa por $18 mil en contra González, Arauz y Molina por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de campaña en las elecciones de 2023. El pago de la multa deberá ser depositado en la cuenta “Infracciones Ley de Elecciones del Banco BanEcuador.
3. Disponer que una vez ejecutoriada la sentencia, a través de la secretaría general del TCE se remita el expediente al juez de instancia (Guillermo Ortega) para que proceda con la ejecución de lo resuelto en la causa de conformidad con el Reglamento de Trámites del TCE.
4. Se dispuso la notificación del contenido de la sentencia las partes procesales.

Con el recurso de apelación, Luisa González, Andrés Arauz y Estefanía Molina pretendían que se deje sin efecto la sentencia del 7 abril de 2026, cuando el juez Guillermo Ortega declaró la responsabilidad por infracción del artículo 281 numeral 1 del Código de la Democracia imponiéndoles una sanción pecuniaria de 40 salarios ($18.000).

En su sentencia del 7 de abril el juez negó, por el contrario, la denuncia contra González como representante legal y Joseph Díaz como jefe de campaña al no configurarse su responsabilidad. En esa fecha, el juez ordenó emitir el expediente a la Fiscalía investigar el origen de los aportes y publicidad no autorizada.

Denuncia de Diana Atamaint: no se subsanó las observaciones realizadas en cuanto a las cuentas de campaña del movimiento

En su denuncia ingresada al TCE, Diana Atamaint señaló que la responsable del manejo económico presentó documentación ante el ente electoral el 17 de noviembre de 2023 en 399 hojas y un soporte digital. Y que una vez analizada la misma, la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política y las direcciones de Fiscalización y Control del Gasto Electoral; y de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral, emitieron los informes en los cuales detallaron las observaciones que debían ser subsanadas.

El 29 de enero de 2025, el CNE emitió la Resolución Nro. CNE PRE-2025-0030-RS mediante la cual acogió los informes técnicos y jurídicos y concedió a los denunciados, el término de 15 días para que justifiquen las observaciones detectadas.

Sobre la documentación presentada, el CNE elaboró nuevos informes técnicos y jurídicos, en los que se ratificó la no subsanación de las observaciones realizadas en cuanto a las cuentas de campaña del movimiento, y posteriormente declaró el incumplimiento de obligaciones de la organización política y dispuso que la dirección nacional de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral presente la respectiva denuncia ante el Tribunal por el presunto cometimiento de una infracción electoral.

El CNE solicitó que mediante sentencia, el TCE, declare la responsabilidad de los denunciados por no haber subsanado las observaciones en relación a la liquidación de las cuentas de campaña de la dignidad de binomio presidencial auspiciada por el Movimiento Político Revolución Ciudadana, y se sancione a los denunciados.

La Revolución Ciudadana (RC), en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, respaldó con sus votos una solicitud de cambio del orden del día y se aprobó la incorporación de una moción para investigar la gestión de la extinta Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO-EP).

El inicio del proceso, de iniciativa del gobiernista Acción Democrática Nacional (ADN), busca esclarecer presuntos manejos irregulares ocurridos durante la administración de Hernán Luque Lecaro, quien fue designado durante el Gobierno de Guillermo Lasso.

El cambio de orden del día fue aprobado por unanimidad con los votos de los asambleístas de ADN: Ferdinan Álvarez, Ana Tapia, Fabiola Sanmartín, Luigi García, María Paula Villacrés, así como los de la Revolución Ciudadana: Janeth Bustos, Nanki Saant, Fricson George y Ana Herrera (Revolución Ciudadana). La moción, que fue planteada por el legislador oficialista Luigi García, también tuvo el respaldo de José Nango (exPackakutik, actual aliado de ADN).

La decisión de ADN de fiscalizar, con el apoyo correísta, surge tras la reactivación del caso Encuentro, que investiga una presunta red de corrupción que habría operado desde EMCO. La extradición de Luque Lecaro desde Argentina llevó al Legislativo a retomar el caso.

“Ya se ha dado paso al proceso de extradición desde Argentina del señor Luque, pieza clave en la presunta trama de corrupción, en la presunta red de corrupción del denominado caso Encuentro y esta Comisión no puede callar, no puede darle la espalda a hechos que reabren preguntas graves sobre supuestos hechos de corrupción y el posible cometimiento de delitos de exfuncionarios del sector público”, dijo García al sustentar el pedido.

Según la hipótesis de ADN, en la gestión de EMCO se habría configurado una red de corrupción que incluiría:

• Presiones indebidas en el nombramiento de altas autoridades.
• Injerencia en la administración de contratos de alta cuantía.
• Intromisión del crimen organizado en el sector público.
• Vinculación de altos funcionarios y personas cercanas al poder Ejecutivo con estructuras internacionales del narcotráfico.
• ADN también sospecha que dentro de esta trama de corrupción se vieron involucradas empresas de sectores estratégicos como CNEL, Celec, Petroecuador, Flopec, BanEcuador y la Aduana.

“Son hechos sumamente graves, son hechos de conmoción nacional, debemos transparentar lo sucedido y establecer precedentes que prevengan la repetición de estos esquemas de corrupción en el sector público, caiga quien caiga”, dijo García.

Ana Herrera, asambleísta de la Revolución Ciudadana: “nosotros no nos oponemos a que se haga fiscalización”

La legisladora correísta Ana Herrera declaró que su movimiento no se opone a la fiscalización. “Ojalá no sea conveniencia política, y no sea solo una cortina de humo de lo que está pasando en el país”, afirmó Herrera, quien dijo que también se debería investigar el caso Progen.

Sobre el caso EMCO recordó la existencia de algunas actuaciones en el ámbito judicial. Mencionó que la extradición de Luque Lecaro solo depende del Gobierno de Argentina.

Herrera, quien espera que con esto se pueda develar si hubo o no una red de corrupción en el Gobierno de Lasso, pidió incluir a autoridades como Diana Salazar, que “seguramente tendrá información, pues fue en su periodo cuando ella era Fiscal y ahora es embajadora en Argentina”.
Para Herrera, el país merece transparencia de los hechos que ocurrieron con EMCO. “En eso me parece que vamos a coincidir”, afirmó.

Liliana Durán, de la bancada de la RC, declaró que le parece bien que se vaya a convocar a Lasso, a Luque y a todos los que intervinieron en la administración de aquel Gobierno, pero consideró que sería más importante que la Comisión priorice la fiscalización a Progen, o el caso de la empresa Austral Technical Management (ATM).

La madrugada de este 5 de mayo de 2026, la Fiscalía junto con la Policía Nacional, allanaron el Complejo Judicial del Norte, en Quito.

El operativo se dio bajo la investigación por el presunto delito de concusión y se denominó Citaciones. De acuerdo con información de la Policía, a través de la Unidad Nacional de Delitos Contra la Eficiencia en la Administración Pública, se realizó el operativo en varios sectores de la capital, lo que permitió la detención de siete ciudadanos por el presunto delito de concusión.

La Policía informó que tras denuncias ciudadanas receptadas a través de la línea 1800-DELITO durante el 2024, se obtuvo información que permitió identificar el presunto cometimiento de actividades ilícitas relacionadas con corrupción “por parte de servidores vinculados a la Función Judicial, en el área de citaciones de los Complejos Judiciales Norte y Mejía”.

Los elementos recabados durante el proceso investigativo establecen que los implicados, identificados con los alias Mono, Cesarín, Andy, Marquiño, Sambo, Danny, Lucho, Rodrigo y Don Enrique habrían utilizado líneas de telefonía móvil para coordinar las actividades ilícitas, gestionar y recibir pagos indebidos a cambio de agilizar trámites de notificación legal.

Según información policial, el modus operandi consistía en que servidores públicos pertenecientes al área de citaciones del Consejo de la Judicatura, en la capital, se valían de su cargo y funciones, presuntamente ejecutaban actividades ilícitas en beneficio propio.

Por su parte, Fiscalía informó que bajo la investigación por presunta concusión se realizaron nueve allanamientos en varios inmuebles para recabar indicios.

Los lugares allanados fueron domicilios y una institución pública, además siete personas fueron detenidas con fines investigativos. En el operativo se incautaron celulares, documentos, computadoras y dispositivos de almacenamiento, entre otros indicios.

Han transcurrido cerca de 17 horas desde que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció que “varias fuentes” le habían “informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de (Gustavo) Petro”.

Esa denuncia la hizo el 29 de abril de 2026, a las 16:18, en su cuenta de X, y no especificó a dichas fuentes.

Hasta las 09:50 de hoy, 30 de abril de 2026, la Cancillería de Ecuador y el Ministerio de Defensa de Ecuador no han dado respuesta sobre las diversas consultas de la prensa sobre qué sucedió en la frontera, cuándo se produjo la incursión, si hubo enfrentamientos o detenidos. Las instituciones públicas guardan silencio.

LA HORA también consultó a la Cancillería de Colombia si habrá algún pronunciamiento de su lado, pero la institución respondió que no porque es un tema que compete al Ministerio de Defensa de ese país. Una fuente de esa institución refirió al tuit de Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, difundido la noche del 29 de abril.

Reacciones de autoridades de Colombia

A las 17:02 del 29 de abril, se produjo la primera reacción del presidente Gustavo Petro, en X, donde le dijo a Noboa que “deje de creer mentiras”.

Luego, a las 19:16 del 29, Petro publicó: “En Colombia no existen guerrilleros, existen grupos armados del narcotráfico y, a los del sur del país les compra la cocaína la Junta Internacional del narcotráfico. Quienes controlan la exportación de cocaína desde los puertos ecuatorianos son la junta del narcotráfico”.

A las 19:50 del 29, Petro retuiteó una publicación de Caracol (medio colombiano) sobre la denuncia de Noboa. Petro señaló: “Van hacia el autoatentado”.

A las 10:47 del 29, Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, publicó en X que “frente a las amenazas del narcotráfico y de estructuras criminales en la zona fronteriza, se ha desplegado una respuesta integral y sostenida para proteger la vida, el territorio y la soberanía nacional”.

El ministro de Defensa dijo que, en la frontera con Ecuador, específicamente en Nariño y Putumayo, se cuenta con más de 15.000 uniformados desplegados en las áreas críticas a lo largo de los 586 km de frontera terrestre. “Este dispositivo se apoya en 6 aeronaves, 8 pelotones blindados y 16 unidades marítimas y fluviales, lo que permite asegurar un control integral de la zona fronteriza.

Señaló que este despliegue se ejecuta bajo directrices claras del presidente Petro de:

1. Garantizar la máxima seguridad en la frontera con Ecuador para neutralizar cualquier amenaza proveniente de los carteles del narcotráfico.
2. Mantener puestos de control permanentes del Ejército y la Policía Nacional para impedir el tráfico de armas, explosivos, contrabando y cualquier capacidad que fortalezca a las estructuras criminales o ponga en riesgo la seguridad de ambas naciones.

Para el ministro de Defensa de Colombia, “la cooperación internacional es fundamental para debilitar a los narcoterroristas”. Dijo que “frente al crimen transnacional, la respuesta debe ser conjunta entre las naciones”.

“Continuamos cerrando los corredores del narcotráfico y del crimen organizado, protegiendo especialmente la vía Panamericana y fortaleciendo puntos críticos como Ipiales”, añadió el ministro.

Especificó que el Comandante General de las Fuerzas Militares y el Director General de la Policía Nacional lideran directamente la estrategia “enfocada en operaciones sostenidas, con el objetivo de desmantelar las estructuras narcocriminales en límites con el hermano país de Ecuador”. 

Las actuaciones del Gobierno de Daniel Noboa y de algunas instituciones públicas, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), no gozan de la entera confianza de todas las organizaciones políticas.

En los últimos días, el órgano electoral se ganó más críticas a raíz de la modificación del calendario y del adelanto de las elecciones que serán el 29 de noviembre de 2026.

Pero no basta con lanzar cuestionamientos al Gobierno de turno para estar en el lado de la oposición, hay que ser más profundos, explica Simón Pachano Holguín, doctor en Ciencias Políticas.

Pachano nació en Ambato. “La edad no es importante”, menciona el politólogo y profesor emérito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Ecuador). Actualmente se encuentra fuera del país.

También es autor de varios libros sobre democracia, partidos políticos y sistemas electorales. Los más recientes son:

• La utopía reaccionaria, radiografía del relato correísta (2023).
• Giro político y democracia en Sudamérica y Ecuador (2021).

Además, es colaborador en varios medios de comunicación. “Mantuve una columna semanal en Diario El Universo, desde 1998 hasta febrero de 2026”, indica.

P. En Ecuador hay 17 organizaciones políticas de ámbito nacional, pero solo la Revolución Ciudadana (RC) destaca como principal crítica del Gobierno, ¿se constituye como la mayor oposición?

He insistido, desde hace mucho tiempo, que en Ecuador no existen partidos políticos propiamente dichos. Hay corrientes de opinión, tendencias electorales fuertes como la RC, sin duda la más fuerte, o la del noboísmo (ADN). Pero ninguno de los dos es un partido propiamente. No tienen una organización verdaderamente estable, con militantes registrados, que se reúnan frecuentemente en sus respectivas localidades, elijan a sus autoridades internas en cada localidad y a nivel nacional, tengan asambleas, discutan principios y políticas. Ninguno de esos partidos tiene eso, quizá con excepción del antiguo MPD (Movimiento Popular Democrático, hoy Unidad Popular, en proceso de cancelación en el CNE), que sigue los cánones marxistas y que tiene cierta organicidad. Pero el resto no tiene ninguna organización, por lo tanto, son movimientos, son pequeñas expresiones de la ciudadanía y lo que más pueden hacer es competir en elecciones locales. Independientemente del calificativo que tienen en la ley ecuatoriana, que es una tontería el diferenciar entre partidos y movimientos por el simple registro, no se puede decir que hay verdaderamente partidos políticos. Incluso, ninguno de esos dos (RC y ADN) tiene una ideología clara que se materialice en políticas concretas. Los dos tienen un componente populista muy fuerte que hace que en un día tengan un tipo de políticas y en otro día otro tipo. Son además movimientos personalistas. En el momento en que no estén esas dos personas que les dan forma, Rafael Correa y Daniel Noboa, esos movimientos se acaban.

P. Si no existen partidos políticos, ¿tampoco hay una oposición real en el país?

Hay una oposición que es el correísmo, en este momento. Esa es una oposición clara. Anteriormente, me refería a que la RC no constituye una organización institucionalizada, pero es una oposición y tiene la segunda fuerza en la Asamblea Nacional.

P. ¿Y al resto de organizaciones políticas se las puede catalogar como oposición?

En algunos momentos toman posiciones de oposición, pero también hay quienes bailan de un lado al otro. Por ejemplo, Pachakutik (PK), que nació como un movimiento orgánico que respondía al movimiento indígena, llegó al Congreso y fue negociando sus votos al mejor postor, al que mejores condiciones le da para instalarse en el escenario político. Es un reflejo de lo que sucede, prácticamente, con todas las organizaciones políticas. Lo mismo ocurrió con el Partido Social Cristiano (PSC). Al inicio de este periodo democrático, en 1981, empezó como una oposición fuerte al gobierno de Jaime Roldós y al de Osvaldo Hurtado, con una propuesta que supuestamente era neoliberal. Pero cuando llegó al Gobierno con León Febres Cordero, en 1984, hizo todo lo contrario a lo que planteaba e impulsó un Gobierno de populismo abierto. Luego fue negociando con unos y con otros. Son organizaciones que juegan a un populismo del momento y eso podemos decir de casi todas, quizás las que menos cayeron en eso fueron el MPD, posiblemente la Izquierda Democrática (ID) y la Democracia Popular (de centro derecha, hoy extinta) porque trataron de mantenerse como partidos ideológicos dando un giro en los años noventa, pero no les fue bien. Seguramente a la ciudadanía ecuatoriana no le gusta la definición ideológica clara y tal vez quiere otra cosa.

P. ¿Las organizaciones políticas y sectores sociales que sobreviven desde la época del correísmo no aprendieron a ser oposición, son coyunturales?

Sí y eso puede tener dos explicaciones:

• La primera: La política ecuatoriana, debido a todas estas razones (lo mencionado anteriormente), se convirtió en una política de corto plazo, es decir, que las cosas tienen que funcionar ya. Entonces las organizaciones políticas toman la decisión que les conviene en ese momento para situarse y ganar votos para lo que sea.
• Y, la segunda: La ciudadanía busca, dando casi palos de ciego, a personas que le representen y elige a quienes no tienen ninguna trayectoria política, que no tienen experiencia, que no pueden asegurar un gobierno adecuado, sea en el nivel nacional o en el local, y que se juega a ver qué pasa. O eligen a las personas por su presencia, porque es guapa o guapo, baila o canta bien, cualquier cosa. La ciudadanía también tiene responsabilidad en eso.

P. En estas circunstancias, ¿cómo ser una verdadera oposición en Ecuador?

En este momento, es más importante que las organizaciones políticas traten de presentar propuestas adecuadas para el país para el desarrollo económico, para el bienestar social, para consolidar las instituciones políticas. Es decir, que hagan propuestas políticas reales. No es solamente hacer oposición en el sentido de criticar, sino que además de cuestionar lo que está mal, tener propuestas claras para el desarrollo del país, de a dónde queremos que vaya y que sean viables, no demagógicas. Pero ese es el problema, este inmediatismo de la política. El hacer esos planteamientos no da votos. Quienes hacen planteamientos de fondo, programáticos, se quedan fuera. Por ejemplo, lo que pasó con algunos candidatos, de diferentes orígenes políticos, que hicieron eso. En la última contienda (elecciones presidenciales de febrero de 2025) Henry Cucalón iba por el lado de presentar propuestas, de ir a cuestiones de fondo. ¿Qué obtuvo? Menos del 1% de la votación. La ciudadanía no quería eso. Antes de él, hubo personas que hicieron lo mismo como César Montúfar para la Alcaldía de Quito (en 2019) y para la Presidencia de la República (en 2021); y como Paco Moncayo, para la Presidencia de Ecuador (en 2017), hizo propuestas con contenido y perdió las elecciones. Tenemos que ver también hacia el votante ecuatoriano, ¿qué es lo que quiere, que le solucione el problema del alcantarillado de su calle y con eso se queda tranquilo, aunque no funcione la economía y no le importa lo que suceda con el narcotráfico?

P. Si las organizaciones políticas y la ciudadanía mantienen el mismo comportamiento, ¿es difícil que la situación política cambie?

Sí, porque las dos cosas van de la mano. El cambio en la ciudadanía, debe ser más responsable con su voto. Y el cambio de las organizaciones políticas, que tengan más conciencia de que deben presentar propuestas alternativas, viables, de fondo, no simplemente de algo pequeño. Esas cosas son buenas para ganar una elección, pero no para gobernar.

P. ¿Las organizaciones políticas podrían ser mejores opositores de aquí hasta las elecciones seccionales (noviembre de 2026) o hasta las presidenciales (del 2029)?

Soy muy pesimista, creo que no, ni para esta elección ni para la de presidente y Asamblea. Creo que no se verá un cambio. No se ve una acción ciudadana que diga: vamos por acá y mucho menos de las organizaciones políticas.

P. ¿Qué hace falta para impulsar esos cambios y haya una verdadera oposición?

• Se necesita que haya organizaciones políticas, que no hay en este momento, que funcionen como tal, que discutan internamente, que formulen idearios políticos, que hagan trabajo con la gente.
• Se necesita que la ciudadanía tome conciencia.
• Se necesita que en las redes sociales se difunda contenido de este tipo. Ese es el mejor termómetro de lo que sucede no solo en nuestro país. Hay un problema generalizado.

La democracia está en riesgo en todos los países del mundo, pero más en América Latina. Las redes sociales son terribles por el nivel de liviandad e irresponsabilidad, de falta de rigor, de creer en lo primero que llega, de creer en cosas que son absurdas. Todo eso lleva a que la ciudadanía actúe de una manera poco responsable con el país, con la política, que es la conducción del país.

La Constitución del Ecuador determina en su artículo 1 que es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.

Sin embargo, en medio del debate político, sectores de la oposición posicionan un elemento recurrente: el uso del término “narcodictadura”.

¿Dictadura: una palabra mal utilizada?

Los expertos consultados coinciden en que un Estado es democrático y legítimo cuando el mandatario fue elegido en las urnas; pero su forma de gobernar puede cambiar.

Simón Pachano, doctor en Ciencias Políticas, explica que “narcodictadura” es solo un eslogan o un recurso narrativo que surge en medio de “la pelea política”.

“No hay condiciones para decir que (Ecuador) es una dictadura”, evalúa. Pero observa que “hay una democracia erosionada”, porque:

• Hay “sospechas” sobre el “manejo del Consejo de la Judicatura”.
• Se intenta “ilegalizar” a algunas organizaciones políticas.

Pero una democracia erosionada no implica que automáticamente se convierta en una dictadura, señala.

Por eso advierte sobre el uso del concepto dictadura: “Hay que tener mucho cuidado. Hay que diferenciar entre el lenguaje de la lucha política, que es el de los calificativos, y el lenguaje académico”.

Lo mismo sugiere para el término democracia, enfatizando que no a cualquier cosa se le puede llamar así.

“Todos los países de América Latina están en riesgo de caer en manos de gobiernos autoritarios que puedan ir hacia dictaduras. Por ejemplo, un caso clarísimo es el de El Salvador, Cuba y Nicaragua. Sí son dictaduras”, advierte.

El experto considera que el mayor riesgo es que los países caigan “bajo las garras del narcotráfico, que implantaría dictaduras a su antojo”. Sin embargo, aún duda que sea un escenario cercano para Ecuador.

“No diría que ya estamos en una transición (hacia este tipo de dictaduras), pero hay un riesgo, que es diferente. Y no solo en Ecuador, porque el fenómeno del narcotráfico está afectando al conjunto de América Latina”, expone.

Por su parte, Luis Verdesoto, académico y PhD en Estudios Políticos, considera que la calificación “narcodictadura”, para el actual Gobierno de Ecuador, es excesiva.

“Es demasiado ríspido (rígido) hablar en este momento encuadrando en la narcodictadura, porque eso indicaría que los agentes de los grandes cárteles se han tomado el Estado”, dice.

¿Qué es una dictadura?

Pachano indica que una dictadura es un sistema más complejo: “En una dictadura se acaba absolutamente el Estado de derecho. No impera la ley, sino la voluntad del o los gobernantes. No hay elecciones libres ni limpias. Es decir, hay una serie de condiciones que marcan a una dictadura”.

Felipe Burbano de Lara, sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, resume que una dictadura implica una serie de restricciones:

• Se suprimen elecciones.
• Se restringen todos los derechos políticos.
• Se anula la vida política.
• El gobierno de turno se declara en funciones permanentes, sin un periodo determinado.
• No hay oposición con espacios de organización política.

“Mientras el Ecuador tenga como horizonte las elecciones que sean limpias, transparentes, competitivas, no estaremos en una dictadura”, afirma Burbano, quien ve difícil que el país vaya hacia una dictadura, como fue el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el caso de Cuba o Nicaragua.

“La dictadura es un régimen político en el cual quedan eliminadas las elecciones como mecanismo de selección de los gobernantes”, apunta. Cree que el término “narcodictadura” es utilizada de forma imprecisa y como “arma política”.

Para Verdesoto, “una dictadura generalmente se asienta en el abuso del poder”, que transgrede permanentemente las normas, los reglamentos y las leyes. Pero añade que a través de los años, esas prácticas se modifican en cuanto a las formas.

“La nueva dictadura no es la de los años 70 en América Latina, donde los militares arrasaban, hacían desapariciones masivas, dejaban muchos muertos y se tomaban sangrientamente los Estados”, explica.

Sostiene que ahora las formas cambian y conllevan a un autoritarismo, que se reflejan en “inéditas” articulaciones internacionales. Eso es un “caldo de cultivo del autoritarismo dictatorial”, agrega Verdesoto.

El autoritarismo y el proceso de transición antes de llegar a una dictadura

Al hablar sobre el autoritarismo, Burbano indica que es una práctica donde se advierte concentración del poder, anulación de la autonomía de las Funciones del Estado, el uso permanente de la fuerza, la amenaza política como arma para amedrentar a los opositores o restricción de los espacios de libertad informativa.

El experto resalta en no confundir este tipo de prácticas autoritarias con las dictatoriales, pero recalca que las primeras pueden conducir a una dictadura.

Sin embargo, Verdesoto dice que es difícil establecer cuándo un Estado pasa del autoritarismo a una dictadura plena: “La dictadura plena es la transgresión de todos los principios democráticos en términos de elecciones. Las nuevas formas dictatoriales surgen de los autoritarismos que están en todo lado: autoritarismos que están en la sociedad, en el Parlamento, en el Ejecutivo, en la conservación de la seguridad, en la articulación internacional”.

Todo eso, subraya, configura un panorama de miedo para que un Estado sea autoritario, se termine el sistema de pesos y contrapesos, y se convierta en dictatorial, pese a que su gobierno haya surgido en democracia.

“Así mueren las democracias. No mueren de un día para otro, van muriendo a partir de una cantidad de elementos y situaciones”, señala Verdesoto.

¿Cómo evitar el camino hacia una dictadura?

Verdesoto plantea que ante las prácticas autoritarias que ponen en riesgo la democracia, se debe “forzar a que las instituciones funcionen y se respete a la opinión pública”.

En el caso ecuatoriano, sugiere: “Si no les da la gana de posicionar a la presidenta del Consejo de la Judicatura (se refiere a Alexandra Villacís), hay que forzar que la institución cumpla su función de garante de derechos y deberes”.

Burbano evalúa que aquí entra el rol de la oposición que, con legitimidad y credibilidad, pueda denunciar con certezas y defienda el ejercicio de los derechos y de las libertades políticas. Advierte que eso es lo complicado en un régimen autoritario, porque este se encarga de cerrar espacios y generar miedo.

“Tiene que haber una contraparte, una oposición en distintos ámbitos sociales, políticos, informativos (…). Se tiene que respetar la libertad de opinión, que no se cierren medios de comunicación, que no se amedrente a periodistas, pero eso depende de la fortaleza que adquieran estos espacios de oposición”, concluye.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) atraviesa una crisis institucional y profundo malestar interno, según fuentes del alto tribunal.

Los desacuerdos entre los magistrados se intensificaron el 27 de marzo de 2026, luego de que el presidente temporal, Marco Rodríguez, resolviera completar y remitir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) la terna para la designación de vocal principal y suplente del Consejo de la Judicatura (CJ).

La decisión de Rodríguez, quien optó por respaldar un proceso de designación para un cargo que aún se encuentra en disputa, se tomó en medio de cuestionamientos y pese a la existencia de un fallo judicial que favorece a la vocal suplente del CJ, Alexandra Villacís, para que asuma la presidencia de la Judicatura.

En la terna enviada por Rodríguez se ratificó a Mercedes Caicedo, jueza de la Sala Penal de la CNJ, quien encabeza la lista. La nómina la completan el jurista en Derecho Penal, Ramón Echaiz, y la jueza de la Unidad de Familia de la Corte de Pichincha, Paquita Chiluisa.

Según jueces consultados por LA HORA, Rodríguez tomó esta decisión de manera unilateral. De hecho, afirman que el tratamiento del tema no fue incluido en la última sesión del Pleno de la CNJ del 25 de marzo de 2026.

Los magistrados critican que en la notificación remitida al Cpccs consten nombres de candidatos para reemplazar tanto al vocal principal como al suplente del CJ, cuando, según sus criterios, la terna debió limitarse únicamente a elegir al reemplazo de Villacís.

Disputa por la Judicatura

Para los magistrados, Alexandra Villacís, quien fue suplente de Mario Godoy en una terna de la CNJ, debe asumir la presidencia del CJ tras la destitución de Godoy por la Asamblea Nacional, el 18 de febrero de 2026.

Sostienen que la oficialización de la presidencia del CJ no debería dilatarse, pues existe un fallo constitucional vigente desde el 23 de marzo que ordena al Ministerio de Trabajo levantar el impedimento para que Villacís ejerza cargos públicos.

“Están mal utilizando el Ministerio de Trabajo”, indicó una de las fuentes consultadas.

Ante esta situación, un sector de jueces de la CNJ planea exigir explicaciones a Marco Rodríguez en una sesión del Pleno, que estaría prevista para el 1 de abril, cuestionando tanto su actuación “unilateral” como los criterios para incluir en la terna a los abogados Ramón Echaiz y Paquita Chiluisa.

Verificación de requisitos de los postulantes a vocales

Por ahora, con la terna completa, los expedientes pasarán a revisión de la Comisión Técnica de Selección del Cpccs, para verificar el cumplimiento de requisitos.

De superar este filtro, se iniciará la fase de impugnación ciudadana. Este es un momento clave porque permite el control público sobre la idoneidad de los aspirantes. Posteriormente deberán explicar sus planes de trabajo en caso de ser elegidos. (SC)

Alexandra Villacís pide demostrar compromiso con la Justicia

Días antes de que Marco Rodríguez enviara la terna de candidatos, Alexandra Villacís le solicitó demostrar su compromiso con la Justicia y no acatar el pedido del Cpccs.

Pero tras conocer la decisión final, Villacís se declaró decepcionada y señaló que el presidente de la CNJ debería ser el garante del cumplimiento de las sentencias.

Cuestionó que la CNJ se ha alineado con instituciones como el Ministerio de Trabajo y el Cpccs para ignorar su situación legal, así como la Judicatura a cargo de Damián Larco, como presidente temporal.

“Los responsables de no permitir que se cumpla la ley deberán rendir cuentas en algún momento”, mencionó Villacís, mientras espera que la jueza que falló a su favor realice un seguimiento a su sentencia del 23 de marzo.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) aún no recibe el pedido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para que complete la terna de candidatos para ocupar dos vocalías en el Consejo de la Judicatura (CJ), sin embargo, en el alto tribunal ya se analizan los escenarios.

El 25 de marzo de 2026, el Cpccs resolvió notificar a la CNJ para que en cinco días complete la lista de aspirantes para reemplazar a María Fernanda Morejón y Óscar Chamorro, quienes, registraron inhabilidades.

Uno de los candidatos que sea escogido en el Cpccs, una vez que la CNJ remita los nombres de los nuevos postulantes, será para llenar el puesto principal que quedó vacante luego de que Mario Godoy fue destituido, el 18 de febrero, en la Asamblea Nacional. Su cargo lo ocupa temporalmente el vocal delegado del Ejecutivo, Damián Larco.

Pero, una sentencia judicial que favoreció a la vocal suplente, Alexandra Villacís para que asuma la presidencia del CJ, podría ser tomada en cuenta al momento que la CNJ adopte la decisión de enviar o no, un nuevo listado de candidatos al Cpccs.

Fuentes de la CNJ creen que lo prudente sería esperar a que se resuelva el conflicto entre Villacís y el Ministerio de Trabajo. Por orden judicial del 23 de marzo, la cartera de Estado debía levantar el impedimento legal por una supuesta deuda con el SRI para ejercer cargo público, lo que le impidió asumir la presidencia de la Judicatura en reemplazo de Godoy.

Otro escenario que estaría evaluando en la CNJ, según trascendió extraoficialmente, sería eventualmente solicitar un pronunciamiento a la Procuraduría General del Estado. Otra alternativa que se analiza sería incluir en la lista de candidatos a Alexandra Villacís.

Para el constitucionalista José Chalco, las “dilatorias son innecesarias”. Lo que corresponde, señaló, es una mirada institucional para hacer cumplir y que se respete el orden constitucional.

“Todo lo demás, como la posibilidad de pedir un pronunciamiento a la Procuraduría, son dilatorias que podrían llegar a tener una responsabilidad jurídica”, expresó. Consideró que, las demoras en los procesos impiden que se cumpla lo que el país demanda.

En su opinión, Villacís tendría que, de ser designada vocal principal en ausencia de Godoy, y el Cpccs nombrar, de la terna enviada por la CNJ, al alterno de Villacís. (SC)

Ministerio de Trabajo pidió a la jueza Viviana Pila aclarar la sentencia

La tarde del 26 de marzo trascendió, en medios de comunicación, que el abogado Esteban Angulo Flores, coordinador general de asesoría jurídica del Ministerio de Trabajo, pidió a la jueza de Quito, Viviana Pila, aclaración a la sentencia de hábeas data que favoreció a Villacís y cuyo fallo permitirá que asuma la presidencia de la Judicatura, previo al eventual cumplimiento de la sentencia.

El Ministerio de Trabajo también habría considerado que las medidas de reparación, ordenadas por la jueza, como las disculpas públicas son excesivas y pidió conocer cuál fue el razonamiento jurídico para disponerlas. La cartera de Estado esperará la aclaración de la jueza antes de proceder a levantar el impedimento a Villacís.

Mientras se trata de resolver la pugna por la presidencia del CJ, José Chalco dijo que es necesario observar el auto de seguimiento y cumplimiento dictada en 2023 por la Corte Constitucional.

“No tiene ningún sentido que (el CJ) esté a cargo de un presidente temporal (Damián Larco) cuando existe un presidente subrogante (Villacís)”, señaló. Opinó que la falta del cumplimiento de una sentencia podría configurar infracciones por simulación o usurpación de funciones.

En una sesión virtual del Consejo Nacional Electoral (CNE), convocada por la presidenta Diana Atamaint, hoy 26 de marzo de 2026, el pleno aprobó un informe que recomendó iniciar el procedimiento de cancelación del movimiento Construye y el partido Unidad Popular (UP) por haber disminuido el total de sus afiliados con una cifra inferior al 50% del número exigido por la ley para su inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas.

Previo a iniciar el procedimiento de cancelación, un informe técnico jurídico del 20 de marzo de 2026, también recomendó al pleno del CNE dar a las agrupaciones políticas diez días de plazo para que las organizaciones puedan presentar sus descargos y observaciones.

Diana Atamaint, José Merino, María Cristina Kronfle, y José Cabrera votaron a favor del informe de Construye. José Cabrera se abstuvo en el informe de Unidad Popular que señaló falta de fundamentación.

A la sesión no asistieron los consejeros Esthela Acero que presentó permiso por lactancia, Elena Nájera argumentó que debía acudir a la Fiscalía, y Enrique Pita que argumentó motivos personales.

Este Diario supo que Kronfle fue convocada la noche de ayer, ante la ausencia de Nájera. El fin era hacer la mayoría que no puso ser alcanzada en tres sesiones anteriores.

María Paula Romo de Construye reacciona; el partido pidió al CNE que se certifique si han solicitado su eliminación del registro

Maria Paula Romo, dirigente de Construye, dice que este es un proceso sorpresivo. “Este proceso sancionatorio del que no nos hemos enterado nunca y la primera vez que tenemos oportunidad de responder es cuando ya deciden la cancelación”.

Romo asegura que existe un problema de origen que es responsabilidad del CNE “y que la señora Atamaint conoce bien. Cuando el CNE de transición revocó nuestra cancelación impulsada por el correísmo, sabía que en esa época no solo cancelaron Ruptura sino que “liberaron” las firmas / adhesiones / afiliaciones para permitir la entrada de sus partidos amigos”.

Así, señala que “era responsabilidad del CNE (desde ese entonces sigue Atamaint) resolver lo que harían para “devolvernos” nuestros registros. Lo que no han hecho”.

El secretario Nacional de Construye, Raúl González, hizo seis pedidos al Pleno del CNE. El oficio fue ingresado el 23 de marzo. Los pedidos, que no fueron tomados en cuenta, fueron:

1. El registro de adherentes permanentes con los que el CNE procedió a la inscripción en el registro de partidos y movimientos políticos del Movimiento Construye, previamente denominado Ruptura.

2. Certifique, desde el momento de su registro como Movimiento Político Nacional, qué ciudadanos han solicitado ante el CNE su eliminación de la lista de adherentes permanentes del Movimiento Ruptura, más adelante Movimiento Construye, listas 25.

3. Las evidencias de las notificaciones cursadas al Movimiento, dentro de cualquier procedimiento administrativo de carácter sancionatorio, que pudiera haberse iniciado para una posible cancelación del registro electoral -extinción legal de la organización-; notificaciones que debieron incluir, todos los actos administrativos, de simple administración, informes técnicos, informes legales y demás documentación que se haya
generado para cualquier procedimiento administrativo de carácter sancionatorio que se hubiere iniciado en contra del Movimiento, para una eventual sanción, incluida una extinción legal de la organización.

4. Copia certificada de toda la documentación que dentro del inicio o sustanciación de un eventual procedimiento administrativo sancionatorio que pudiere haberse iniciado en contra del Movimiento, a partir del mes de enero del 2026, y que haya sido puesto a conocimiento y tratamiento del Pleno del Consejo Nacional Electoral.

5. Actas de las sesiones Sesión Ordinaria No. 014-PLE-CNE-2026 y Sesión Ordinaria No. 015-PLE-CNE-2026; y copia certificada de toda la documentación de sustento para realización de las dos sesiones.

6. Acta de la Sesión 021-PLE-CNE-2018 del Pleno del Consejo Nacional Electoral, del 1 de octubre de 2018 y de las resoluciones aprobadas durante esa sesión.

Unidad Popular denuncia irregularidades en proceso de cancelación del registro electoral

La dirigente de la organización política Unidad Popular, Natasha Rojas, calificó como «totalmente falso» el argumento utilizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para iniciar el proceso de eliminación de su partido del registro electoral. Rojas, en entrevista con este Diario, desmintió las cifras de desafiliación presentadas por el organismo y denunció una presunta persecución política orquestada desde el Ejecutivo.

Unidad Popular cuenta con 206.000 afiliados a nivel nacional, asegura la dirigente. Lo que contradice la desafiliación de 175.000 personas, asegurando que sus registros internos solo reportan “cerca de 300 desafiliados”. «Carece de elementos técnicos y jurídicos en este ámbito. Si la señora Diana Atamaint dice que son 175.000, que presenten el proceso de cada una de esas desafiliaciones», manifestó la dirigente.

La organización sostiene que el proceso responde a una «orden del Presidente de la República» para eliminar a los sectores de oposición. Rojas vinculó esta decisión a la participación del partido en demandas de inconstitucionalidad, movilizaciones sociales y la última consulta popular donde el gobienro fue derrotado.

Asimismo, señaló una presunta relación directa entre la presidencia del CNE y el Gobierno Nacional, citando como ejemplo la designación del funcionarios relacionados con Atamaint.

Rojas reveló que el informe del CNE se habría realizado «de la noche a la mañana» y denunció que el anterior coordinador de organizaciones políticas “renunció horas antes de la discusión del documento tras presuntas presiones para firmarlo”.

Ante esta situación, Unidad Popular anunció una estrategia legal que incluye la solicitud formal de la documentación de respaldo sobre las supuestas desafiliaciones al CNE, la presentación de un habeas data, la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Un día después de que Viviana Pila, jueza de la unidad con sede en Quito, aceptó una acción de habeas data presentada por Alexandra Villacís, vocal suplente del Consejo de la Judicatura (CJ), y ordenó levantar el impedimento que no le permitía ejercer un cargo público, la decisión fue notificada por escrito a las 14:35 el 24 de marzo de 2026. El lunes 23, el fallo fue emitido de forma oral.

En su dictamen, la jueza se ampara en cinco artículos del Código de la Función Judicial y ordenó “como medida de reparación” que “de inmediato” el Ministerio de Trabajo realice varias acciones:

• Rectifique el registro de impedimento laboral que consta en el sistema informático en contra de Villacís por una supuesta deuda con el SRI.
• Se ordena al Ministerio emitir el certificado actualizado que acredite que Villacís no posee impedimento legal para ejercer cargo público, habilitando el normal desenvolvimiento de sus derechos.
• El Ministerio deberá ofrecer disculpas públicas. Este acto lo ejecutará ante los medios de comunicación como medida de reparación integral a favor de Villacís.
• El Ministerio de Trabajo, en coordinación y colaboración de la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Protección de Datos, debe organizar una capacitación a todos los servidores públicos a su cargo en 30 días. La capacitación versará sobre el contenido de la Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento y la Constitución en relación a la protección de datos personales y así evitar que se activen las instancias constitucionales a través del habeas data. Se deberá capacitar sobre la figura del habeas data y sus diversos tipos y en base a análisis de las sentencias de la Corte Constitucional. Todas las medidas de reparación están orientadas a la no repetición de estos actos y a promover y generar una conciencia y cultura de protección de datos personales que respete los derechos de la ciudadanía y permita al país ser reconocido como una nación confiable en el tratamiento de datos en la era digital.

Después de que la sentencia fue publicada por escrito, el Ministerio de Trabajo aún no levantaba la inhabilidad.

Tras el fallo judicial, la disputa por la presidencia del CJ podría intensificarse. Villacís, quien busca asumir la titularidad, instó al Cpccs a abstenerse de continuar con la designación de vocal titular y suplente en curso.

En la sentencia, la jueza dispuso que Villacís retorne a su cargo como vocal suplente y que se active el proceso de sucesión.

Sin embargo, el 24 de marzo, en una sesión de la Judicatura que estuvo presidida por Damián Larco, los vocales no se pronunciaron, ni hicieron referencia al fallo de la jueza Viviana Pila, y la sesión continuó como si la sentencia no existiera. Hubo silencio, ninguno de los vocales planteó que el tema sea debatido.

Damian Larco permanece en el cargo de manera temporal desde el 19 de febrero de 2026, tras la destitución de Mario Godoy. Larco llegó al CJ como delegado del Ejecutivo. También fue director del SRI en el Gobierno de Daniel Noboa.

Constitucionalista dice que Alexandra Villacis debería ir a la Judicatura y empezar a ejercer el cargo

André Benavides, constitucionalista, opinó que, una vez que la sentencia fue notificada por escrito, el Ministerio de Trabajo tiene 24 horas para rectificar y levantar el impedimento de Villacís para que asuma la vocalía principal en el CJ.

Pero aclaró que está por verse las decisiones que se adopten en el CJ, aunque a su criterio, Villacís debería ir a la Judicatura “y sentarse en el puesto que le corresponde (la presidencia del CJ) y empezar a ejercer el cargo”. Desde ese momento concluirá el encargo de Damián Larco, afirmó Benavides. (SC)