El Concejo Metropolitano aprobó en primer debate una reforma que modifica las reglas con las que alcalde, concejales y comisiones tramitan ordenanzas, acuerdos y resoluciones. La norma planteada cambiará la forma en que se toman decisiones y se distribuyen responsabilidades dentro del Concejo de Quito en un período marcado por el proceso electoral que se aproxima y pondrá estas reglas a prueba.

La reforma llega cuando el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y la vicealcaldesa, María Fernanda Racines, buscan la reelección.

Una reforma después de tres años en el Concejo Metropolitano de Quito

La presidenta de la Comisión de Planificación Estratégica, Analía Ledesma, explicó que la propuesta modifica las reglas que antes estaban contenidas en una resolución y que durante inicios de este período fueron elevadas a una ordenanza de procedimiento parlamentario.

Ledesma recordó que en el período anterior los concejales tenían mayor libertad para intervenir antes de iniciar el orden del día. “Podíamos hablar cuando quisiéramos, levantábamos la mano, antes del orden del día”, señaló.

A su criterio, eso permitía que la ciudadanía conociera asuntos relevantes, mientras que la regulación vigente durante la administración de Muñoz ha restringido esas intervenciones.

La normativa vigente contempla un máximo de 90 días para elaborar informes de primer debate; la propuesta lo eleva a 120 días. También establece un mínimo de 20 días, salvo urgencia motivada, y garantiza al menos 15 días para que concejales y ciudadanía presenten observaciones o pidan ser recibidos en comisión general.

Ledesma explicó que varias ordenanzas dependen de informes de secretarías y otras dependencias municipales que pueden demorarse. También señaló que existen proyectos que han permanecido años en trámite por falta de voluntad política. Puso como ejemplo el proyecto relacionado con el delivery, que, según dijo, permanece desde el año 2020.

La propuesta permite una sola prórroga, aprobada por mayoría simple. Así busca poner un límite temporal al trámite, aunque queda una pregunta: si una comisión depende de informes externos, ampliar el plazo no garantiza por sí solo que una ordenanza avance.

Asesores, comisiones y sesiones virtuales en el concejo metropolitano de Quito

Otro cambio es la participación de asesores. El proyecto permite que los equipos técnicos intervengan en las comisiones con autorización de la Presidencia, siempre que esté presente el concejal al que asesoran. Sus intervenciones serían con voz, no con voto.

El concejal Michael Aulestia se mostró en contra de que los asesores de los concejales puedan intervenir con voz en las comisiones. Consideró que los equipos de asesores cumplen un papel técnico y de apoyo, mientras que son los concejales quienes deben llegar preparados a los debates y asumir la responsabilidad de las decisiones, al ser ellos quienes fueron elegidos por la ciudadanía.

La propuesta también permite que las sesiones ordinarias de las comisiones sean virtuales por decisión de su presidencia. Si fueron convocadas como presenciales, podrán cambiar a modalidad virtual hasta diez minutos antes cuando exista caso fortuito o fuerza mayor. Las sesiones conmemorativas también podrán ser presenciales o virtuales.

Aulestia rechazó esta última posibilidad, especialmente para el 6 de diciembre, fecha relacionada con la fundación de Quito. Consideró que una sesión de esa naturaleza debería preservar su carácter presencial.

La reforma también busca ordenar el trabajo de las comisiones. Establece que ninguna podrá interferir en competencias exclusivas de otra y plantea restringir la creación de comisiones permanentes, especiales, ocasionales o técnicas para asuntos que puedan ser tratados por las existentes, salvo disposición del Pleno.

Ledesma aclaró que la prohibición de interferencia todavía debe debatirse. Aulestia señaló que el Código Municipal ya delimita las competencias de las comisiones y que la fiscalización corresponde a cada concejal, por lo que no le preocupa que esta modificación les limite a su fiscalización.

El debate queda abierto en el Concejo Metropolitano de Quito

Aulestia considera que contar con reglas claras es necesario, pero cuestiona que el procedimiento municipal se haya equiparado anteriormente al de la Asamblea Nacional. Según explicó, el Municipio tiene una dinámica distinta porque muchas ordenanzas dependen de informes de empresas, secretarías y otras dependencias.

Ledesma sostiene que la reforma busca ordenar los tiempos y adaptar las reglas a la experiencia de estos tres años. El contraste muestra el principal debate del proyecto: establecer procedimientos que eviten demoras sin cerrar espacios para la deliberación.

La reforma todavía no es definitiva. Fue aprobada en primer debate y deberá continuar su trámite antes de convertirse en norma.

El correísmo, liderado por el expresidente Rafael Correa, tiene partidarios y opositores. En el segundo grupo se encuentra el anticorreísmo, ahora con algunas variantes, según los analistas consultados. No obstante, consideran que actualmente hay escasas posibilidades de que todos los anticorreísmos se unifiquen porque no tienen los mismos principios ni intereses.

El correísmo, en cambio, está unificado. Rafael Correa reside en Bélgica y en Ecuador es Gabriela Rivadeneira quien dirige esa tendencia como presidenta de la Revolución Ciudadana (RC).

¿El anticorreísmo se ha incrementado y dividido en Ecuador?

Lolo Echeverría, periodista y analista político, observa que hay distintas clases de anticorreísmo y que este se ha fragmentado ante la creciente desconfianza hacia el presidente Daniel Noboa, que encarnó la totalidad del anticorreísmo.

Identifica tres variantes del anticorreísmo:

1. El anticorreísmo encarnado por Noboa y sus aliados: “Hay un noboísmo fiel y muy disciplinado que considera emocionalmente que es el lado bueno. Aceptan todo”. Pero advierte que aquí hay otro grupo que tiene mayor reflexión: el de los académicos, analistas políticos y grupos de empresarios, pero que tienen miedo al autoritarismo de Noboa.
2. El anticorreísmo decepcionado del Gobierno de Noboa: “Son los que quisieran apartarse de este autoritarismo, pero sin volver al correísmo. Le llaman la tercera vía, restitución de la democracia o sentido común”. Incluye en este grupo al sector popular del país que necesita soluciones a problemas como la inseguridad, la crisis económica o el costo del transporte público.
3. El anticorreísmo opositor a Noboa: “Es la ciudadanía que rechaza abiertamente a Noboa, son opositores por la forma de gobernar, por la incapacidad y la inoperancia del Gobierno”. Señala que en este grupo están quienes no votaron en las elecciones presidenciales por el correísmo ni por Noboa. “Es un grupo de intelectuales, pero jóvenes”. Incluye aquí a ecologistas, indígenas más ideológicos, a quienes se oponen a la minería.

El anticorreísmo legítimo y la construcción de una opción electoral

El abogado y político Andrés Páez expresa que en Ecuador el “anticorreísmo legítimo es una fuerza electoral inorgánica, no estructurada formalmente”, pero también existe un correísmo light. Lo explica: “Quieren ser benignos y contemplativos con el correísmo porque su propósito es plantear una supuesta tercera vía que ha venido fracasando en varios procesos electorales. Lo intentan nuevamente, utilizando al anticorreísmo, y eso no lo vamos a permitir”.

Para Páez, no es una opción que todos quienes se denominan como anticorreístas confluyan porque hay diferencia de principios: “El que nosotros encarnamos es un anticorreísmo que lo construimos luchando en las calles contra Correa cuando él tenía todos los poderes. Un puñado de gente fuimos perseguidos. Ese anticorreísmo sigue vigente frente a los 10 años de abusos. Otros por conveniencia en su momento quisieron aparecer como anticorreístas”.

Algunas figuras que en su momento fueron parte de Alianza País (hoy RC) tuvieron su paso por el Gobierno de Noboa. Páez lo analiza: “Incorporar figuras del correísmo al Gobierno de Noboa le desgasta y le hace un flaco favor. Tarde o temprano, el Gobierno entenderá los efectos de la traición, de la maledicencia y seguramente de algún acto irregular, lo inconveniente que resulta ser contemplativo con algunas figuras del correísmo que han aparecido por ahí”.

Sin embargo, Páez subraya que Noboa tiene algunos méritos en su gestión, como el manejo de la dolarización, la consolidación de un frente externo de la economía, y no tener control de la Corte Constitucional. “No veo a Noboa con un aparato de propaganda fascista al estilo nazi como el que montó Correa”.

El abogado destaca que el anticorreísmo legítimo busca:

• Evitar que el correísmo vuelva a gobernar el país.
• Que el correísmo se perennice en el poder.
• Que el país esté bajo el manejo del “brazo político de grupos criminales”.
• Sustituir la Constitución de 2008.
• Realizar una articulación del anticorreísmo legítimo.

“El desafío para el anticorreísmo legítimo es construir una opción electoral. Hay que comenzar a articular de manera más orgánica a las fuerzas ligadas al auténtico anticorreísmo, para convertirnos en un grupo que efectivamente pueda quitarle la máscara a quienes se dicen anticorreístas, pero que son los que verdaderamente jodieron al país”, plantea. Eso será para futuros procesos electorales, no para las seccionales de 2026, añade.

¿Cómo darle identidad al anticorreísmo en Ecuador?

Jorge Peñafiel, constitucionalista y exasambleísta, señala que el anticorreísmo no es una corriente ideológica ni política ni social. “No tiene una identidad ideológica clara ni proviene de una corriente social importante porque es una fuerza que se opone a que Correa y su movimiento vuelvan al poder”, observa. Bajo esa lógica, la fortaleza o debilidad del anticorreísmo depende del correísmo, agrega.

En cambio, dice, el anticorreísmo que sí tiene una esencia y puede disputar las elecciones será el que plantee una propuesta positiva, organizacional, política, con base a principios, ideología, programa político y económico para el país.

Jorge Peñafiel, abogado y exasambleísta de Construye.

Sin embargo, Peñafiel ve que no hay posibilidad de unidad en el anticorreísmo, mientras Noboa pretenda acaparar todo el anticorreísmo. Pone dos ejemplos: “Ha impedido la participación de organizaciones y líderes que no son correístas. El ejemplo más claro es el movimiento Construye. También se notó cuando el expresidente Osvaldo Hurtado, siendo uno de los más anticorreístas, criticó la forma de gobierno de Noboa”.

Para plantear una propuesta hacia lo electoral, se requiere tener requisitos, indica Peñafiel, como:

• Una organización política habilitada, con presencia, que aglutine a liberales y demócratas.
• Recursos económicos para la organización política y campañas.
• Elecciones justas.
• Ciudadanía que quiera militar y ejercer.
• Liderazgos.

¿La tercera alternativa se está bloqueando en Ecuador?

“No somos anticorreístas, no queremos venganza ni resentimientos, pero sí tenemos memoria. (Correa) se aprovechó disfrazándose de ecologista y abriendo las puertas a la minería. Por ese gobierno tenemos una Ley de Minería”, declara Yaku Pérez, candidato a la alcaldía de Cuenca por la alianza entre Somos Agua, Unidad Popular (UP), Futuro e Izquierda Democrática. UP auspicia al correísmo en Quito.

Compara a Noboa con Correa: “Noboa trata de convertirse en el líder del anticorreísmo, pero con las mismas prácticas del correísmo, es decir, es el mismo lobo, con un collar distinto”.

Frente a eso, Pérez aún ve la opción de otra alternativa para el país: “Estará enterito el construir la tercera vía libre de todas esas taras coloniales, racistas, xenófobas, extractivistas, colmadas de corrupción y de totalitarismo. Falta construir la unidad en una diversidad, pero no por ser diversos se puede aceptar a anticorreístas que se han camuflado”.

“Es incomprensible e inentendible que olvidemos con una facilidad extrema, es no tener memoria el hacer alianzas con quienes antaño nos persiguieron. Eso es lo que yo no entiendo. Eso es lo que frustra la construcción de esa tercera vía”, afirma Pérez.

¿Cómo superar eso? “Con una política de extremo cuidado en la ética y desempolvando todas las travesuras que hicieron estos regímenes que han sido letales para la política ecuatoriana”, responde. (KSQ)

Daniel Elmir, viceministro de Desarrollo Urbano Sostenible y Vivienda, que es parte del Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT), lideró el evento Expo Construye New York 2026 durante el 19 y 20 de septiembre en Estados Unidos (EE.UU.).

Mediante ese evento, el MIT aceró a los ecuatorianos que viven en EE.UU. las alternativas que dispone el Gobierno para acceder a vivienda.

En el evento también participó la cónsul general del Ecuador en Nueva York, Gicela Andrade. El presidente Daniel Noboa también se encuentra en EE.UU. debido a su agenda oficial para asistir a la Asamblea Nacional de la Organización de las Naciones Unidas. Pero el mandatario no estuvo en la Expo Construye New York 2026.

¿De qué se trató la Expo Construye New York 2026?

El evento reunió a más de 45 stands del sector:

• Inmobiliario
• Banca
• Academia
• Gobierno nacional

El propósito fue brindar información sobre opciones de:

• Financiamiento
• Proyectos habitacionales
• Programas disponibles para adquirir una vivienda en Ecuador

“Más de 5.000 ecuatorianos residentes en diferentes ciudades y sectores de EE.UU. recibieron orientación sobre las alternativas para acceder a una vivienda y construir patrimonio en Ecuador”, destacó el MIT.

El viceministro Elmir destacó en el evento: “El Gobierno nacional ha creado una política pública que atiende las necesidades de los ecuatorianos. Sabemos que muchos han trabajado toda su vida y que tener una casa propia es un anhelo que, estando fuera de su país, puede parecer lejano. Hoy estamos aquí para acercar esas oportunidades y contribuir a que esos sueños se cumplan”.

El funcionario, además, refirió que es clave que el Gobierno nacional se articule con los constructores privados para ofrecer las mejores soluciones y que los ecuatorianos cumplan su sueño de tener una vivienda propia.

Metas del Gobierno en vivienda

El Gobierno nacional buscar reducir el déficit habitacional y avanzar hacia la meta de 200.000 soluciones habitacionales. La Expo Construye forma parte de las acciones ejecutadas y en marcha para llegar a las 50.000 a escala nacional, este avance se desarrolla en el marco de 2026, declarado Año de la Construcción, subrayó el MIT.

En el evento también hubo espacios informativos de otras instituciones como el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otras entidades financieras que ofertan para vivienda. 

El 15 de noviembre de 2025, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, presentó una denuncia por presunta infracción electoral en contra de la presidenta y el secretario de la Revolución Ciudadana, Luisa González y Andrés Arauz.

La denuncia de Atamaint fue ingresada ante el TCE por inconsistencias en la rendición de cuentas de las elecciones anticipadas de 2023, y este viernes 7 de mayo de 2026, el pleno del TCE resolvió:

1. Negar el recurso de apelación que interpuso Luisa González, Andrés Arauz, y Estefanía Molina, en su calidad de responsable del manejo económico, en contra de la sentencia del 7 de abril de 2026 dictada por el juez Guillermo Ortega.
2. El TCE ratificó la imposición de una multa por $18 mil en contra González, Arauz y Molina por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de campaña en las elecciones de 2023. El pago de la multa deberá ser depositado en la cuenta “Infracciones Ley de Elecciones del Banco BanEcuador.
3. Disponer que una vez ejecutoriada la sentencia, a través de la secretaría general del TCE se remita el expediente al juez de instancia (Guillermo Ortega) para que proceda con la ejecución de lo resuelto en la causa de conformidad con el Reglamento de Trámites del TCE.
4. Se dispuso la notificación del contenido de la sentencia las partes procesales.

Con el recurso de apelación, Luisa González, Andrés Arauz y Estefanía Molina pretendían que se deje sin efecto la sentencia del 7 abril de 2026, cuando el juez Guillermo Ortega declaró la responsabilidad por infracción del artículo 281 numeral 1 del Código de la Democracia imponiéndoles una sanción pecuniaria de 40 salarios ($18.000).

En su sentencia del 7 de abril el juez negó, por el contrario, la denuncia contra González como representante legal y Joseph Díaz como jefe de campaña al no configurarse su responsabilidad. En esa fecha, el juez ordenó emitir el expediente a la Fiscalía investigar el origen de los aportes y publicidad no autorizada.

Denuncia de Diana Atamaint: no se subsanó las observaciones realizadas en cuanto a las cuentas de campaña del movimiento

En su denuncia ingresada al TCE, Diana Atamaint señaló que la responsable del manejo económico presentó documentación ante el ente electoral el 17 de noviembre de 2023 en 399 hojas y un soporte digital. Y que una vez analizada la misma, la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política y las direcciones de Fiscalización y Control del Gasto Electoral; y de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral, emitieron los informes en los cuales detallaron las observaciones que debían ser subsanadas.

El 29 de enero de 2025, el CNE emitió la Resolución Nro. CNE PRE-2025-0030-RS mediante la cual acogió los informes técnicos y jurídicos y concedió a los denunciados, el término de 15 días para que justifiquen las observaciones detectadas.

Sobre la documentación presentada, el CNE elaboró nuevos informes técnicos y jurídicos, en los que se ratificó la no subsanación de las observaciones realizadas en cuanto a las cuentas de campaña del movimiento, y posteriormente declaró el incumplimiento de obligaciones de la organización política y dispuso que la dirección nacional de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral presente la respectiva denuncia ante el Tribunal por el presunto cometimiento de una infracción electoral.

El CNE solicitó que mediante sentencia, el TCE, declare la responsabilidad de los denunciados por no haber subsanado las observaciones en relación a la liquidación de las cuentas de campaña de la dignidad de binomio presidencial auspiciada por el Movimiento Político Revolución Ciudadana, y se sancione a los denunciados.

La Revolución Ciudadana (RC), en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, respaldó con sus votos una solicitud de cambio del orden del día y se aprobó la incorporación de una moción para investigar la gestión de la extinta Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO-EP).

El inicio del proceso, de iniciativa del gobiernista Acción Democrática Nacional (ADN), busca esclarecer presuntos manejos irregulares ocurridos durante la administración de Hernán Luque Lecaro, quien fue designado durante el Gobierno de Guillermo Lasso.

El cambio de orden del día fue aprobado por unanimidad con los votos de los asambleístas de ADN: Ferdinan Álvarez, Ana Tapia, Fabiola Sanmartín, Luigi García, María Paula Villacrés, así como los de la Revolución Ciudadana: Janeth Bustos, Nanki Saant, Fricson George y Ana Herrera (Revolución Ciudadana). La moción, que fue planteada por el legislador oficialista Luigi García, también tuvo el respaldo de José Nango (exPackakutik, actual aliado de ADN).

La decisión de ADN de fiscalizar, con el apoyo correísta, surge tras la reactivación del caso Encuentro, que investiga una presunta red de corrupción que habría operado desde EMCO. La extradición de Luque Lecaro desde Argentina llevó al Legislativo a retomar el caso.

“Ya se ha dado paso al proceso de extradición desde Argentina del señor Luque, pieza clave en la presunta trama de corrupción, en la presunta red de corrupción del denominado caso Encuentro y esta Comisión no puede callar, no puede darle la espalda a hechos que reabren preguntas graves sobre supuestos hechos de corrupción y el posible cometimiento de delitos de exfuncionarios del sector público”, dijo García al sustentar el pedido.

Según la hipótesis de ADN, en la gestión de EMCO se habría configurado una red de corrupción que incluiría:

• Presiones indebidas en el nombramiento de altas autoridades.
• Injerencia en la administración de contratos de alta cuantía.
• Intromisión del crimen organizado en el sector público.
• Vinculación de altos funcionarios y personas cercanas al poder Ejecutivo con estructuras internacionales del narcotráfico.
• ADN también sospecha que dentro de esta trama de corrupción se vieron involucradas empresas de sectores estratégicos como CNEL, Celec, Petroecuador, Flopec, BanEcuador y la Aduana.

“Son hechos sumamente graves, son hechos de conmoción nacional, debemos transparentar lo sucedido y establecer precedentes que prevengan la repetición de estos esquemas de corrupción en el sector público, caiga quien caiga”, dijo García.

Ana Herrera, asambleísta de la Revolución Ciudadana: “nosotros no nos oponemos a que se haga fiscalización”

La legisladora correísta Ana Herrera declaró que su movimiento no se opone a la fiscalización. “Ojalá no sea conveniencia política, y no sea solo una cortina de humo de lo que está pasando en el país”, afirmó Herrera, quien dijo que también se debería investigar el caso Progen.

Sobre el caso EMCO recordó la existencia de algunas actuaciones en el ámbito judicial. Mencionó que la extradición de Luque Lecaro solo depende del Gobierno de Argentina.

Herrera, quien espera que con esto se pueda develar si hubo o no una red de corrupción en el Gobierno de Lasso, pidió incluir a autoridades como Diana Salazar, que “seguramente tendrá información, pues fue en su periodo cuando ella era Fiscal y ahora es embajadora en Argentina”.
Para Herrera, el país merece transparencia de los hechos que ocurrieron con EMCO. “En eso me parece que vamos a coincidir”, afirmó.

Liliana Durán, de la bancada de la RC, declaró que le parece bien que se vaya a convocar a Lasso, a Luque y a todos los que intervinieron en la administración de aquel Gobierno, pero consideró que sería más importante que la Comisión priorice la fiscalización a Progen, o el caso de la empresa Austral Technical Management (ATM).

La madrugada de este 5 de mayo de 2026, la Fiscalía junto con la Policía Nacional, allanaron el Complejo Judicial del Norte, en Quito.

El operativo se dio bajo la investigación por el presunto delito de concusión y se denominó Citaciones. De acuerdo con información de la Policía, a través de la Unidad Nacional de Delitos Contra la Eficiencia en la Administración Pública, se realizó el operativo en varios sectores de la capital, lo que permitió la detención de siete ciudadanos por el presunto delito de concusión.

La Policía informó que tras denuncias ciudadanas receptadas a través de la línea 1800-DELITO durante el 2024, se obtuvo información que permitió identificar el presunto cometimiento de actividades ilícitas relacionadas con corrupción “por parte de servidores vinculados a la Función Judicial, en el área de citaciones de los Complejos Judiciales Norte y Mejía”.

Los elementos recabados durante el proceso investigativo establecen que los implicados, identificados con los alias Mono, Cesarín, Andy, Marquiño, Sambo, Danny, Lucho, Rodrigo y Don Enrique habrían utilizado líneas de telefonía móvil para coordinar las actividades ilícitas, gestionar y recibir pagos indebidos a cambio de agilizar trámites de notificación legal.

Según información policial, el modus operandi consistía en que servidores públicos pertenecientes al área de citaciones del Consejo de la Judicatura, en la capital, se valían de su cargo y funciones, presuntamente ejecutaban actividades ilícitas en beneficio propio.

Por su parte, Fiscalía informó que bajo la investigación por presunta concusión se realizaron nueve allanamientos en varios inmuebles para recabar indicios.

Los lugares allanados fueron domicilios y una institución pública, además siete personas fueron detenidas con fines investigativos. En el operativo se incautaron celulares, documentos, computadoras y dispositivos de almacenamiento, entre otros indicios.

Han transcurrido cerca de 17 horas desde que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció que “varias fuentes” le habían “informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de (Gustavo) Petro”.

Esa denuncia la hizo el 29 de abril de 2026, a las 16:18, en su cuenta de X, y no especificó a dichas fuentes.

Hasta las 09:50 de hoy, 30 de abril de 2026, la Cancillería de Ecuador y el Ministerio de Defensa de Ecuador no han dado respuesta sobre las diversas consultas de la prensa sobre qué sucedió en la frontera, cuándo se produjo la incursión, si hubo enfrentamientos o detenidos. Las instituciones públicas guardan silencio.

LA HORA también consultó a la Cancillería de Colombia si habrá algún pronunciamiento de su lado, pero la institución respondió que no porque es un tema que compete al Ministerio de Defensa de ese país. Una fuente de esa institución refirió al tuit de Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, difundido la noche del 29 de abril.

Reacciones de autoridades de Colombia

A las 17:02 del 29 de abril, se produjo la primera reacción del presidente Gustavo Petro, en X, donde le dijo a Noboa que “deje de creer mentiras”.

Luego, a las 19:16 del 29, Petro publicó: “En Colombia no existen guerrilleros, existen grupos armados del narcotráfico y, a los del sur del país les compra la cocaína la Junta Internacional del narcotráfico. Quienes controlan la exportación de cocaína desde los puertos ecuatorianos son la junta del narcotráfico”.

A las 19:50 del 29, Petro retuiteó una publicación de Caracol (medio colombiano) sobre la denuncia de Noboa. Petro señaló: “Van hacia el autoatentado”.

A las 10:47 del 29, Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, publicó en X que “frente a las amenazas del narcotráfico y de estructuras criminales en la zona fronteriza, se ha desplegado una respuesta integral y sostenida para proteger la vida, el territorio y la soberanía nacional”.

El ministro de Defensa dijo que, en la frontera con Ecuador, específicamente en Nariño y Putumayo, se cuenta con más de 15.000 uniformados desplegados en las áreas críticas a lo largo de los 586 km de frontera terrestre. “Este dispositivo se apoya en 6 aeronaves, 8 pelotones blindados y 16 unidades marítimas y fluviales, lo que permite asegurar un control integral de la zona fronteriza.

Señaló que este despliegue se ejecuta bajo directrices claras del presidente Petro de:

1. Garantizar la máxima seguridad en la frontera con Ecuador para neutralizar cualquier amenaza proveniente de los carteles del narcotráfico.
2. Mantener puestos de control permanentes del Ejército y la Policía Nacional para impedir el tráfico de armas, explosivos, contrabando y cualquier capacidad que fortalezca a las estructuras criminales o ponga en riesgo la seguridad de ambas naciones.

Para el ministro de Defensa de Colombia, “la cooperación internacional es fundamental para debilitar a los narcoterroristas”. Dijo que “frente al crimen transnacional, la respuesta debe ser conjunta entre las naciones”.

“Continuamos cerrando los corredores del narcotráfico y del crimen organizado, protegiendo especialmente la vía Panamericana y fortaleciendo puntos críticos como Ipiales”, añadió el ministro.

Especificó que el Comandante General de las Fuerzas Militares y el Director General de la Policía Nacional lideran directamente la estrategia “enfocada en operaciones sostenidas, con el objetivo de desmantelar las estructuras narcocriminales en límites con el hermano país de Ecuador”. 

Las actuaciones del Gobierno de Daniel Noboa y de algunas instituciones públicas, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), no gozan de la entera confianza de todas las organizaciones políticas.

En los últimos días, el órgano electoral se ganó más críticas a raíz de la modificación del calendario y del adelanto de las elecciones que serán el 29 de noviembre de 2026.

Pero no basta con lanzar cuestionamientos al Gobierno de turno para estar en el lado de la oposición, hay que ser más profundos, explica Simón Pachano Holguín, doctor en Ciencias Políticas.

Pachano nació en Ambato. “La edad no es importante”, menciona el politólogo y profesor emérito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Ecuador). Actualmente se encuentra fuera del país.

También es autor de varios libros sobre democracia, partidos políticos y sistemas electorales. Los más recientes son:

• La utopía reaccionaria, radiografía del relato correísta (2023).
• Giro político y democracia en Sudamérica y Ecuador (2021).

Además, es colaborador en varios medios de comunicación. “Mantuve una columna semanal en Diario El Universo, desde 1998 hasta febrero de 2026”, indica.

P. En Ecuador hay 17 organizaciones políticas de ámbito nacional, pero solo la Revolución Ciudadana (RC) destaca como principal crítica del Gobierno, ¿se constituye como la mayor oposición?

He insistido, desde hace mucho tiempo, que en Ecuador no existen partidos políticos propiamente dichos. Hay corrientes de opinión, tendencias electorales fuertes como la RC, sin duda la más fuerte, o la del noboísmo (ADN). Pero ninguno de los dos es un partido propiamente. No tienen una organización verdaderamente estable, con militantes registrados, que se reúnan frecuentemente en sus respectivas localidades, elijan a sus autoridades internas en cada localidad y a nivel nacional, tengan asambleas, discutan principios y políticas. Ninguno de esos partidos tiene eso, quizá con excepción del antiguo MPD (Movimiento Popular Democrático, hoy Unidad Popular, en proceso de cancelación en el CNE), que sigue los cánones marxistas y que tiene cierta organicidad. Pero el resto no tiene ninguna organización, por lo tanto, son movimientos, son pequeñas expresiones de la ciudadanía y lo que más pueden hacer es competir en elecciones locales. Independientemente del calificativo que tienen en la ley ecuatoriana, que es una tontería el diferenciar entre partidos y movimientos por el simple registro, no se puede decir que hay verdaderamente partidos políticos. Incluso, ninguno de esos dos (RC y ADN) tiene una ideología clara que se materialice en políticas concretas. Los dos tienen un componente populista muy fuerte que hace que en un día tengan un tipo de políticas y en otro día otro tipo. Son además movimientos personalistas. En el momento en que no estén esas dos personas que les dan forma, Rafael Correa y Daniel Noboa, esos movimientos se acaban.

P. Si no existen partidos políticos, ¿tampoco hay una oposición real en el país?

Hay una oposición que es el correísmo, en este momento. Esa es una oposición clara. Anteriormente, me refería a que la RC no constituye una organización institucionalizada, pero es una oposición y tiene la segunda fuerza en la Asamblea Nacional.

P. ¿Y al resto de organizaciones políticas se las puede catalogar como oposición?

En algunos momentos toman posiciones de oposición, pero también hay quienes bailan de un lado al otro. Por ejemplo, Pachakutik (PK), que nació como un movimiento orgánico que respondía al movimiento indígena, llegó al Congreso y fue negociando sus votos al mejor postor, al que mejores condiciones le da para instalarse en el escenario político. Es un reflejo de lo que sucede, prácticamente, con todas las organizaciones políticas. Lo mismo ocurrió con el Partido Social Cristiano (PSC). Al inicio de este periodo democrático, en 1981, empezó como una oposición fuerte al gobierno de Jaime Roldós y al de Osvaldo Hurtado, con una propuesta que supuestamente era neoliberal. Pero cuando llegó al Gobierno con León Febres Cordero, en 1984, hizo todo lo contrario a lo que planteaba e impulsó un Gobierno de populismo abierto. Luego fue negociando con unos y con otros. Son organizaciones que juegan a un populismo del momento y eso podemos decir de casi todas, quizás las que menos cayeron en eso fueron el MPD, posiblemente la Izquierda Democrática (ID) y la Democracia Popular (de centro derecha, hoy extinta) porque trataron de mantenerse como partidos ideológicos dando un giro en los años noventa, pero no les fue bien. Seguramente a la ciudadanía ecuatoriana no le gusta la definición ideológica clara y tal vez quiere otra cosa.

P. ¿Las organizaciones políticas y sectores sociales que sobreviven desde la época del correísmo no aprendieron a ser oposición, son coyunturales?

Sí y eso puede tener dos explicaciones:

• La primera: La política ecuatoriana, debido a todas estas razones (lo mencionado anteriormente), se convirtió en una política de corto plazo, es decir, que las cosas tienen que funcionar ya. Entonces las organizaciones políticas toman la decisión que les conviene en ese momento para situarse y ganar votos para lo que sea.
• Y, la segunda: La ciudadanía busca, dando casi palos de ciego, a personas que le representen y elige a quienes no tienen ninguna trayectoria política, que no tienen experiencia, que no pueden asegurar un gobierno adecuado, sea en el nivel nacional o en el local, y que se juega a ver qué pasa. O eligen a las personas por su presencia, porque es guapa o guapo, baila o canta bien, cualquier cosa. La ciudadanía también tiene responsabilidad en eso.

P. En estas circunstancias, ¿cómo ser una verdadera oposición en Ecuador?

En este momento, es más importante que las organizaciones políticas traten de presentar propuestas adecuadas para el país para el desarrollo económico, para el bienestar social, para consolidar las instituciones políticas. Es decir, que hagan propuestas políticas reales. No es solamente hacer oposición en el sentido de criticar, sino que además de cuestionar lo que está mal, tener propuestas claras para el desarrollo del país, de a dónde queremos que vaya y que sean viables, no demagógicas. Pero ese es el problema, este inmediatismo de la política. El hacer esos planteamientos no da votos. Quienes hacen planteamientos de fondo, programáticos, se quedan fuera. Por ejemplo, lo que pasó con algunos candidatos, de diferentes orígenes políticos, que hicieron eso. En la última contienda (elecciones presidenciales de febrero de 2025) Henry Cucalón iba por el lado de presentar propuestas, de ir a cuestiones de fondo. ¿Qué obtuvo? Menos del 1% de la votación. La ciudadanía no quería eso. Antes de él, hubo personas que hicieron lo mismo como César Montúfar para la Alcaldía de Quito (en 2019) y para la Presidencia de la República (en 2021); y como Paco Moncayo, para la Presidencia de Ecuador (en 2017), hizo propuestas con contenido y perdió las elecciones. Tenemos que ver también hacia el votante ecuatoriano, ¿qué es lo que quiere, que le solucione el problema del alcantarillado de su calle y con eso se queda tranquilo, aunque no funcione la economía y no le importa lo que suceda con el narcotráfico?

P. Si las organizaciones políticas y la ciudadanía mantienen el mismo comportamiento, ¿es difícil que la situación política cambie?

Sí, porque las dos cosas van de la mano. El cambio en la ciudadanía, debe ser más responsable con su voto. Y el cambio de las organizaciones políticas, que tengan más conciencia de que deben presentar propuestas alternativas, viables, de fondo, no simplemente de algo pequeño. Esas cosas son buenas para ganar una elección, pero no para gobernar.

P. ¿Las organizaciones políticas podrían ser mejores opositores de aquí hasta las elecciones seccionales (noviembre de 2026) o hasta las presidenciales (del 2029)?

Soy muy pesimista, creo que no, ni para esta elección ni para la de presidente y Asamblea. Creo que no se verá un cambio. No se ve una acción ciudadana que diga: vamos por acá y mucho menos de las organizaciones políticas.

P. ¿Qué hace falta para impulsar esos cambios y haya una verdadera oposición?

• Se necesita que haya organizaciones políticas, que no hay en este momento, que funcionen como tal, que discutan internamente, que formulen idearios políticos, que hagan trabajo con la gente.
• Se necesita que la ciudadanía tome conciencia.
• Se necesita que en las redes sociales se difunda contenido de este tipo. Ese es el mejor termómetro de lo que sucede no solo en nuestro país. Hay un problema generalizado.

La democracia está en riesgo en todos los países del mundo, pero más en América Latina. Las redes sociales son terribles por el nivel de liviandad e irresponsabilidad, de falta de rigor, de creer en lo primero que llega, de creer en cosas que son absurdas. Todo eso lleva a que la ciudadanía actúe de una manera poco responsable con el país, con la política, que es la conducción del país.

La Constitución del Ecuador determina en su artículo 1 que es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.

Sin embargo, en medio del debate político, sectores de la oposición posicionan un elemento recurrente: el uso del término “narcodictadura”.

¿Dictadura: una palabra mal utilizada?

Los expertos consultados coinciden en que un Estado es democrático y legítimo cuando el mandatario fue elegido en las urnas; pero su forma de gobernar puede cambiar.

Simón Pachano, doctor en Ciencias Políticas, explica que “narcodictadura” es solo un eslogan o un recurso narrativo que surge en medio de “la pelea política”.

“No hay condiciones para decir que (Ecuador) es una dictadura”, evalúa. Pero observa que “hay una democracia erosionada”, porque:

• Hay “sospechas” sobre el “manejo del Consejo de la Judicatura”.
• Se intenta “ilegalizar” a algunas organizaciones políticas.

Pero una democracia erosionada no implica que automáticamente se convierta en una dictadura, señala.

Por eso advierte sobre el uso del concepto dictadura: “Hay que tener mucho cuidado. Hay que diferenciar entre el lenguaje de la lucha política, que es el de los calificativos, y el lenguaje académico”.

Lo mismo sugiere para el término democracia, enfatizando que no a cualquier cosa se le puede llamar así.

“Todos los países de América Latina están en riesgo de caer en manos de gobiernos autoritarios que puedan ir hacia dictaduras. Por ejemplo, un caso clarísimo es el de El Salvador, Cuba y Nicaragua. Sí son dictaduras”, advierte.

El experto considera que el mayor riesgo es que los países caigan “bajo las garras del narcotráfico, que implantaría dictaduras a su antojo”. Sin embargo, aún duda que sea un escenario cercano para Ecuador.

“No diría que ya estamos en una transición (hacia este tipo de dictaduras), pero hay un riesgo, que es diferente. Y no solo en Ecuador, porque el fenómeno del narcotráfico está afectando al conjunto de América Latina”, expone.

Por su parte, Luis Verdesoto, académico y PhD en Estudios Políticos, considera que la calificación “narcodictadura”, para el actual Gobierno de Ecuador, es excesiva.

“Es demasiado ríspido (rígido) hablar en este momento encuadrando en la narcodictadura, porque eso indicaría que los agentes de los grandes cárteles se han tomado el Estado”, dice.

¿Qué es una dictadura?

Pachano indica que una dictadura es un sistema más complejo: “En una dictadura se acaba absolutamente el Estado de derecho. No impera la ley, sino la voluntad del o los gobernantes. No hay elecciones libres ni limpias. Es decir, hay una serie de condiciones que marcan a una dictadura”.

Felipe Burbano de Lara, sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, resume que una dictadura implica una serie de restricciones:

• Se suprimen elecciones.
• Se restringen todos los derechos políticos.
• Se anula la vida política.
• El gobierno de turno se declara en funciones permanentes, sin un periodo determinado.
• No hay oposición con espacios de organización política.

“Mientras el Ecuador tenga como horizonte las elecciones que sean limpias, transparentes, competitivas, no estaremos en una dictadura”, afirma Burbano, quien ve difícil que el país vaya hacia una dictadura, como fue el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el caso de Cuba o Nicaragua.

“La dictadura es un régimen político en el cual quedan eliminadas las elecciones como mecanismo de selección de los gobernantes”, apunta. Cree que el término “narcodictadura” es utilizada de forma imprecisa y como “arma política”.

Para Verdesoto, “una dictadura generalmente se asienta en el abuso del poder”, que transgrede permanentemente las normas, los reglamentos y las leyes. Pero añade que a través de los años, esas prácticas se modifican en cuanto a las formas.

“La nueva dictadura no es la de los años 70 en América Latina, donde los militares arrasaban, hacían desapariciones masivas, dejaban muchos muertos y se tomaban sangrientamente los Estados”, explica.

Sostiene que ahora las formas cambian y conllevan a un autoritarismo, que se reflejan en “inéditas” articulaciones internacionales. Eso es un “caldo de cultivo del autoritarismo dictatorial”, agrega Verdesoto.

El autoritarismo y el proceso de transición antes de llegar a una dictadura

Al hablar sobre el autoritarismo, Burbano indica que es una práctica donde se advierte concentración del poder, anulación de la autonomía de las Funciones del Estado, el uso permanente de la fuerza, la amenaza política como arma para amedrentar a los opositores o restricción de los espacios de libertad informativa.

El experto resalta en no confundir este tipo de prácticas autoritarias con las dictatoriales, pero recalca que las primeras pueden conducir a una dictadura.

Sin embargo, Verdesoto dice que es difícil establecer cuándo un Estado pasa del autoritarismo a una dictadura plena: “La dictadura plena es la transgresión de todos los principios democráticos en términos de elecciones. Las nuevas formas dictatoriales surgen de los autoritarismos que están en todo lado: autoritarismos que están en la sociedad, en el Parlamento, en el Ejecutivo, en la conservación de la seguridad, en la articulación internacional”.

Todo eso, subraya, configura un panorama de miedo para que un Estado sea autoritario, se termine el sistema de pesos y contrapesos, y se convierta en dictatorial, pese a que su gobierno haya surgido en democracia.

“Así mueren las democracias. No mueren de un día para otro, van muriendo a partir de una cantidad de elementos y situaciones”, señala Verdesoto.

¿Cómo evitar el camino hacia una dictadura?

Verdesoto plantea que ante las prácticas autoritarias que ponen en riesgo la democracia, se debe “forzar a que las instituciones funcionen y se respete a la opinión pública”.

En el caso ecuatoriano, sugiere: “Si no les da la gana de posicionar a la presidenta del Consejo de la Judicatura (se refiere a Alexandra Villacís), hay que forzar que la institución cumpla su función de garante de derechos y deberes”.

Burbano evalúa que aquí entra el rol de la oposición que, con legitimidad y credibilidad, pueda denunciar con certezas y defienda el ejercicio de los derechos y de las libertades políticas. Advierte que eso es lo complicado en un régimen autoritario, porque este se encarga de cerrar espacios y generar miedo.

“Tiene que haber una contraparte, una oposición en distintos ámbitos sociales, políticos, informativos (…). Se tiene que respetar la libertad de opinión, que no se cierren medios de comunicación, que no se amedrente a periodistas, pero eso depende de la fortaleza que adquieran estos espacios de oposición”, concluye.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) atraviesa una crisis institucional y profundo malestar interno, según fuentes del alto tribunal.

Los desacuerdos entre los magistrados se intensificaron el 27 de marzo de 2026, luego de que el presidente temporal, Marco Rodríguez, resolviera completar y remitir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) la terna para la designación de vocal principal y suplente del Consejo de la Judicatura (CJ).

La decisión de Rodríguez, quien optó por respaldar un proceso de designación para un cargo que aún se encuentra en disputa, se tomó en medio de cuestionamientos y pese a la existencia de un fallo judicial que favorece a la vocal suplente del CJ, Alexandra Villacís, para que asuma la presidencia de la Judicatura.

En la terna enviada por Rodríguez se ratificó a Mercedes Caicedo, jueza de la Sala Penal de la CNJ, quien encabeza la lista. La nómina la completan el jurista en Derecho Penal, Ramón Echaiz, y la jueza de la Unidad de Familia de la Corte de Pichincha, Paquita Chiluisa.

Según jueces consultados por LA HORA, Rodríguez tomó esta decisión de manera unilateral. De hecho, afirman que el tratamiento del tema no fue incluido en la última sesión del Pleno de la CNJ del 25 de marzo de 2026.

Los magistrados critican que en la notificación remitida al Cpccs consten nombres de candidatos para reemplazar tanto al vocal principal como al suplente del CJ, cuando, según sus criterios, la terna debió limitarse únicamente a elegir al reemplazo de Villacís.

Disputa por la Judicatura

Para los magistrados, Alexandra Villacís, quien fue suplente de Mario Godoy en una terna de la CNJ, debe asumir la presidencia del CJ tras la destitución de Godoy por la Asamblea Nacional, el 18 de febrero de 2026.

Sostienen que la oficialización de la presidencia del CJ no debería dilatarse, pues existe un fallo constitucional vigente desde el 23 de marzo que ordena al Ministerio de Trabajo levantar el impedimento para que Villacís ejerza cargos públicos.

“Están mal utilizando el Ministerio de Trabajo”, indicó una de las fuentes consultadas.

Ante esta situación, un sector de jueces de la CNJ planea exigir explicaciones a Marco Rodríguez en una sesión del Pleno, que estaría prevista para el 1 de abril, cuestionando tanto su actuación “unilateral” como los criterios para incluir en la terna a los abogados Ramón Echaiz y Paquita Chiluisa.

Verificación de requisitos de los postulantes a vocales

Por ahora, con la terna completa, los expedientes pasarán a revisión de la Comisión Técnica de Selección del Cpccs, para verificar el cumplimiento de requisitos.

De superar este filtro, se iniciará la fase de impugnación ciudadana. Este es un momento clave porque permite el control público sobre la idoneidad de los aspirantes. Posteriormente deberán explicar sus planes de trabajo en caso de ser elegidos. (SC)

Alexandra Villacís pide demostrar compromiso con la Justicia

Días antes de que Marco Rodríguez enviara la terna de candidatos, Alexandra Villacís le solicitó demostrar su compromiso con la Justicia y no acatar el pedido del Cpccs.

Pero tras conocer la decisión final, Villacís se declaró decepcionada y señaló que el presidente de la CNJ debería ser el garante del cumplimiento de las sentencias.

Cuestionó que la CNJ se ha alineado con instituciones como el Ministerio de Trabajo y el Cpccs para ignorar su situación legal, así como la Judicatura a cargo de Damián Larco, como presidente temporal.

“Los responsables de no permitir que se cumpla la ley deberán rendir cuentas en algún momento”, mencionó Villacís, mientras espera que la jueza que falló a su favor realice un seguimiento a su sentencia del 23 de marzo.