Siete médicos del Ministerio de Salud y un funcionario del SNAI fueron detenidos tras 11 allanamientos en Guayaquil, Quito y Macas. Cobraban sobornos para validar la biometría y emitir certificados falsos de un narcotraficante que ya había huido del país.
Una trama de corrupción sin precedentes para burlar los controles del sistema de justicia y penitenciario en Ecuador fue al descubierto. En rueda de prensa, el ministro del Interior, John Reimberg, reveló la desarticulación de una presunta red criminal formada por siete médicos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). La organización recurría a un insólito método: utilizaban un guante de látex con la huella dactilar de un peligroso narcotraficante de origen albanés para simular que este acudía periódicamente a registrar su asistencia física ante las autoridades ecuatorianas.
El beneficiario de este ardid era Dritan Rexhepi, un conocido capo de la mafia albanesa condenado en Ecuador a 13 años de prisión por narcotráfico. Pese a estar sujeto a medidas cautelares que le obligaban a presentarse de forma regular ante el SNAI, el procesado había abandonado el territorio ecuatoriano el 7 de septiembre de 2022 a través del paso fronterizo de Rumichaca, valiéndose de una identidad falsa. Posteriormente, en noviembre de 2023, fue capturado en Turquía y extraditado más adelante.
El modus operandi: Tecnología, sobornos y firmas falsas
A pesar de que el criminal llevaba más de un año fuera del país y posteriormente encarcelado en el extranjero, los sistemas oficiales en Ecuador continuaban registrando periódicamente sus marcaciones biométricas como si estuviera presente de manera física.
Según detalló el ministro Reimberg, la red colocaba el guante de látex con el molde de la huella dactilar de Rexhepi directamente sobre los lectores biométricos del SNAI al momento del control. Para cubrir las ausencias cuando el truco del guante no bastaba o para justificar irregularidades, la estructura recurría a la emisión masiva de documentación fraudulenta:
- Certificados médicos irregulares: Documentos avalados por los profesionales del MSP para respaldar supuestos problemas de salud que impedían temporalmente su asistencia.
- Falsificación de firmas: Uso de rubro farsa en expedientes e informes técnicos oficiales.
- Pagos e incentivos económicos: Los implicados habrían recibido sumas periódicas de dinero a cambio de validar los registros y certificar diligencias que jamás se llevaron a cabo.
Allanamientos y reactivación del caso
Las investigaciones para desmantelar esta red tomaron más de ocho meses de trabajo de inteligencia. Durante la presentación del caso, Reimberg cuestionó severamente la inacción previa de la justicia, afirmando que el expediente de este caso permaneció archivado e inactivo «en el cajón de los olvidos» antes de ser derivado a una unidad especializada que impulsó los operativos.
La fase resolutiva se concretó con 11 allanamientos simultáneos en las ciudades de Guayaquil, Quito y Macas, que dejaron un saldo de ocho personas aprehendidas. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para la formulación de cargos por delitos que abarcan falsificación de documentos, delincuencia organizada y fraude procesal. (DLH)
