El proyecto impulsado por el movimiento oficialista ADN para reformar la Ley de Garantías Jurisdiccionales plantea limitar el uso de acciones de protección y fijar plazos para la Corte Constitucional, lo que ha generado respaldo y críticas entre juristas y ex autoridades.
El proyecto de Ley, de iniciativa del movimiento de Gobierno ADN, orientado a fortalecer la seguridad jurídica, evitar el uso indebido de las acciones de protección y optimizar los plazos en el sistema de justicia constitucional, abrió un debate fuera de los límites de la Asamblea Nacional.
Se trata de las reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que se tramita en la Comisión de Participación Ciudadana y que, en las próximas semanas volverán al pleno del Legislativo para su aprobación final.
Las alertas apuntan a que la normativa delimita, por ejemplo, las competencias de los jueces para conocer acciones constitucionales y establece reglas para los hábeas corpus. También da un plazo de 45 días a la Corte Constitucional (CC) para resolver consultas, con la advertencia de que, si transcurrido este lapso no existe un pronunciamiento, el organismo perderá la competencia para resolver el caso.
Entre constitucionalistas, abogados y ex autoridades existen criterios diversos sobre las implicaciones que tendría el proyecto, de ser aprobado.
Luis García: “se debería dotar a la Corte de recursos para que responda dentro de los términos propuestos”
Luis García, constitucionalista y ex asesor en la CC, dijo que el Legislativo está facultado a determinar, dentro de un debate político, las reglas que se utilizarán dentro de las garantías jurisdiccionales. Pero aclaró que se deben “marcar las líneas de juego” para que no contravenga la Constitución.
Por ejemplo, consideró que se debe reflexionar en los límites que se busca implementar. “Las reformas no pueden limitar lo establecido en la Constitución, por jerarquía normativa tienen que respetarse principios para que los derechos no sean vulnerados y entender, además, que la Corte es el máximo organismo de justicia constitucional. Por tanto, tiene una dinámica distinta a un juzgado de instancia”, afirmó.
Insistió que se debe entender, que los plazos que se establezcan tienen que responder a factores técnicos. “No es marcarles plazos o términos de 10, 15, 30 o 50 días pensando que es un número racional, sino realizar ejercicios de derecho comparado o tomar en cuenta las jurisdicciones de otros países”, pidió.
Cree que, si se van a imponer plazos para que despache de manera más célere, también se le debería dotar a la CC de recursos técnicos, humanos y presupuestarios para que responda dentro de los términos propuestos.
“Una mala utilización de los términos y plazos establecidos en la ley podría volver ineficaz el ejercicio de la Corte, y este dique del poder político y los resultados desde la autoridad máxima de justicia constitucional no tendría las condiciones óptimas para poderse llevar a cabo”, señaló.
Marcelo Dueñas: “por un dolor de estómago se plantea una acción de protección”
El abogado penalista, Marcelo Dueñas, vio de manera positiva las reformas que se plantean porque se pretende agilizar, por ejemplo, los trámites de una acción de protección que a veces, en las judicaturas, demoran meses o superan el año para resolver. “Que se acorten plazos para conocer y resolver una acción en 45 días me parece muy positivo”.
También destacó la propuesta de que se fije con claridad el domicilio de acuerdo a la jurisdicción donde se vulnere el derecho constitucional. “Y no como ocurre ahora que, en cualquier lugar recóndito del país se plantea una acción, quizá buscando conveniencia o el favor de una judicatura en esos lugares”.
También celebró que se busque limitar la facultad o el derecho que tiene el usuario de plantear la acción de protección pues se observa que de manera indiscriminada “o porque a alguien le duele el estómago se plantea una acción de protección”.
Y defendió los plazos que se busca dar a la CC “porque no puede dejarse a criterio o al mal criterio, o a la subjetividad de alargar meses y meses o años (…) si ahora resuelven cronológicamente las acciones planteadas, creo que se tiene que esperar hasta tres años cuando no es de prioridad”. Sugirió que se debería ver la forma de evacuar la carga laboral.
Según cifras de la Asamblea Nacional, entre 2018 y 2022, las acciones de protección se incrementaron en 211 %, pasando de 7.927 a 21.603 casos.
Germánico Maya: “Ley debe ser ampliamente debatida”
A criterio del expresidente del Consejo de la Judicatura, Germánico Maya, históricamente, la acción de protección “ha sido la sinvergüencería más grande de la que han hecho uso algunos pícaros para paralizar procesos de designación de autoridades o juicios”, expresó.
No obstante, aclaró que una normativa tan delicada como las garantías constitucionales debe actualizarse en función de la experiencia y el conocimiento “algo que en la Asamblea no hay”, dijo. Para Maya, la ley debe ser ampliamente discutida, socializada y debatida, evitando, sobre todo, que se apruebe entre “gallos y medianoche” para que tengan un efecto a largo plazo.
