Municipio y transportistas acordaron iniciar un proceso para resolver la crisis financiera del sistema. Se analizarán subsidios, tarifa social y exigencias de calidad del servicio. Transportistas piden al Gobierno una extensión de las compensaciones.
El futuro del transporte público de Quito entró en etapa de negociación. El Municipio, el Concejo Metropolitano y los representantes de las operadoras de buses acordaron instalar mesas técnicas y jurídicas desde el 13 de mayo de 2026. La intención es solucionar la crisis financiera que enfrenta el sistema y que en los últimos días provocó tensión, reducción de frecuencias e incertidumbre entre miles de usuarios.
Las alternativas inmediatas en discusión son: mantener una compensación económica para los transportistas o revisar la tarifa vigente del pasaje.
Paralelamente se buscará construir un nuevo modelo de gestión que garantice sostenibilidad financiera y mejores niveles de servicio.
Así lo confirmó Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano, quien resumió los acuerdos alcanzados tras la reunión sostenida entre el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y los transportistas.
Municipio y transportistas tienen estudios propios en Quito
Garrido explicó que los transportistas cuentan con un estudio técnico sobre costos operativos, mientras que el Municipio elabora su propio análisis para contrastar cifras y definir escenarios reales.
Además, indicó que la administración municipal ya realizó consultas al Ministerio de Finanzas para determinar qué tan viable sería mantener compensaciones económicas tras las reformas legales vigentes.
Según el concejal, la meta no es solo resolver la coyuntura actual, sino sentar bases para un sistema moderno y financieramente equilibrado.
Tarifa técnica de 65 centavos no sería aplicada en Quito
Uno de los temas más sensibles del debate será el nuevo valor del pasaje. Los transportistas sostienen que la tarifa técnica estaría alrededor de 65 centavos, aunque también han planteado una tarifa social cercana a los 45 centavos. Actualmente, el pasaje urbano en Quito cuesta 35 centavos.
Garrido descartó que se llegue a cobrar la tarifa técnica completa y afirmó que cualquier ajuste deberá responder a criterios sociales.
Explicó que existe una fórmula internacional que considera cuánto puede destinar una familia al transporte sin afectar su economía. Esa base toma en cuenta el salario básico unificado y un hogar promedio de cuatro personas.
Según sus cálculos, si el máximo recomendado de gasto en transporte es del 15% del ingreso familiar, en Ecuador se ubicaría alrededor del 7%, por lo que existiría margen técnico para una revisión.
Aun así, insistió en que cualquier decisión buscará impactar lo menos posible al bolsillo ciudadano.
Riesgo de colapso en el transporte público y demora política para decisiones en Quito
Jorge Yánez, dirigente de los transportistas de Pichincha, sostuvo que el principal problema es que el sistema no cubre sus costos reales de operación y advirtió que, mientras eso continúe, seguirán las deficiencias. Aseguró que mientras no exista una solución estructural se mantendrá “el círculo vicioso de que la tarifa sube y el servicio no mejora”.
Yánez recordó que en la administración anterior el proceso de revisión tarifaria tardó 18 meses entre estudios, informes y aprobación de ordenanza. Advirtió que repetir esos tiempos sería inviable. “Si ahora nos demoramos lo mismo, la ciudad va a colapsar”, alertó.
Por ello, considera que la compensación nacional sería una medida temporal para ganar tiempo mientras el Municipio resuelve la decisión local.
También señaló que no cree que ni el Gobierno ni el Municipio quieran retrasar decisiones por el calendario político.
Transportistas y Municipio coinciden en que las mesas técnicas no deberían durar más de tres o cuatro reuniones. Sin embargo, cualquier resolución final deberá convertirse en una ordenanza metropolitana.
Eso implica informes de la Comisión de Movilidad, primer debate, regreso a comisión para ajustes y segundo debate en el Concejo Metropolitano. Garrido estima que, presionando los tiempos, el trámite podría tomar alrededor de 60 días.
Transportistas piden cuatro meses más de compensación en Quito
Yánez confirmó que el sector presentó una solicitud al Gobierno Nacional, este 6 de mayo, para extender por cuatro meses más la compensación económica entregada por el incremento del diésel.
Explicó que el pedido se basa en un decreto ejecutivo que contempla esa posibilidad y que varias ciudades del país han solicitado lo mismo.
“Lo que hemos hecho es solicitar que el Gobierno analice esta posibilidad, tomando en cuenta que existe ya un compromiso formal del alcalde Muñoz de empezar a trabajar en la sostenibilidad financiera del sistema de transporte público de Quito”, indicó.
Yánez aseguró que esperan una respuesta presidencial en los próximos días y considera que no debería pasar de esta semana.
Alza solo con mejoras obligatorias en los buses de Quito
El presidente de la Comisión de Movilidad sostuvo que no se repetirá lo ocurrido en administraciones anteriores, cuando se aprobaron incrementos sin controles estrictos de calidad.
Recordó que durante la administración de Jorge Yunda se acordaron indicadores de mejora, pero luego, según dijo, no se verificaron adecuadamente. También cuestionó que en el periodo siguiente se aceptaran declaraciones juramentadas en lugar de constataciones técnicas.
“Los índices de calidad son elementos verificables, medibles y constatables en las unidades, infraestructura y tecnología que tengan que portar. El hecho de que no haya funcionado no quiere decir que no funcionan”, expresó.
Añadió que los nuevos indicadores deberán quedar “escritos en piedra”. Entre las exigencias planteadas constan:
- Buen estado mecánico de las unidades.
- Tecnología operativa en buses.
- Videovigilancia conectada al ECU 911.
- GPS en tiempo real para controlar velocidad y rutas.
- Mejor comportamiento de los conductores.
- Atención adecuada al usuario.
- Asistencia a población vulnerable.
- Accesibilidad digna para personas con movilidad reducida.
- Implementación de estribos a 25 centímetros del suelo.
- Mejor infraestructura interna de los buses.
Garrido incluso planteó avanzar hacia certificaciones internacionales como la ISO 39001 de seguridad vial.
Jorge Yánez, dirigente de los transportistas de Pichincha, también respondió a las críticas sobre exceso de velocidad, correteos y mala operación de buses. Aseguró que muchas unidades sí cuentan con GPS instalado, pero cuestionó la falta de plataformas municipales para monitoreo efectivo.
