Mantener ayudas a transportistas, en medio de precios mayores del crudo y de los combustibles, presionará aún más el déficit fiscal.
El alza del precio del petróleo vuelve a poner contra las cuerdas a las finanzas públicas de Ecuador. Lo que a primera vista podría parecer una buena noticia, debido a más ingresos petroleros, en realidad abre un nuevo frente de presión: el costo de sostener las compensaciones a los transportistas en un contexto de precios internacionales elevados.
Con el barril WTI por encima de los $85, el país se ubica en un escenario de más gasto no presupuestado. Y ahí, las cifras son claras: el petróleo caro no alivia las cuentas fiscales, sino que las tensiona.
Pero el verdadero punto crítico no es solo el balance fiscal, sino una decisión política inminente: qué hacer con las compensaciones que el Gobierno de Daniel Noboa estableció hasta abril de 2026.
Extender o retirar compensaciones a los transportistas en Ecuador
En las últimas semanas, el Gobierno ha mantenido reuniones con transportistas para evaluar el futuro de estas ayudas. El contexto cambió: los precios internacionales subieron y, como ya ocurrió desde el 12 de marzo de 2026, los combustibles volvieron a encarecerse en el país.
Esto ha reabierto la discusión sobre extender las compensaciones al menos cuatro meses más (e incluso hasta seis meses), para evitar un traslado inmediato del costo a transportistas y consumidores.
El origen de estas compensaciones se remonta a septiembre de 2025, cuando el Gobierno acordó con el sector transporte pagos directos tras la eliminación del subsidio al diésel. El esquema fue diferenciado:
- Transporte intercantonal: entre $400 y $700 mensuales por unidad.
- Transporte intraprovincial: $1.000 mensuales por unidad.
- Transporte interprovincial: $1.800 mensuales por unidad.
Estos apoyos tenían carácter temporal:
- Interprovincial e intraprovincial: hasta febrero de 2026.
- Urbano: hasta abril de 2026.
Sin embargo, la falta de un mecanismo estructural obligó a extenderlos en marzo (para transporte Interprovincial e intraprovincial), confirmando que se trata de una solución transitoria que ahora enfrenta una nueva presión: el petróleo caro.
¿Cuánto costaría mantener las compensaciones a transportistas al menos 4 meses más en Ecuador?
Según la matriz fiscal del escenario de $85 o más por barril, la presión adicional anual sobre subsidios y compensaciones alcanzaría $1.100 millones, de acuerdo con cálculos de Marco Flores, exministro de Economía.
Si el Gobierno decide extender las compensaciones solo por cuatro meses adicionales, el costo proporcional sería de $367 millones; y si se amplía a seis meses podría sumar $550,5 millones.
Este monto se suma a los valores ya contemplados en el presupuesto:
- $196,7 millones para estabilización de gasolinas.
- $21,8 millones en subsidios focalizados .
Este gasto adicional también se explica porque Ecuador importa grandes volúmenes de combustibles subsidiados o regulados:
- 21,8 millones de barriles de diésel premium.
- 6,4 millones de diésel 2.
- 14,8 millones de GLP.
- Total: 43,1 millones de barriles sensibles a subsidios.
Es decir, cualquier aumento del precio internacional impacta directamente en el costo fiscal de sostener precios internos. Hay que recordar, por ejemplo, que el diésel que se utiliza para generación eléctrica está completamente subsidiado.
El problema no se limita a las compensaciones. El mismo ‘shock’ de precios también encarece la importación de combustibles.
En el escenario de $85 o más por barril de crudo, la factura anual de importación sube en $1.600 millones adicionales. En cuatro meses, el costo fiscal sería de $533 millones adicionales.
Si se suman ambos efectos en 4 meses de más compensaciones y más importaciones con precios más altos, la presión total al fisco sería de al menos $900 millones más.
Intertítulo
Sin margen fiscal en Ecuador: el dilema de un Estado endeudado frente al petróleo caro
El problema de Ecuador no es solo que suba el precio del petróleo, sino la situación fiscal desde la cual debe enfrentar ese ‘shock’. Y ese punto de partida es crítico.
Aún antes del escenario de extender las compensaciones, el Estado ecuatoriano ya preveía una situación compleja:
- Déficit proyectado al cierre de 2026: $5.400 millones.
- Servicio de deuda cercano a $14.000 millones.
- Caja disponible a finales de 2026 de apenas $275 millones.
En la práctica, esto significa que el país gasta más de lo que ingresa, tiene obligaciones rígidas ineludibles y casi no dispone de liquidez. Es comparable a un hogar altamente endeudado, con pagos fijos elevados y sin ahorros para imprevistos.
En ese contexto, asumir nuevos costos, como extender compensaciones a los combustibles, no es viable sin consecuencias.
Por eso, las opciones son limitadas y todas implican costos:
- Endeudarse más, lo que alivia en el corto plazo, pero agrava la presión futura.
- Recortar gasto e inversión, afectando crecimiento, empleo y servicios.
- Trasladar el costo a los consumidores, vía combustibles más caros y mayor inflación.
Según el análisis de Roberto F. Salazar-Córdova, exviceministro de Economía y líder de Hexagon Group Lat-Am | UK-Global, este dilema responde a una lógica económica conocida en países importadores de energía: cuando sube el petróleo, el precio interno inevitablemente debe ajustarse, ya sea directa o indirectamente. Intentar evitar ese ajuste con subsidios generalizados no elimina el problema, solo lo traslada al déficit o a la deuda.
La evidencia internacional es clara: los subsidios masivos son costosos, regresivos y distorsionan la economía. Por eso, la recomendación técnica es focalizar las ayudas y permitir ajustes graduales de precios, como han hecho otros países de la región.
En el caso ecuatoriano, esto deja sobre la mesa tres caminos concretos:
- Mantener compensaciones, con alto costo fiscal.
- Focalizar el diésel, con un esquema diferenciado.
- O trasladar el ajuste vía tarifas.
La discusión actual dentro del Gobierno apunta a extender las compensaciones por algunos meses más. Pero, en un escenario de petróleo caro y sin margen fiscal, la decisión de fondo no es si hay costo, sino cómo y quién lo asume.
El Gobierno de Noboa está bajo presión para tomar una decisión. Como reportó La HORA, los transportistas privados de Quito advirtieron el pasado 24 de marzo de 2026 que el sistema podría operar apenas 30 días más si el Gobierno no paga las compensaciones pendientes por la eliminación del subsidio al diésel. Según el dirigente Jorge Yánez, la combinación de deuda estatal y mayores costos de combustible ha dejado a las operadoras sin liquidez, al punto de que continuar prestando el servicio ya no es una decisión, sino una imposibilidad económica. (JS)
