La audiencia de juicio del caso Triple A se reinstaló este 14 de marzo de 2026 con 22 procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Su defensa pidió que sea trasladado desde la cárcel de Santa Elena a Quito para facilitar su participación en el juicio, mientras el tribunal analiza el pedido y suspendió temporalmente la diligencia.
Este 14 de marzo de 2026 se reinstaló la audiencia de juicio en el caso Triple A, en el que se procesan a 16 personas naturales y seis jurídicas, en total son 22 procesados, entre los que se encuentra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
El abogado de Aquiles Alvarez, Ramiro García, destacó que es necesario la presencia de su defendido por lo que solicitó su traslado a Quito. Por lo que dijo que mientras se desarrolla la etapa de juicio solicitaba que Alvarez sea trasladado a una cárcel en Quito, con ello se facilitaría la comunicación entre él y su defensa.
Sin embargo, el Tribunal deberá analizar el pedido solicitado por la defensa. El juez de la causa informó que la audiencia que también seguiría mañana queda sin efecto, hasta que se tenga un resultado de las peticiones que se han hecho, por lo que quedan en vigencia las demás convocatorias para la diligencia.
A las 9:10 durante el desarrollo de la audiencia, se realizó un receso de 45 minutos, esto porque los abogados Ramiro García y Fernando Chávez pidieron al juez un lapso para poder comunicarse con sus defendidos.
El Alcalde de Guayaquil estuvo presenten en la diligencia de forma telemática, ya que se encuentra con prisión preventiva y la cumple en la cárcel de Santa Elena, desde el pasado 8 de marzo de 2026.
Caso Triple A
El 30 de noviembre de 2024, la Fiscalía realizó siete allanamientos en Guayaquil y Milagro, en las empresas del alcalde Aquiles Álvarez. Tras estos hechos, la entidad informó que se dio una investigación por almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación se inició luego de una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel), con la que se alertó sobre una distribución y comercialización irregular de combustibles, lo que habría generado un perjuicio al Estado, debido a diferencias considerables entre el volumen despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras.
El presunto perjuicio económico al Estado ascendería a $61’502.658,39, correspondiente a 22’777.191,80 galones de combustible (diésel y gasolina). (PSR)
