Las actuaciones del Gobierno de Daniel Noboa con respecto a la Revolución Ciudadana ponen en duda los objetivos que persigue, aunque desde el oficialismo se defiende la independencia de funciones.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el 11 de marzo de 2026 el registro de la nueva directiva nacional de la Revolución Ciudadana (RC) que estaba pendiente.
Pero el movimiento de Gabriela Rivadeneira sigue suspendido de forma temporal en el registro de organizaciones políticas.
Ese mismo día circuló en redes sociales una supuesta lista de organizaciones políticas sobre las que se iniciarían acciones administrativas para la eliminación de sus registros. En esa lista estaba el movimiento Creando Oportunidades (CREO). Juan Fernando Flores, miembro de CREO, calificó esa información como falsa. En X aseguró que CREO no ha incurrido en ningún hecho que implique una eliminación y que el movimiento tampoco ha sido notificado por el CNE. En el mismo sentido reaccionó Democracia Sí.
ADN defiende división de funciones
Para Andrés Castillo, asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), lo que pasa con la RC se da en el marco de una investigación “de un potencial delito de lavado de activos”, porque se sustenta en información que el fiscal general del Estado puso en conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
“Nosotros respetamos la división de funciones. Todas las actuaciones en torno a la suspensión de la RC tienen relación a una decisión, desde mi punto de vista, absolutamente legítima en el fondo porque lo establece la ley del TCE. No nos queda otra cosa que respetar la independencia judicial”, subrayó el legislador.
Castillo retomó sus actividades el 11 de marzo tras finalizar la suspensión de sus funciones. “Pero, por ahora, yo no he visto en la Asamblea ninguna consecuencia (para la RC) en cuanto a su organicidad”, apunta.
Al consultarle si la RC, algún otro partido o sector representa un obstáculo para la gestión del Gobierno y si busca eliminarlos, Castillo responde: “Esto no es una decisión del Gobierno. No es una decisión ni de la bancada ni del Gobierno del presidente Daniel Noboa, es una decisión judicial. Esto no responde a que incomode o no incomode o que sea un problema. Esto es una decisión que ha tomado el TCE en el ejercicio de sus funciones”.
¿La persecución es un discurso recurrente en la política?
Desde que se conoció la suspensión temporal, varios integrantes de la RC han señalado que se quiere proscribir a su organización política y que hay persecución.
Juan Rivadeneira, consultor político, observa que esa es la posición que siempre tendría alguien que recibe una decisión de esa naturaleza (la suspensión), porque se encuentra precisamente en la oposición política. “El discurso de la persecución ha sido usado en todos los años, desde que vivimos en democracia, por parte de quienes no están en el oficialismo. Es un discurso recurrente en el Ecuador”, señala.
Refiere que en política la participación está dada por los vehículos electorales, que son los partidos y los movimientos políticos.
“En política lo importante también es que existan los espacios de oposición. No me cabe la menor duda que los miembros que en su momento fueron de Alianza PAIS, después de Unión por la Esperanza, después RC, van a encontrar un espacio para las próximas elecciones seccionales de 2027”, evalúa el consultor.
Coincide con Castillo al indicar que la suspensión de la RC se debe a la decisión de un juez del TCE.
El 9 de marzo, en radio Sucre, Noboa dijo que el caso Caja Chica, en el que se investiga a militantes de la RC, no es persecución política.
¿El Gobierno de Noboa podrá eliminar a su oposición?
Jorge Peñafiel, constitucionalista y exasambleísta, considera que es el Gobierno el que le está haciendo un favor a la RC. “Porque la victimización en el escenario es atractiva para el electorado. Si se llevan preso a un alcalde (Aquiles Alvarez) opositor del Gobierno, le están levantando la imagen. Y lo propio con otros actores de la Asamblea Nacional y de otros sectores”, responde Peñafiel.
Observa que sí existe persecución más allá de lo que diga la RC. “La persecución existe contra todos los opositores desde una lógica tozuda y necia del ejercicio del poder, en donde se cree que eliminando los vehículos se elimina a la oposición y eso no es cierto. Las ideas no se pueden eliminar, hay que vencerlas”.
Peñafiel advierte que el Gobierno no podrá desaparecer a los correístas ni a militantes de otros partidos con una suspensión por dos motivos:
- Las oposiciones se pueden reconstituir en torno a un nuevo escenario electoral para enfrentar a Noboa.
- El sistema de partidos del Ecuador permite la inscripción de los candidatos en cualquier organización política.
Apunta que hay otra forma de descartar a la oposición: “Para eliminar una oposición se la tiene que vencer en las urnas con un programa, con imagen, con un buen mensaje, con un plan de trabajo claro. Pero mientras no haya eso, que definitivamente no lo hay en el Gobierno de Noboa, la oposición sea correísta o no correísta seguirá vigente y estará viva, más allá de sus propias debilidades”.
La oposición no correísta en Ecuador tiene dos debilidades principales, según Peñafiel:
- Le faltan recursos económicos.
- Carece de una estructura.
Aun así, cree que es necesario consolidar una tercera vía en el país y anticipa que hay grupos ciudadanos que se están organizando.
La dinámica de Rafael Correa que Daniel Noboa repite
Peñafiel ve similitudes entre las actuaciones del Gobierno de Noboa y el de Rafael Correa: “Las mismas estrategias y herramientas utiliza el Gobierno de Noboa. Correa utilizó la Justicia para perseguir a sus opositores. Utilizó al CNE para eliminar a los partidos políticos, no nos olvidemos de esos procesos de recolección de firmas tan tediosos y complejos. Correa utilizó el poder del Estado para imponer el miedo sobre la oposición y sobre cualquier persona. Y Noboa está haciendo exactamente lo mismo”.
La democracia se construye con límites y aplicando la ley, dice el analista político Francisco Rocha. Pero el Gobierno parece estar “fascinado con el modelo correísta” y “la Justicia está bajo sospecha” en Ecuador y eso incluye la gestión del TCE, ejemplifica.
Rocha advierte los efectos de esas sospechas: “Comienza a haber un ambiente en que se puede perder la línea entre luchar contra la corrupción y usar ese membrete de lucha para arrastrar a quienes resultan incómodos al que ejerce el poder. Este es el estado en el que nos encontramos”.
Hay procesos legales para eliminar a una organización política del registro del CNE, pero no se deben saltar esos procesos para que haya legitimidad, señala. “Pero por ahora la Justicia está bajo sospecha en casi todo y el Gobierno hace caldo de cultivo de eso (…). Se ve que al Gobierno le interesa, al más puro estilo del correísmo, hacer lo que le venga en gana. Y si en ese camino se encuentra con alguien parecería, con las actitudes que tiene, que los irá borrando en el camino”, evalúa.







