En Ecuador, mantener el aparato burocrático absorbe hasta cuatro veces más recursos que la inversión pública y consume casi tanto como la recaudación de IVA e impuesto a la renta.
Imagine que casi todo el esfuerzo fiscal y productivo de un país se va en sostener un aparato estatal pesado, costoso e ineficiente, en lugar de invertirse en infraestructura, innovación o emprendimientos. Ese es el diagnóstico que deja el Índice de Burocracia 2025, presentado en Ecuador por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University y el Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP).
El estudio mide en tiempo y dinero el costo de los trámites para abrir y operar una empresa, pero también expone la magnitud de recursos que el país dedica a sostener su burocracia. “El Ecuador es una economía que trabaja para sostener al aparato estatal”, sentenció el economista Jorge Calderón, académico del IEEP.
Un Estado que cuesta demasiado
Calderón detalló que en 2006 el gasto en burocracia representaba el 11,4% del PIB, mientras que en 2025 bordea el 27%. Solo en sueldos y salarios de funcionarios públicos se gastará $10.100 millones hasta finales de 2025, casi la quinta parte del PIB. “Ese gasto es cuatro a cinco veces superior a toda la inversión pública proyectada, que no supera los 2.500 millones de dólares”, advirtió
El peso de la burocracia se mide también frente a la recaudación tributaria: en varios años, lo que se recaudó por IVA e impuesto a la renta no alcanzó ni siquiera para cubrir la nómina estatal. Eso pasó, por ejemplo, en 2017, 2018 y 2020.
Según Calderón, si se eliminara el alza del IVA (del 12% al 15%), el gasto en sueldos equivaldría este 2025 al 82% de la recaudación de impuestos. Con la subida del IVA, el peso baja al 62%, mostrando la dependencia del Estado respecto de la presión tributaria.
“Estamos hablando de una estructura en la que ocho de cada diez dólares de ciertos municipios se destinan a salarios. ¿Qué queda para obras? ¿Qué queda para el desarrollo productivo? Realmente nada”, cuestionó
Horas y dinero perdidos en trámites
Al costo fiscal se suma la tramitología que deben enfrentar las empresas. El Índice de Burocracia muestra que en Ecuador abrir una compañía puede tomar hasta 1.493 horas, el equivalente a nueve meses de trabajo, mientras que mantenerla en funcionamiento exige 378 horas adicionales al año, es decir, casi dos meses y medio de trabajo dedicados solo a papeleo. Esas 378 horas adicionales, que son solo para funcionamiento, más de un tercio se solo en cumplir con obligaciones tributarias o pago de impuestos.
El economista Gerardo Verdecia, director de investigaciones del IEEP, explicó que la carga se dispara en sectores clave de la economía. En el bananero y el camaronero, por ejemplo, los permisos pueden tardar seis meses; en el transporte de carga por carretera, hasta nueve meses; en la construcción, solo para comenzar a operar, se debe gastar cuatro meses. “Estamos hablando de duplicidades, requisitos contradictorios y trámites que terminan siendo un desincentivo para formalizar negocios”, advirtió
Sin embargo, Verdecia recalcó que la figura de las Sociedades de Acción Simplificada (SAS) es una luz en medio de la maraña tramitológica, porque permite reducir sustancialmente los costos y los tiempos
A escala regional, el impacto es gigantesco. El exceso de trámites le cuesta a las empresas $110.500 millones anuales en productividad perdida, el 13% del PIB regional y el 42% de las exportaciones. En Ecuador, cada compañía puede gastar en promedio $4.000 para abrir y $5.800 al año para operar, sin contar el costo de oportunidad del tiempo perdido
Un freno para el desarrollo
La carga burocrática no solo reduce la competitividad, sino que incentiva la corrupción y la informalidad. “Se normaliza pagar a un tramitador para que acelere un trámite, porque el sistema público es lento y rígido. Eso es corrupción cotidiana”, denunció Calderón.
La economista Sary Levy, directora del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University, insistió en que la burocracia debería ser un mecanismo que ordene y haga transparentes las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, pero en América Latina “se ha convertido en una barrera”. “El espacio de mejora es enorme. No hablamos de eliminar controles legítimos, sino de simplificar, romper con duplicidades e incorporar tecnología para que el Estado sea un aliado y no un obstáculo”, enfatizó.
Los expertos coinciden en que la receta pasa por tres ejes:
1. Simplificación real de trámites, eliminando requisitos redundantes que nunca debieron existir.
2. Digitalización robusta y con transparencia, para reducir tiempos, costos y corrupción.
3. Reestructuración del gasto público, con una reducción técnica de la burocracia y reglas claras que eviten duplicidad y cambios normativos constantes.
“Una burocracia transparente no es un lujo, es una obligación si queremos avanzar en el desarrollo”, subrayó Levy.
Calderón advirtió que mientras el país siga destinando más a sueldos burocráticos que a inversión productiva, será imposible salir del estancamiento. Verdecia coincidió: “La burocracia es un lastre que frena el emprendimiento, la innovación y la competitividad. El reto es que Ecuador pase de sostener al Estado a sostener a sus empresas”.
