Pese a que hay una reducción en los homicidios intencionales en el primer trimestre de 2026, el nuevo toque de queda es cuestionado. Especialistas advierten que se ha convertido en una medida común y plantean una planificación para atacar al crimen.
Desde esta semana, de 23:00 a 05:00, solo policías y militares pueden transitar las calles en nueve provincias y cuatro cantones de Ecuador, debido al toque de queda decretado por el Gobierno de Daniel Noboa. La medida rige del 3 de mayo al 18 de mayo de 2026 en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. También para los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.
El Gobierno impuso el segundo toque de queda de 2026 en la lucha contra el crimen organizado, que ha generado una ola creciente de violencia en el país. Pero hay cuestionamientos.
Medidas restrictivas ya no son una excepción
Byron Villagómez, líder técnico del Observatorio del Crimen Organizado, destacó que en Ecuador se vive en un estado de excepción que “ya se ha considerado permanente”, especialmente desde 2024, tras el atentado a TC Televisión.
“En este 2026 sí llama la atención que se vuelva a emitir un Estado de excepción y que se imponga estas medidas (como toque de queda), porque las cifras que maneja el propio Estado, y lo que hemos visto nosotros como datos del Observatorio de Seguridad de Quito, es que en el primer trimestre de este año se han reducido los homicidios intencionales”.
Villagomez añadió que en los decretos ejecutivos se citan notas de prensa de homicidios, atentados y capturas de miembros de grupos organizados, pero aclaró que eso “no refleja una tendencia estadística”, explicó.
Para este analista, el país se encuentra en una situación de control y manejo de varias zonas en las que hay grupos de delincuencia organizada. Esa es una realidad que no ha cambiado drásticamente desde 2024, como para que se justifique un toque de queda.
La medida establecida como toque de queda se justifica en el Decreto Ejecutivo 370 con “la finalidad de mitigación del riesgo, al constituir una medida idónea para reducir la exposición de la población civil, disminuir la probabilidad de daños colaterales y reforzar los mecanismos de control y trazabilidad”.
El crimen puede repuntar por migración de delito
“Los ejes viales nacionales son utilizados como vías de paso para el tráfico de drogas, armas, municiones y explosivos. Esta dinámica, sumada al desplazamiento de integrantes criminales hacia otras jurisdicciones, posiciona a las provincias de la Sierra como un corredor clave dentro de las redes delictivas, incrementando el riesgo de articulación con estructuras de crimen organizado transnacional”, se plantea en la página 22 del Decreto 370, con el que se formalizó el toque de queda.
Para la criminóloga Daniela Valarezo, los estados de excepción son una herramienta para generar impacto en la ciudadanía, y se suspenden los derechos para un bien mayor como el de la seguridad.
“No es necesario el abuso de esto”, aclara la criminóloga, quien considera que el toque de queda ha dejado de ser una excepcionalidad y se ha convertido en una regla. Agrega que el crimen puede repuntar una vez las medidas concluyan, pues puede haber una migración o mutación del delito.
Explica que tal como ocurre con las organizaciones criminales, que se reajustan o reacomodan cuando caen sus líderes, las actividades delictivas y los territorios que ocupan también cambian dependiendo de la situación, porque “son empresas criminales y su objetivo es ganar dinero”, señaló.
En el caso del toque de queda, detalló que se ha demostrado, con datos de Policía Nacional, que “en lugar de cometer delitos de 23:00 a 05:00, los están cometiendo a plena luz del día, con complicidad y corrupción”.
Política contra el crimen es necesaria
Cristian Ordoñez, especialista en temas de seguridad, aseguró que las medidas restrictivas son reactivas y no hay una planificación de seguridad, ni tampoco hay una planificación estratégica de cárceles.
Ordoñez dijo que es necesario atender las necesidades básicas de la población y no politizar las medidas de seguridad.
Además, indicó que en estas medidas se han perdido la naturaleza de excepcionalidad porque son acciones que se han reiterado y normalizado.
Daniela Valarezo manifestó que se pueden focalizar las intervenciones, donde se sabe que están los cabecillas, sin restringir derechos para luchar contra el crimen organizado con los datos de la Policía Judicial y la cooperación internacional.
Además, planteó intervenir en el flujo económico de las organizaciones criminales, porque es el dinero lo que sostiene a las bases de la delincuencia organizada. Si no se les ataca de esa manera, sostuvo que se mantendrán en la cooptación a personas, corromperán a funcionarios, seguirán reclutando a niños y adolescentes e incrementarán sus nichos de negocio.
