Los transportistas privados de Quito reducen operaciones desde este martes por crisis financiera, alza de costos, hasta el toque de queda. Conozca más.
Dos hechos se juntaron para cambiar repentinamente la movilidad en Quito. Luego de que el toque de queda entró en vigor en Quito, la movilidad en la capital ya sufrió los primeros impactos. La restricción rige entre las 23:00 y las 05:00, lo que obligó a modificar horarios en el transporte público municipal.
Además, este 4 de mayo, los transportistas privados urbanos anunciaron que desde este martes, 5 de mayo, reducirán horarios y frecuencias en el servicio, argumentando una grave crisis financiera.
La decisión de los buseros se suma a otros factores que golpean al sistema de transporte:
- Incremento del precio del diésel.
- Alza en repuestos y mantenimiento.
- Presión por el toque de queda.
- Ausencia de subsidios estatales.
- Falta de una resolución municipal sobre mecanismos de compensación.
Con ello, los transportistas de Quito enfrentan, al menos, cinco frentes simultáneos que complican la movilidad diaria de miles de ciudadanos.
Reducción de servicio de transporte en plena vigencia del toque de queda
Los operadores de transporte urbano informaron que desde este martes las unidades ya no iniciarán operaciones a las 06:00, como se había dispuesto por el toque de queda, sino a las 08:00. Además, finalizarán recorridos a las 19:00.
La medida fue adoptada tras una asamblea de representantes de cooperativas y corredores de transporte, quienes aseguran que no se trata de una paralización, sino de una “racionalización técnica” para reducir gastos y seguir operando.
Según explicaron, actualmente la tarifa es fija y no cubre los costos reales del servicio. Por ello, al no poder subir ingresos, aseguran que la única opción inmediata es bajar frecuencias y reducir horas de trabajo.
Durante una rueda de prensa, los dirigentes de los buseros explicaron que cuando se fijó la tarifa actual, el diésel costaba cerca de $1,04 por galón. Hoy bordea los $2,96.
A eso se suman aumentos en llantas, aceites, mano de obra y repuestos. Incluso mencionaron que la tensión comercial con Colombia ha elevado el costo de insumos automotrices y carrocerías.
Pablo Lima, presidente de los transportistas de Calderón, aseguró que antes se necesitaban $70 para “encender un bus” al día y ahora se requieren alrededor de $120 solo para salir a operar.
También señalaron que los fines de semana y feriados muchos buses no logran recaudar ni lo necesario para cubrir costos básicos.
Transportistas advierten nuevas reducciones si no hay respuesta
Los buseros fueron enfáticos en señalar que esta sería apenas una primera medida.
Indicaron que si no existe una respuesta del Municipio o del Gobierno en los próximos días, podrían volver a reunirse y endurecer las restricciones operativas.
Entre los escenarios planteados está iniciar operaciones a las 09:00 o 10:00 y terminar jornadas más temprano.
Aunque negaron una paralización inmediata, reconocieron que la presión aumentará progresivamente si no encuentran una salida financiera.
¿Qué piden los transportistas exactamente?
Los transportistas insisten en que no están exigiendo un aumento del pasaje como primera opción. Lo que plantean es un sistema de compensación económica similar al que ya existe en el transporte municipal.
Recordaron que sistemas como trolebús, ecovía y metro reciben subsidios públicos para sostener la operación, mientras que el transporte convencional privado moviliza a la mayor parte de usuarios sin respaldo financiero.
Según sus cálculos, la tarifa técnica del pasaje estaría por encima de los 65 centavos, aunque actualmente el usuario paga 35 centavos. Por eso proponen que el Municipio cubra la diferencia total o parcial, mediante un fondo de compensación.
Concejo Metropolitano reconoce problema de movilidad en Quito
El presidente de la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano, Diego Garrido, señaló que la situación actual era previsible y responde a años de decisiones postergadas sobre tarifa y modelo de gestión.
Explicó que el Municipio sí cuenta con herramientas normativas para buscar una salida, entre ellas el fondo de compensación tarifaria contemplado en ordenanzas vigentes.
Ese mecanismo permitiría cubrir parte de la diferencia entre la tarifa que paga el usuario y el costo técnico real del servicio, siempre que existan recursos municipales y se definan condiciones de calidad.
Sin embargo, aclaró que ninguna solución puede aplicarse de un día para otro, ya que se requieren estudios técnicos, informes jurídicos y ajustes presupuestarios.
En caso de plantearse una revisión del pasaje, indicó que el proceso debe iniciar como una reforma de ordenanza impulsada por el Alcalde, luego pasar por la Comisión de Movilidad y, finalmente, ser debatida y aprobada por el Concejo Metropolitano en dos debates.
Garrido evitó pronunciarse a favor o en contra de un aumento y sostuvo que primero debe instalarse una mesa técnica permanente entre Municipio, transportistas y Gobierno Nacional.
A criterio del concejal, la salida podría combinar varias opciones: compensación progresiva, revisión técnica del sistema o una fórmula mixta que no golpee por completo ni al usuario ni a las finanzas municipales.
El concejal Michael Aulestia cuestionó que hasta el momento no exista información clara ni una propuesta formal sobre el futuro del transporte público en Quito desde el Municipio.
Según señaló, aunque el Alcalde ha mencionado que habría una posición municipal hasta el 15 de mayo, el Concejo no ha conocido oficialmente ningún informe ni alternativa concreta. Por ello, sostuvo que cualquier discusión sobre una posible alza del pasaje debe manejarse con rigurosidad técnica y no bajo presión de los gremios.
Aulestia indicó que antes de debatir una revisión tarifaria, primero debe evaluarse si las operadoras privadas están cumpliendo metas mínimas de calidad, frecuencia, renovación de flota y atención al usuario.
Sobre la posibilidad de subsidiar al transporte convencional privado, como ocurre con trolebús, ecovía y metro, Aulestia consideró que actualmente no sería viable por la situación financiera municipal.
A su criterio, los recursos públicos deberían priorizarse en obras estratégicas para la ciudad, mientras que la Secretaría de Movilidad debería revisar rutas, demanda de pasajeros y eficiencia operativa para reducir costos sin trasladar la carga económica a los usuarios.
Finalmente, sostuvo que la discusión no puede centrarse solo en las necesidades de las operadoras o del Municipio, sino en escuchar al principal actor del sistema: el ciudadano que usa diariamente el transporte público. (EC)
En Quito circulan cerca de 3.200 buses pertenecientes a unas 62 operadoras.
Alcalde Pabel Muñoz responde a transportistas
La mañana de este martes 5 de mayo, el alcalde de Quito respondió a los transportistas. Aseguró que el Municipio no cuenta con recursos para asumir una compensación económica, como plantea el sector. Explicó que este mecanismo tendría un costo aproximado de $5 millones mensuales, lo que lo vuelve inviable para las finanzas municipales.
Además, descartó un incremento en la tarifa del pasaje al considerar que la ciudadanía no tiene capacidad de pago para asumir un alza.
En ese contexto, el alcalde señaló que, con un gasto de esa magnitud, resultaría más razonable que el propio Municipio invierta en la compra de unidades y asuma la administración integral del sistema de transporte público, tanto el municipal como el que actualmente opera en manos privadas. (EC)
