La Cámara de Energía del Ecuador (CEDE) advirtió al Gobierno que, sin inversión privada y reformas urgentes, el país no podrá frenar el declive de su producción petrolera. En una carta dirigida a la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, el gremio asegura que proyectos que podrían aportar hasta 70.000 barriles diarios adicionales permanecen estancados por trámites fiscales y ambientales.
En una carta enviada el 23 de octubre de 2025 a la ministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano, y al gerente general de Petroecuador, Leonard Bruns, la Cámara de Energía del Ecuador (CEDE) planteó una hoja de ruta para “marcar un nuevo ciclo de la industria petrolera” y enfrentar el descenso de la producción nacional.
“Ante el escenario actual de una disminución del precio del petróleo en el mercado internacional, la única respuesta posible es redoblar esfuerzos para impulsar un incremento sostenido de la producción”, señala la CEDE en su carta.
El gremio recuerda que cuando se presentó el Plan de Inversiones 2025-2030, la meta era alcanzar 600.000 barriles por día (bpd) hasta fin de año, pero fue reducida a 500.000 y ahora “no será factible alcanzar 500.000 hasta diciembre”, aunque reconoce que “la meta de 540.000 para el próximo año (2026) podría cumplirse, incluso con proyección al alza, si se logra ejecutar algunos de los proyectos contemplados”.
El rol de Petroecuador debe cambiar y abrir paso a capital privado
Uno de los planteamientos más contundentes de la carta es la necesidad de definir el papel de Petroecuador y permitir una mayor participación del sector privado en campos que requieren inversión y tecnología.
“Un tema crucial en el cambio de ciclo de la industria es definir qué campos van a continuar en manos de Petroecuador EP y qué otros deberían ser licitados para que puedan incrementar su producción con el aporte de capital y tecnología de corporativos privados”, sostiene la CEDE.
El documento menciona de forma especial el campo Sacha, “el más paradigmático por su enorme potencial”, que “estuvo a punto de ser adjudicado de forma directa a un consorcio estatal-privado, pero finalmente no se concretó”.
La Cámara propone que “este proceso debe ser retomado y llevado a cabo mediante una licitación abierta, cuyas bases pueden ser elaboradas por una firma de reconocido prestigio internacional, sin demora”.
Llamado a destrabar inversiones y contratos pendientes
La CEDE advierte que la burocracia institucional está afectando la ejecución de inversiones millonarias.
El gremio cita que la reciente fusión de los ministerios de Ambiente y Energía debería ser “una oportunidad para darle un impulso a procesos de licenciamiento ambiental que no han tenido la continuidad debida”, pues actualmente cinco corporativos, que incluye a Gente Oil Ecuador, Frontera/GeoPark, Gran Tierra, ENAP Ecuador y PCR Ecuador, esperan destrabar proyectos por $ 970 millones y con potencial de 60.000 a 70.000 barriles adicionales por día.
En este contexto, el documento sugiere que las futuras licitaciones de bloques petroleros incluyan la garantía de otorgamiento de la licencia ambiental, “a fin de que este trámite no se constituya en una demora innecesaria en el inicio de operaciones”.
Además, la Cámara critica los retrasos de hasta 10 meses en la emisión de informes fiscales y ambientales.
“Hemos insistido en la necesidad de revisar la normativa relacionada que se torna disfuncional; dispone un plazo de 45 días, pero se torna 9 o 10 meses, sumando tiempo muerto a procesos que de por sí son engorrosos”, apuntó el CEDE.
También llama a retomar proyectos suspendidos, como el plan de Petroecuador para reactivar 1.000 pozos cerrados, que preveía una producción rápida de 15.000 barriles diarios con una inversión de $180 millones, pero que fue cancelado en 2023 por “inconsistencias sustanciales”.
Infraestructura y futuro energético
La CEDE insiste en que es urgente impulsar la licitación de Intracampos III y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), así como la construcción de la variante por la margen derecha del río Coca, considerada “la única garantía para evitar nuevos eventos disruptivos y de grave impacto económico tanto para las empresas como para el propio Estado”.
También advierte sobre la obsolescencia del SOTE y la necesidad de planificar su reparación integral, con restricciones temporales en el transporte de crudo.
Sobre el bloque 43 (ITT), la Cámara pide abordar el tema “con un espíritu pragmático”, recordando que sus 1.670 millones de barriles probados representan un activo de $19.500 millones, y que privar al Estado de esa riqueza “significa despojarlo de recursos para cumplir con su obligación de desarrollar obra básica y brindar servicios de salud y educación”.
La carta está firmada por la economista Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la CEDE, con copia a Cinthya Gellibert Mora, secretaria general de la Administración de la Presidencia de la República; Luis Alberto Jaramillo, ministro de Comercio Exterior, Producción e Inversiones; María Daniela Conde, viceministra de Hidrocarburos; y María Daniela Limongi, viceministra de Ambiente.
