El financiamiento de organismos multilaterales a Ecuador caerá en 2026, mientras la apuesta del Gobierno de Noboa de eliminar el subsidio al diésel compensará los menores ingresos del ITT.
En Ecuador no hay espacio fiscal para retroceder. Con un déficit fiscal que puede superar los $5.600 millones en 2025, estabilizarse en alrededor de $5.000 millones en los siguientes años, y un programa de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que exige disciplina, el Gobierno de Daniel Noboa enfrenta un dilema político y económico: menos dinero de los multilaterales y más presiones sociales por el costo del diésel. En 2026, los préstamos externos caerán 43%, mientras los ingresos por petróleo se reducen tras el cierre progresivo del ITT.
Cualquier negociación con el movimiento indígena, en medio del paro que mantiene bloqueadas varias provincias, no puede darse sin mirar el tamaño del problema fiscal.
Menos dinero del FMI y otros multilaterales complicarán la situación fiscal en 2026
Ecuador tiene vigente con el FMI un programa de crédito de Servicio Ampliado (SAF) por $5.000 millones, que se extiende hasta 2028.
Cuando se concretó el programa, en mayo de 2024, el crédito era por $4.000 millones, pero tras ganar la reelección presidencial en abril de 2025, el Gobierno de Noboa solicitó un aumento de $1.000 millones, que fue aprobado por el FMI en julio de 2025.
Así, de los $5.000 millones de crédito, el Gobierno de Noboa ya ha recibido $2.100 millones.
Entre octubre y diciembre de 2025, está pendiente de recibir $1.200 millones del FMI. Para que lleguen estos recursos, que son vitales para el cierre del año, sobre todo para impedir que se disparen los atrasos en el sector público, Ecuador debe pasar dos revisiones del FMI.
La primera, que todavía no tiene fecha definida, se concentrará cuando el equipo técnico del FMI revise el cumplimiento de las metas fiscales con corte a agosto de 2025. Si se pasa este examen, el país accedería a un desembolso de $600 millones.
Asimismo, desde el 15 noviembre se esperaría otra revisión de metas, de la que dependen otros $600 millones.
Si se completan con éxito todas estas revisiones, Ecuador sumará $3.300 millones de los $5.000 millones del acuerdo de financiamiento vigente con el FMI. Para el resto de los años del programa, es decir de 2026 a 2028, solo quedarán pendientes desembolsos por $1.700 millones. Esto equivale al 34%.
En este contexto, de la mano de los menores desembolsos del FMI, también habrá menos desembolsos de otros multilaterales a partir de 2026.
En 2025, dentro del Presupuesto General del Estado (PGE), se incluyó un total de $5.041,66 millones de créditos externos para financiar gasto público y pago de deudas. Sin embargo, según Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, los préstamos de los multilaterales se reducirían a $2.850 millones. Esto significa una caída del 43% en el financiamiento.
En este contexto, de acuerdo con Carlos Moreno, economista, se explica la decisión del Gobierno de Noboa de eliminar el subsidio al diésel a finales de este 2025. “El dinero de los multilaterales es vital para evitar que se disparen los atrasos al cierre de este año. Incluso con todo el financiamiento multilateral, el déficit fiscal será alto, pero podría ser peor. Retroceder en la eliminación del subsidio al diésel no es una opción para el Gobierno si quiere seguir recibiendo el dinero de los multilaterales y buscar acceder a la emisión de bonos de deuda en los mercados internacionales. No hay espacio fiscal para retroceder en eso, y menos en la reducción de IVA del 15% al 12% como pide el movimiento indígena que está en paro”, apuntó.
La eliminación del subsidio al diésel servirá para cubrir los menores ingresos del ITT
Según Carrera, “aún con el supuesto que en 2026 el ingreso neto por la eliminación del subsidio al diésel fuere de $870 millones, el déficit fiscal podría ubicarse alrededor de los $5.000 millones”, Esto debido a que la estructura de gasto público, heredado desde la década correísta, no ha sido cambiada de manera estructural por los últimos tres gobiernos.
Además, en 2026 no habrá ciertos ingresos ocasionales, menos recaudos del impuesto a la renta por los anticipos llamados autorretenciones, la remisión tributaria y otros ingresos temporales.
En este contexto, de acuerdo con Carrera, “la eliminación del subsidio al diésel compensará los menores ingresos por la no explotación del ITT ($256 millones menos entre enero-agosto de 2025”.
Es decir, cualquier negociación con el movimiento indígena, con el fin de terminar el actual paro, debe partir de la realidad económica y fiscal del país.
“El país necesita más ingresos, más producción petrolera, más recursos por la minería, pero la Conaie pide menos petróleo, menos minería y menos ingresos tributarios, mientras exige más salud y más educación. Se llega al extremo de la contradicción de pedir más producción nacional de combustibles (que necesita que Ecuador produzca más crudo) al mismo tiempo que se plantan en un discurso anti extractivista”, dijo Moreno.
En un escenario de alto déficit fiscal, y escaso espacio para financiamiento de multilaterales, Carrera asegura que será imperativo “más ingresos tributarios y otros de carácter permanente, y enfrentar con más profundidad la reducción del gasto en sueldos, aportes por el 40 % de pensiones jubilares, y encontrar caminos para la reducción del pago de intereses de la deuda”.
En otras palabras, los desafíos están en reducir de manera real el gasto corriente, ir hacia una reforma al IESS y encontrar formas de renegociar los pagos de la deuda pública, entre otros.
Todo esto apunta a lo que ya ha analizado LA HORA en el sentido de que sin diálogo sobre el Estado que podemos pagar no habrá confianza ni inversión; mucho menos sostenibilidad fiscal.
