Ecuador enfrenta un déficit creciente que asfixia al Estado. Alcanzar el superávit fiscal es clave para reducir deuda, atraer inversión, asegurar pensiones e incluso bajar impuestos.
Imagínese una familia que cada mes gasta más de lo que ingresa, se endeuda con tarjetas de crédito y pide préstamos a conocidos para cubrir lo básico. Eso es lo que pasa con Ecuador: el Estado está atrapado en un déficit fiscal crónico que le impide invertir más en carreteras, hospitales o escuelas, porque el dinero se esfuma en pensiones, sueldos, subsidios y pago de intereses de deuda.
En 2025, el país podría cerrar con un déficit mayor a $5.600 millones, casi el doble que en 2024. Las cuentas no cuadran y se sostienen con ingresos ficticios (licitaciones petroleras que no se concretan), deuda interna y créditos externos.
Así, por ejemplo, siete de cada diez dólares de los impuestos van a pagar los sueldos de la burocracia del Gobierno Central.
“Si no se cambia de manera estructural el gasto público en Ecuador, la espiral de déficit y endeudamiento va a seguir escalando”, apuntó Andrés Rodríguez, economista.
Un Estado que se endeuda para sobrevivir
Hoy, Ecuador vive al filo del abismo fiscal. En 2025 el déficit se calcula en $5.600 millones, muy por encima de los $3.100 millones de 2024. Los ingresos no alcanzan ni siquiera para cubrir los gastos corrientes: sueldos, pensiones, subsidios e intereses.
¿Por qué no alcanza el dinero?
- El subsidio estatal al IESS es cada vez más costoso: pasó de $1.000 millones en 2010 a casi $3.500 millones en 2025.
- El pago de intereses de la deuda se multiplicó por nueve en 15 años: de $264 millones en 2010 a más de $2.500 millones en 2025. Y seguirá creciendo.
- La inversión pública se desplomó: en 2014 era de $5.700 millones, hoy apenas supera los $2.700 millones.
- La nómina estatal supera los $10.000 millones anuales, con poco margen real de recorte.
El déficit es deuda: cada dólar que falta se cubre con bonos, préstamos del FMI, multilaterales o con emisiones que compra el propio IESS. Esto crea un círculo vicioso: se paga deuda con más deuda, mientras el Estado arrastra cuentas por pagar superiores a los $3.700 millones.
El panorama hacia 2028 es sombrío: si se mantiene la política actual de contener gastos, pero sin reformas estructurales, los déficits seguirán en torno a $5.000 millones anuales, la deuda pública ya supera los $82.000 millones y el peso de los intereses será cada vez más asfixiante.
Intertítulo
El camino hacia el superávit
Llegar al superávit fiscal no es cuestión de ajustar un par de partidas en el presupuesto ni de pedir más préstamos. Se trata de cambiar de raíz la manera en que el Estado gasta, recauda y se relaciona con la economía. Para Ecuador, esto significa abordar cuatro frentes críticos sin los cuales no habrá equilibrio posible.
1. Reforma del IESS: salvar el sistema de pensiones. El IESS es hoy el mayor agujero del presupuesto. Cada año, el Estado transfiere cerca del 40% del valor de las pensiones, un gasto que pasó de $1.000 millones en 2010 a casi $3.500 millones en 2025. Dicho valor seguirá creciendo hasta volverse impagable.
El problema es que el sistema actual funciona como una pirámide: los aportes de los trabajadores activos no alcanzan para cubrir lo que se paga a los jubilados. La población envejece y la informalidad laboral reduce aún más los ingresos. Se necesita adoptar un modelo multipilar, en el que el Estado garantice una pensión básica de solidaridad, pero cada trabajador construya también su fondo individual de ahorro para el futuro. Además, revisar parámetros como la edad de jubilación y los mecanismos de cálculo de las pensiones. Entre otras reformas.
2. Reforma laboral: abrir las puertas al empleo formal. En Ecuador, contratar formalmente cuesta entre 40% y 45% más de lo que el trabajador recibe en su bolsillo. El resultado es que el 62% de la población ocupada vive en la informalidad. Esto significa menos aportes al IESS, menos impuestos y más dependencia de bonos y subsidios.
El problema es que la rigidez laboral convierte al empleo formal en un lujo que solo las grandes empresas pueden costear. Los emprendedores y pymes evitan contratar por miedo a juicios, indemnizaciones desproporcionadas y falta de flexibilidad.
“Se debe crear un marco laboral flexible y moderno que permita contratos por hora, teletrabajo, empleo por plataformas y modalidades adaptadas a la realidad actual. Al mismo tiempo, garantizar derechos básicos como salud y seguridad social, sin asfixiar al empleador”, acotó Norma Rivas, economista y emprendedora.
3. Mayor libertad económica: atraer inversión y confianza. Mientras Ecuador recibe de $800 millones a $1.000 millones de Inversión Extranjera Directa (IED) al año, países vecinos como Perú o Colombia han llegado a captar más de $10.000 millones anuales. La diferencia es simple: confianza y reglas claras.
El problema es que la inseguridad jurídica, la excesiva burocracia y la intervención del Estado desalientan a los inversionistas. Las disputas con empresas extranjeras, los cambios abruptos en contratos y la falta de garantías generan una imagen de riesgo.
Se necesita dar señales firmes de apertura económica: seguridad para la propiedad privada, respeto a contratos, eliminación de aranceles distorsivos y controles de precios, más alianzas público-privadas y creación de un entorno competitivo donde invertir sea rentable y seguro.
4. Presupuesto base cero: gastar solo lo esencial. El Estado ecuatoriano funciona con un presupuesto que se arrastra año tras año, aumentando por inercia sin una revisión seria de prioridades. Así, se mantiene una estructura llena de duplicidades, subsidios ineficientes y gastos improductivos. El resultado es un gasto que supera los $100 millones al año; pero que da servicios deficientes.
El problema es que, según Rodríguez, los ajustes anuales son meramente incrementales; se parte de lo que ya existe, aunque sea innecesario, y se suma un poco más.
“Se necesita aplicar la metodología de presupuesto base cero: cada año revisar todas las partidas desde cero, evaluando qué gastos son prioritarios y cuáles deben recortarse o eliminarse. El beneficio es limpiar el presupuesto de lastres innecesarios, se estima que Ecuador podría liberar como mínimo entre $1.500 millones y $2.000 millones anuales, recursos que pueden destinarse a inversión productiva y reducción del déficit”, recalcó Rodríguez.







