El miércoles 24 de septiembre de 2025 se posesionan los nuevos vocales de la Judicatura en la Asamblea Nacional. Luis Ávila, vocero de la Asociación de Magistrados y Jueces, recordó la demanda que planteó el gremio en la Corte Constitucional en contra de la Ley de Integridad Pública y espera que los nuevos vocales del CJ mantengan la comunicación abierta con los actores del sistema judicial.
El 24 de septiembre de 2025 iniciará una nueva etapa en el Consejo de la Judicatura (CJ), el máximo organismo de administración y disciplina de la Función Judicial.
Mario Godoy, delegado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ); Magaly Ruiz, de la Fiscalía General del Estado (FGE); Alfredo Cuadros, de la Defensoría Pública; Damián Larco, del Ejecutivo; y Fabián Fabara, del Legislativo, designados como vocales de la Judicatura, el 19 de septiembre de 2025, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) serán posesionados en el pleno de la Asamblea Nacional el 24 de septiembre de 2025. La sesión está convocada para las 14:00.
Las nuevas autoridades ejercerán el cargo hasta septiembre de 2031, pero su gestión arranca con críticas por la designación de algunos postulantes, entre ellos Mario Godoy, la única autoridad que fue reelecta de una terna enviada por el presidente de la Corte Nacional, José Suing.
Desde el Cpccs se cuestionó el proceso. Cuando faltaban pocas semanas para que se conforme la nueva Judicatura, Nicole Bonifaz, vocal del Cpccs denunció “irregularidades” que fueron desmentidas por el presidente del organismo, Andrés Fantoni.
Ella criticó que se haya eliminado al postulante Edison Toro, quien integraba la terna de la CNJ, sin que haya podido ejercer su derecho a la defensa. Además, señaló que el equipo técnico que dio de baja 19 impugnaciones en contra de ocho de los 15 postulantes, también incurrió en irregularidades.
Bonifaz argumentó que el reglamento de designación es claro y que el equipo solo podía hacer revisiones de forma, por ejemplo, que los documentos contengan firmas, copia de cédula de identidad o correos electrónicos. “El equipo no tenía competencia para revisar temas de fondo. Esto le corresponde al Pleno del Cpccs, como la interpretación de una contestación de la Procuraduría General del Estado (PGE), que señala que alguien puede conformar la terna aún si es funcionario público».
También subrayó que el equipo técnico elevó al Pleno del Cpccs un documento titulado ‘Informe y resolución’. “Los integrantes del equipo no tenían que resolver nada. Los que resolvemos somos el Pleno”, dijo al recordar que su voto, en la sesión del 22 de agosto, donde el Cpccs acogió el informe de la comisión técnica, fue en contra.
Tras la decisión del Cpccs, la expectativa se centra en la gestión de los nuevos vocales
Luis Ávila, vocero de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) afirmó que más allá de la demanda que planteó el gremio en la Corte Constitucional (CC) en contra de la Ley de Integridad Pública, que incluyó la posibilidad de la declaratoria de emergencia en la Justicia y que está pendiente de resolución, esperan que los nuevos vocales abran canales de diálogo con gremios y asociaciones del Poder Judicial.
“Si es que se va a implementar la emergencia, que no se suspendió con la demanda de inconstitucionalidad, al menos se tome en cuenta la opinión de los gremios para que, en la medida de lo posible, se respete la independencia judicial, la carrera de los servidores judiciales y la estabilidad de los funcionarios”, señaló.
Para Luis Ávila, este sería un buen mensaje del CJ, para que se fortalezcan los canales de diálogo, para que el proceso sea lo menos accidentado posible, para que se logre una mejora en la Función Judicial, para solucionar la crisis que no se resolverá con una emergencia, para que el servicio de justicia sea más eficiente y se logre mayor cobertura a los ciudadanos.
“El diálogo tiene que profundizar y se permita una real participación de los servidores judiciales para hallar las mejores herramientas, y si hay una emergencia judicial se dé en base a principios constitucionales”, pidió Avila. (SC)
Preocupaciones de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj)
La asociación sostiene que no se puede realizar un concurso de selección para designar jueces temporales; el concurso debe ser para servidores de carrera.
Los jueces no se oponen a que sean evaluados, de hecho, el último proceso de calificación fue en 2017. Sin embargo, piden que no se cree un nuevo reglamento ni se cambien criterios para realizar la evaluación. Esto afectaría la seguridad jurídica y los derechos de los servidores judiciales. La evaluación no debe transformarse en un evento político de “limpieza social” dentro la Función Judicial, dicen, con la aplicación de pruebas de confianza, psicológicas o polígrafo.
“Sería terrible que alguien que no pase el polígrafo, salga de la Función Judicial”, dijo Luis Avila. “Estos mecanismos nuevos no se pueden incluir porque violan la independencia judicial y someterían a los jueces a normas que no estaban vigentes cuando participaban en los concursos”.
