Asamblea Constituyente: los caminos que tiene la Corte Constitucional tras analizar la propuesta

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La convocatoria a consulta popular para la Asamblea Constituyente aún se encuentra bajo análisis de la Corte Constitucional. Solo si supera este segundo control, la propuesta pasará al Consejo Nacional Electoral para que convoque a votaciones y se unifique con el referéndum.

La propuesta del Gobierno para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) llame al país a una consulta popular para saber si está de acuerdo con que se instale una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución, todavía está en proceso.

El 21 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional (CC) emitió su dictamen de vía al determinar que la propuesta presentada sí puede dar paso a una Asamblea Constituyente (y no a una enmienda o reforma parcial). Sin embargo, aún falta que la Corte se pronuncie con su dictamen de constitucionalidad y, si es favorable, el CNE podrá convocar a una consulta popular que apruebe la Asamblea Constituyente.

La pregunta es:

¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?

Opciones de la Corte Constitucional

El proceso de control constitucional se encuentra en el segundo momento, a cargo de la jueza ponente Alejandra Cárdenas, quien avocó conocimiento de la causa 11-25-RC-A y continuará sustanciandola.

La constitucionalista Ximena Ron explica que a la Corte le corresponde analizar la pregunta, los considerandos y el estatuto de la propuesta. “Esa pregunta debe tener una carga neutra en cuanto a la redacción para que no sea persuasiva hacia el sí o hacia el no”, indicó.

La CC también verificará el contenido de los considerandos y si existen las razones que justifican ir a una Asamblea Constituyente, añade Ron.

“La Corte tendría tres posibilidades, dependiendo de la dimensión de los errores”, dice Ron:

  1. Aprobar la propuesta y emitir su dictamen favorable.
  2. No aprobar la propuesta al encontrar aspectos insubsanables.
  3. Identificar errores o cuestiones de forma que se pueden mejorar y pedir al presidente de la República, Daniel Noboa, que los modifique.

El constitucionalista Carlos De Tomaso comenta que la Corte debe revisar en detalle si el estatuto reúne las características que la jurisprudencia manda. Es decir: conformación de la Asamblea Constituyente, plan de trabajo, elección de los asambleístas constituyentes, requisitos, método de asignación de escaños, el plazo y el calendario de funcionamiento de la Constituyente.

“Es en esta parte que por 12 ocasiones la CC ha dicho no. Han existido casos en los que ha pasado el primer dictamen de vía, pero en los 12 casos, en el segundo tiempo, la CC ha negado por distintas razones”, señala.

¿La propuesta de Asamblea Constituyente requiere mejoras?

Según Ron, la CC podría enfocar su observación en el estatuto, en particular sobre el procedimiento para elegir a los asambleístas constituyentes.

El estatuto indica que se deben elegir 52 asambleístas provinciales y asignar un escaño por provincia. El otro criterio es que, tomando como referencia el último censo nacional, se asignará un escaño adicional por cada 200.000 habitantes o fracción superior a 150.000, hasta completar el total de 52. El CNE debe emitir el reglamento técnico de distribución y publicar el cuadro provincial definitivo, aplicando el método D’Hondt.

Pero Ron considera que falta claridad: “No está bien especificado el tema de la selección de la representación. Esto seguramente la CC enviará a corregir”.

De Tomaso evalúa que el documento en general puede obtener el dictamen favorable: “Pienso que el estatuto reúne todos los requisitos que la Constitución y la jurisprudencia piden”. Tiene dudas sobre la fórmula para asignar escaños a los asambleístas provinciales y que el cálculo estaría errado de acuerdo a los parámetros que propone Noboa. “Pero eso es un tema simplemente de corrección aritmética que no debe impedir que sea aprobado por el dictamen del segundo momento”, subraya.

En ese sentido, reitera los tres caminos que tiene la CC: “Puede hacer una modulación y eliminar algunos considerandos que a la Corte no le parezcan pertinentes. Puede también modular, modificando o agregando ciertas cosas a la pregunta o al estatuto para terminar de acoplarlos. También puede negarlo todo y pedirle al Presidente que lo vuelva a presentar”.

De Tomaso apoya la iniciativa de que se instale una Constituyente. “Esto lo dije cuando el Presidente recién asumió el mando con popularidad, si no convoca una Constituyente después de siete meses vamos a llegar al punto en que esta Constitución (actual) bloquea muchos temas, especialmente de desarrollo económico y va a necesitar ir a una Constituyente”. Proyecta que la pregunta puede ganar en la consulta popular, “vale la pena el riesgo”.

¿La Constituyente tendrá legitimidad?

Estefanía Luzuriaga, especialista en Comunicación polítítica y docente investigadora de la Universidad Casa Grande, considera que, desde un punto ideal, la Constituyente es un espacio para la inclusión de todos los grupos sociales.

“Es importante que esta intención de inclusión y diversidad, en la conformación de una Carta Magna, no se limite exclusivamente a un proceso electoral, sino que dentro del ejercicio de la conceptualización de esta nueva Carta Constitucional se incluya a las voces de estos espacios. Las claves que permiten que las Constituciones perduren en el tiempo tienen que ver justamente con inclusión y con pluralismo, con mecanismos de ajuste. Es decir, Constituciones que sean flexibles y que estén legitimadas en su etapa inicial”, argumenta.

No está de acuerdo con que el proceso de la Constituyente de Noboa tenga menos legitimidad por las críticas recibidas al procedimiento. “La mayor legitimidad está justamente en el respaldo de la ciudadanía”, destaca.

La Asamblea Constituyente durará 180 días, contados a partir de su instalación y prorrogables una sola vez por hasta 60 días adicionales, según el estatuto.

Luzuriaga cree que ese tiempo respondería a un propósito: “A la necesidad emergente que tiene el Gobierno de contar con este nuevo documento que le permita fortalecer las capacidades en términos de seguridad y establecer tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)”, sin las funciones de Transparencia y Electoral. “Con el tiempo hemos visto que (esas dos funciones del Estado) en lugar de evitar la concentración del poder, han favorecido formatos hiperpresidencialistas y han generado casos importantes de corrupción. Discutir si es relevante tener cinco funciones del Estado debería estar en el centro de la conversación”, expone.

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