Votos, popularidad y paz social en Ecuador: cómo el gasto público se convierte en moneda política

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En Ecuador, el gasto público es una herramienta para ganar elecciones, sostener la popularidad presidencial y evitar conflictos sociales. El caso de Daniel Noboa en 2025 lo confirma.

La política ecuatoriana premia a quien gasta. En el primer semestre de 2025, el presidente Daniel Noboa destinó $1.720 millones adicionales frente al mismo período de 2024, en plena campaña por la reelección. Creó seis bonos temporales (incluyendo el bono jóvenes en acción), aumentó el gasto corriente y aceleró las obras públicas.

La jugada funcionó: Noboa ganó las elecciones, pero el costo fiscal fue grande.

De un superávit de $109 millones en 2024 se pasó a un déficit de $1.757 millones en 2025,17 veces mayor.

Un informe de JP Morgan, luego de la reelección de Noboa, ya advertía que el Presidente había aumentado en más del 18% el gasto para asegurar su triunfo electoral, pero que el desajuste fiscal resultante obligaría aumentar ingresos vía más producción petrolera o a ir por la eliminación subsidios y la subida de impuestos.

“El costo de ganar la reelección fue complicar unas cuentas públicas que ya venían con problemas estructurales desde la década correísta. Eliminar subsidios ineficientes era una necesidad con o sin más gasto para ganar la elección; pero ese mayor gasto aceleró la necesidad de medidas de ajuste”, sentencia el economista Andrés Mendoza.

“En Ecuador, los presidentes creen que gastar más es la única manera de sobrevivir, aunque después no sepan cómo cubrir el hueco que dejan”, añadió Mendoza.

Compensaciones millonarias para evitar un estallido social

El 12 de septiembre de 2025, Noboa dio un giro histórico: eliminó el subsidio al diésel, que drenaba $1.100 millones anuales y alimentaba el contrabando. Pero consciente de la posible reacción social, lanzó un plan de compensaciones por más de $1.200 millones.

Los beneficiarios principales son transportistas de pasajeros, agricultores, pescadores y familias pobres. Se entregan bonos de hasta $1.800 mensuales por unidad a transportistas, Bono Raíces de $1.000 a 100.000 familias campesinas, tractores, motores de pesca y la incorporación de 55.000 hogares al Bono de Desarrollo Humano.

Sin embargo, el esquema dejó fuera a la industria, parte del transporte pesado, al transporte comunitario rural (se ha lanzado un tipo de crédito productivo, pero no compensación directa para este sector) y a sectores como el movimiento indígena. “El resultado: paro nacional indefinido convocado por la Conaie, que se siente excluida del reparto”, de acuerdo con Mendoza.

“Cada dólar que se quita del subsidio debe convertirse en un dólar de inversión en transporte limpio, electrificación rural o educación técnica”, advierte Roberto Salazar Córdova, exviceministro de Economía y CEO de Hexagon Group LATAM/UK-GLOBAL. Si solo se reemplaza con bonos temporales, se repite el ciclo de ajustes, paros y estallidos.

El antecedente de Correa: una década de votos comprados con más gasto

La estrategia de gastar para ganar respaldo político no nació con Noboa. El estudio de Sandra Borja para el Instituto de la Democracia muestra cómo el expresidente Rafael Correa construyó la estabilidad más larga de la historia democrática reciente del Ecuador gracias a un aumento inédito del gasto social. Entre 2007 y 2017, el presupuesto destinado a gasto social, incluyendo bonos, se duplicó: pasó del 4,2% del PIB en 2006 a más del 10% en 2017.

Ese esfuerzo, sostenido por el boom petrolero, tuvo un efecto político profundo: los sectores vulnerables —los principales beneficiarios— se convirtieron en un electorado leal y estable, capaz de sostener al correísmo durante una década.

“El gasto social no solo sirvió para mejorar indicadores, sino para sostener la popularidad y garantizar victorias electorales”, concluye Borja. Es decir, las inversiones sociales fueron, al mismo tiempo, política pública y estrategia electoral. La lección es clara: gastar más en Ecuador tiene altas probabilidades de asegurar respaldo, pero también crea dependencia y un déficit fiscal difícil de manejar cuando el ciclo económico cambia.

Hasta los libertarios ceden al gasto

En Argentina, el presidente Javier Milei, que hizo campaña bajo la bandera de reducir drásticamente el Estado, se ha visto obligado a dar un giro táctico. Su presupuesto 2026 contempla aumentos del 5% en jubilaciones y del 17% en salud, además de asignar 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales.

La contradicción es evidente: un Presidente que prometió achicar el gasto termina incrementándolo. Pero, como explica el economista liberal español Juan Ramón Rallo, en un reciente análisis en su canal de Youtube, la razón no es económica, sino política: “Después del batacazo en las elecciones de Buenos Aires, Milei busca reconquistar al votante moderado. Sin gasto, su proyecto no sobrevive en el Congreso ni en las urnas”.

Este ejemplo revela un patrón que trasciende ideologías: la política premia a quien gasta, incluso si contradice sus principios. Milei, el emblema del liberalismo libertario en la región, se vio forzado a admitir que sin gasto público no hay capital político suficiente para sostener reformas profundas.

Los riesgos de gastar para sobrevivir

El modelo de gastar más para ganar votos o comprar paz social tiene un efecto inmediato (que no siempre se consigue al 100%): popularidad y estabilidad. Pero los riesgos estructurales son altos.

  • Déficit crónico: el desajuste fiscal se agranda. En Ecuador, Noboa pasó en un año de superávit a un déficit 17 veces mayor.
  • Dependencia social: los bonos temporales consolidan lealtades electorales pasajeras, pero no generan empleo ni movilidad social sostenible.
  • Erosión institucional: el gasto reemplaza al diálogo y la construcción de consensos, debilitando los mecanismos democráticos.
  • Paz frágil: los conflictos resurgen en cuanto los recursos se agotan o ciertos sectores quedan fuera del reparto.

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