En Ecuador existen 269 empresas públicas, la mayoría en GADs y universidades. Sin embargo, apenas 11 empresas del Gobierno Central concentran el 90% del presupuesto asignado, con más de $14.700 millones, lo que las convierte en el mayor riesgo fiscal del país.
Ecuador cuenta actualmente con 269 empresas públicas distribuidas entre el Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) y las universidades públicas. Pero aunque la mayoría de estas entidades pertenece a los GADs y universidades, son apenas 11 empresas del Ejecutivo —el 4% del total— las que concentran casi la totalidad de los recursos asignados.
Distribución de empresas públicas en Ecuador (2025):
- Gobierno Central: 11 empresas (4% del total).
- Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs): 160 empresas (60%).
- Universidades públicas: 98 empresas (36%).
En términos presupuestarios, la diferencia es abismal. Las empresas del Gobierno Central concentran $14.705 millones, es decir, el 90% del presupuesto total asignado a las empresas públicas del país. Mientras tanto, los GADs manejan $1.244 millones (8%), y las universidades $298 millones (2%).
Las cuatro empresas públicas gigantes del Ejecutivo
Petroecuador
Presupuesto 2025: más de $10.000 millones, equivalente a casi el 70% del total asignado a las empresas públicas del Ejecutivo. Es la empresa pública más grande del país y la principal fuente de ingresos petroleros.
Su relevancia implica también riesgo: enfrenta pasivos ambientales y demandas judiciales, además de la volatilidad de los precios internacionales del crudo.
Varias de sus operaciones requieren transferencias estatales para cubrir déficit en inversiones estratégicas. Es decir, no tiene suficientes recursos para invertir y eso se refleja, como ya analizó LA HORA, en pozos apagados y una producción muy por debajo de los 500.000 barriles al día.
CELEC (Corporación Eléctrica del Ecuador). Presupuesto 2025: más de $1.600 millones. Administra el sistema nacional de generación y transmisión eléctrica. Mantiene deudas respaldadas por garantías soberanas, principalmente por créditos para infraestructura hidroeléctrica.
Los riesgos fiscales provienen de los costos de operación de grandes proyectos y de retrasos en la ejecución de obras.
CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones). Presupuesto 2025: cerca de $1.200 millones. Su desempeño financiero ha sido inestable, con resultados negativos en varios ejercicios. Para sostener operaciones, ha requerido transferencias del Gobierno Central.
Se advierten problemas de gobernanza y eficiencia, lo que limita su capacidad de competir con empresas privadas del sector.
Flopec (Flota Petrolera Ecuatoriana). Presupuesto 2025: más de $900 millones. Su actividad principal es el transporte marítimo de crudo ecuatoriano. Aunque es estratégica, enfrenta riesgos vinculados a la volatilidad del mercado internacional y a su dependencia de la producción petrolera de Petroecuador.
Tiene pasivos financieros respaldados por el Estado y compromisos de deuda que representan riesgos de liquidez.
Riesgos fiscales identificados de las grandes empresas públicas del Ejecutivo
El informe de riesgo fiscales, enviado a la Asamblea junto con el Presupuesto General del estado (PGE) advierte que las empresas públicas, especialmente las estratégicas del Ejecutivo, representan altos riesgos fiscales y financieros para el país:
1.- Dependencia de transferencias estatales. CNT y Petroecuador, entre otras, han requerido recursos del Presupuesto General del Estado para cubrir déficits de operación o inversión.
Estas transferencias implican un desvío de recursos que podrían destinarse a salud, educación o seguridad.
2.- Endeudamiento con garantías soberanas. El Estado ha respaldado créditos de varias empresas, sobre todo en CELEC y Flopec. A nivel agregado, las garantías soberanas ascienden a $4.541,6 millones. Si las empresas incumplen, el fisco deberá asumir la deuda.
3.- Ineficiencias y gobernanza débil. Se reportan retrasos en inversiones, sobrecostos en proyectos y riesgos de corrupción. CNT es un caso emblemático. Pese a ser la empresa de telecomunicaciones más grande del país, enfrenta pérdidas recurrentes y baja competitividad.
Aunque en número la mayoría de empresas públicas se concentra en los GADs (160) y universidades (98), su peso presupuestario es reducido. El verdadero foco fiscal está en las 11 empresas del Gobierno Central, que manejan más de $14.700 millones y que, por su dependencia de transferencias, deudas respaldadas por el Estado e ineficiencias estructurales, representan los mayores riesgos fiscales del Ecuador.
GADs y universidades: muchas empresas, pocos recursos
El panorama de las empresas públicas en Ecuador revela una marcada asimetría entre cantidad y presupuesto. Mientras el Gobierno Central administra solo 11 empresas con un peso fiscal de más de $14.700 millones, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) y las universidades públicas concentran la mayor parte del número de empresas públicas, pero con presupuestos reducidos y, en muchos casos, de bajo impacto macroeconómico.
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs): Número de empresas: 160 (60% del total). Presupuesto 2025: $1.244 millones, equivalente al 8% de los recursos totales destinados a empresas públicas.
Actividad principal: servicios locales como agua potable y alcantarillado, gestión de residuos, transporte terrestre, terminales, mercados y algunas empresas de servicios energéticos o productivos de carácter regional.
Los riesgos fiscales, aunque no son comparables en magnitud a los de las empresas estratégicas del Ejecutivo, varios GADs presentan problemas de sostenibilidad financiera. En algunos casos, sus empresas dependen de transferencias municipales o provinciales para equilibrar sus cuentas, lo que genera presiones sobre los presupuestos locales. También se identifican riesgos de gestión por falta de controles y capacidad técnica limitada.
Universidades públicas: Número de empresas es de 98 (36% del total). Presupuesto 2025: $298 millones, apenas el 2% del total.
Actividad principal: empresas asociadas a proyectos de investigación, producción académica, servicios educativos y de innovación, además de actividades de apoyo como editoriales universitarias, centros de idiomas o servicios tecnológicos.
Su peso es menor en comparación con el Ejecutivo y GADs, pero en varios casos estas empresas no generan ingresos suficientes para autofinanciarse, por lo que dependen de recursos del presupuesto universitario. Si bien no representan grandes montos de riesgo macroeconómico, sí incrementan la presión sobre los limitados presupuestos de educación superior.
En conjunto, los GADs y universidades administran 258 de las 269 empresas públicas (es decir, el 96% del total). Sin embargo, su presupuesto combinado (alrededor de $1.542 millones) es casi 10 veces menor al que concentran las empresas del Ejecutivo.
