Otto Vera, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) dice que el proyecto enviado por el Ejecutivo el 17 de mayo de 2025, tiene que ver con temas de seguridad con el objetivo de luchar contra las economías criminales, pero que no es un proyecto urgente para el país.
El Partido Social Cristiano (PSC) empieza a hacer observaciones al proyecto para desarticular la economía criminal ligada al conflicto armado interno, enviado por el Ejecutivo con carácter urgente en materia económica.
Otto Vera dijo que se debe analizar con “mucho tino” la propuesta que se incluye en el texto en torno a los juicios rápidos, y puso reparos a la iniciativa que plantea la creación de judicaturas especializadas para tratar temas del conflicto armado interno. “Para ello se necesita (que el Estado) asigne recursos”.
Vera opinó que, por el contrario, se deberían fortalecer las judicaturas actuales para que todas sean multicompetentes. Aclaró que una vez que el proyecto sea calificado en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) enviarán oficialmente sus observaciones.
En una entrevista en un medio digital, Vera se mostró a favor de que se ejerza mano dura contra el crimen organizado siempre y cuando se respete el debido proceso y los derechos constituidos que tenemos los civiles que no tenemos ningún tipo de relación con las organizaciones criminales, subrayó.
Para el legislador, existen muchas alternativas para frenar el crimen organizado como el eliminar las medidas alternativas a la prisión preventiva, sobre todo cuando un antisocial asesina o extorsiona y es capturado en flagrancia. «Para este caso debería abreviarse todo tipo de procedimiento y no debería haber medidas alternativas que es lo que permite a los criminales poder volver a salir a las calles».
Allanamientos sin orden judicial
El proyecto del Ejecutivo también establece que el domicilio o lugar en los que operen los GDO podrán ser allanados sin tener una orden judicial.
Para Otto Vera, esto no es nuevo pues se intentó incluir en un proyecto anterior. «Cuando alguien es allanado, primero debe haber una investigación sobre todo porque en un acápite del texto dice que el Consejo de Seguridad, que plantea que sea manejado por el Ejecutivo, tendrá la potestad de poder apresar y luego deberá demostrar si es inocente o no».
Vera recordó que para ello existe la separación de funciones (Ejecutiva, Judicial). «Me parece que, con este acápite, la función Ejecutiva estaría acaparando parte de las competencias que debe tener la función Judicial (…) habría que ver si este tema es constitucional o no; lo vamos a analizar y si hay aspectos en lo que no estamos de acuerdo, lo diremos al país».
Sin embargo, en el texto del proyecto enviado por el presidente Daniel Noboa, estos allanamientos estarán sujetos al control posterior de un juez especializado en conflicto armado interno. Para ello, se deberá remitir un informe por parte de los encargados de la intervención en un plazo de 24 horas con el objetivo de para verificar la legalidad de lo actuado.
Este proyecto debe seguir analizándose con «puntos y comas y con pinzas algunas cosas que creemos que incluso atentan contra el derecho», dijo Otto Vera.
