Una mujer hondureña, madre de tres ciudadanas estadounidenses, recibió una multa superior a 1,8 millones de dólares por no presentarse a una audiencia migratoria hace casi 20 años. Su caso revive el uso de sanciones millonarias contra migrantes indocumentados.
Una inmigrante hondureña de 41 años, residente en Florida desde hace más de tres décadas, enfrenta una multa de más de 1,8 millones de dólares por no haber acatado una orden de deportación emitida en 2005. El caso fue reportado por CBS News, que accedió al aviso enviado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Según el documento, el ICE le impone una sanción de 500 dólares por cada día que ha permanecido en el país desde abril de 2005, año en el que fue emitida la orden de deportación tras no haberse presentado a una audiencia judicial sobre su situación migratoria.
La inmigrante, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad, es madre de tres hijas con ciudadanía estadounidense. Su abogada, Michelle Sánchez, explicó que fue al presentar una moción en 2024 para reabrir el caso cuando la mujer volvió a quedar bajo la lupa de las autoridades migratorias.
Sánchez afirma que su clienta ya cumplía con los requisitos para solicitar la residencia legal en EE.UU., al llevar más de 10 años viviendo en el país y no tener antecedentes penales. Sin embargo, la respuesta del ICE fue una sanción multimillonaria.
Una medida respaldada por una ley de 1952
La abogada indicó que la sanción se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que obliga a los inmigrantes irregulares a registrarse ante el gobierno estadounidense. Esta normativa ha sido utilizada antes, especialmente durante la administración de Donald Trump, cuando se reactivó el cobro de multas civiles a quienes permanecían en EE.UU. pese a órdenes de deportación.
En 2019, por ejemplo, la mexicana Edith Espinal fue multada con 497.777 dólares por haber desobedecido una orden de deportación en 2017, aunque esa sanción fue anulada posteriormente.
En abril de este año, se reveló que la administración Trump planeaba imponer multas de hasta 988 dólares diarios y confiscar bienes de inmigrantes que no cumplieran con las órdenes de deportación.
Una sanción difícil de impugnar
Según la notificación oficial, la mujer hondureña puede impugnar la multa presentándose en persona en una oficina del ICE. Pero su defensa teme que esto la exponga a una deportación inmediata. “Sería meterse en la boca del lobo”, dijo Sánchez a CBS News.
La abogada sostiene que su clienta nunca fue advertida de las consecuencias que enfrentaría si permanecía en EE.UU. y que buscará anular la multa bajo ese argumento. También advirtió que otros de sus clientes ya han empezado a recibir notificaciones similares, aunque ninguno con montos tan altos.
“Están aterrorizándolos sin siquiera ir a aprehenderlos y con cantidades exorbitantes de dinero que no podrían ganar en toda su vida”, sentenció la abogada.
Este caso, que ahora pone en debate el uso de multas millonarias como medida de presión migratoria, se desarrolla en medio de una creciente tensión política en torno a la inmigración irregular en Estados Unidos.
