El Pleno de la Asamblea Nacional deberá conocer y resolver sobre la recomendación de archivo planteada por la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por Paola Cabezas, Revolución Ciudadana (RC).
En medio de la efervescencia político-electoral, en el marco de las elecciones del 13 de abril de 2025, el correísmo en la Asamblea Nacional recomendó archivar un proyecto sobre libertad religiosa.
Por unanimidad, la Comisión de Garantías Constitucionales, presida por Paola Cabezas, Revolución Ciudadana (RC) recomendó, el 1 de abril de 2025, al Pleno del Parlamento, el archivo del proyecto de Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa, ingresado en mayo de 2023 y del que se avocó conocimiento el 28 de marzo de 2025.
La iniciativa fue presentada por la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa del Ecuador (Conalir), y patrocinada por la legisladora Esther Cuesta (Revolución Ciudadana).
La moción de recomendar el archivo al Pleno del Parlamento fue planteada por José Maldonado, de la misma bancada correísta, argumentado que contradice el artículo 135 de la Constitución que señala:
“Solo el Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división política administrativa del país”.
Las bancadas de ADN y Construye alertaron de las irregularidades del proyecto de Ley de Libertad e Igualdad Religiosa
En los últimos días, bancadas legislativas como la oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y Construye ya habían alertado que el proyecto de ley tenía “errores” porque preveía, primero, un enfoque de género que podría causar una afectación a las iglesias católica y evangélica y, además, buscaba crear una base de datos de múltiples iglesias y grupos religiosos regidos por un ente técnico, lo que iba a generar una carga de contratación pública y económica para el Estado.
“La Asamblea no puede comprometer recursos del patrimonio del Estado sin bases ni sustento legal, legalmente no es viable”, dijo Paúl Buestán (Construye).
Adrián Castro (ADN), añadió, que, si con esta ley, un sacerdote se negaba a realizar una ceremonia de matrimonio igualitario, la Iglesia y el padre podrían ser acusados y demandados del delito de odio y discriminación.
Aclaró que la oposición al proyecto no implicaba generar controversias en materia de género. “Cuando el enfoque de género está destinado para derechos progresivos y generar políticas públicas está bien, pero no para la Iglesia”, apuntó.
Según Castro, la ley también se intentaba aprobar en la Comisión de Garantías, en un momento coyuntural cuando el sacerdote Marcelo López, de la ciudad de Cuenca, en su homilía “dijo la verdad” sobre los escándalos del caso Ligados, que involucra a exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), cercanos a la ideología correísta.
“Inmediatamente después de la afirmación del sacerdote, se empieza a querer debatir esta ley que fue ingresada en 2023 (en la administración del expresidente, Virgilio Saquicela) como una franca afrenta a lo que dijo el padre López”, expresó Castro.
Con la normativa también se buscaba que la Fiscalía y la Contraloría General del Estado (CGE), fiscalicen las acciones de la Iglesia.
“Desde mi punto de vista eso no tenía asidero, y en buena hora que el proyecto llegó a la Comisión que tiene un representante de ADN, porque si caía en otra comisión, no se sabe qué iba a pasar, pero menos mal que no pasa de eso”, señaló Adrián Castro.
Cree que el mensaje con la ley, en caso de que se hubiese llegado a aprobar, era “que se queden callados”.
Para Castro, la “intentona” de meter la mano de la política en la Iglesia católica y cristiana, incorporando temas ideólogos en lo religioso no se debe permitir, ni contaminarlo, y peor en época electoral. (SC)
‘No había una justificación de uso de recursos económicos’
Paul Buestán agregó que el proyecto de ley, de acuerdo con un análisis técnico-normativo, no podía ir en contra de la Constitución, ni del Código Orgánico de Finanzas Públicas que dice que cuando existen compromisos de recursos del Estado, no pueden darse sin que exista de por medio una partida presupuestaria, y en el proyecto ley se incluían varios compromisos, como exoneraciones tributarias para varios grupos religiosos. En el proyecto no había una justificación de recursos económicos, remarcó.
Eso es comprometer recursos del Estado, algo que está sancionado en el Código Orgánico Monetario con severas sanciones a los administradores públicos que den paso a ese tipo de proyectos, que obligatoriamente requieren estudios previos.
El legislador de Construye pidió a la Revolución Ciudadana ser coherentes en lo que se propone en la Asamblea, incluso, anticipó que en la Comisión de Educación se estaría empezando a debatir la creación de una universidad sin contar con presupuestos, ni con bases técnicas. Recordó que los proyectos de iniciativa para universidades provienen del Ejecutivo.
“Son comisiones presididas por los correístas que políticamente creen que en este momento les podrían servir electoralmente en campaña; eso les hace daño a todos los ecuatorianos porque, sobre todo, se está perdiendo el tiempo”, subrayó.
